Por Rogelio Hernández López*
Lunes 31 de julio de 2017
El mero día que el Congreso de Nayarit aprobó por unanimidad la ley de protección para defensores y periodistas, decenas de colegas manifestaron más que contento en las redes sociales y un grupo grande hasta se trepó al podio camaral para tomarse la foto y obtener un recuerdo de lo que repetían: “un día histórico para el periodismo nayarita”. Sí, pero...
Lo esencial que explica, en parte, que las y los colegas saltaran de gusto por la nueva ley el 20 de julio, es que su aprobación representa, entre otras muchas cosas, la segunda piedra base del andamiaje institucional que necesitan (necesitamos) los periodistas para ejercer con seguridad. Porqué la ley, erige una instancia del Estado mexicano que no había en esa entidad, crea un instrumento permanente y con normas obligatorias de cumplir en favor del ejercicio del periodismo. O sea no se crea una comisión coyuntural creada por ocurrencia, ni sujeta al estado de ánimo de los servidores públicos.
Colegas de esa y otras entidades me solicitaron (quizá inmerecidamente) como reportero-veterano-promotor de la profesionalización del periodismo, opinara sobre esa la ley, sus significados, contenidos y alcances. Me negué al principio para no ser aguafiestas. Pero tengo que hacer públicas una inconformidad contra los políticos que intervinieron y una discordancia con algunos periodistas nayaritas.
Primer pero
Junto al valor enorme que representa que la ley haya sido aprobada --y probablemente promulgada en estos días-- es posible recriminar al gobernador, a la comisión de los derechos humanos de Nayarit y a muchos legisladores un terrible menosprecio que mostraron a los periodistas promotores. Estos, desde 2011 comenzaron a promover el reconocimiento a 9 derechos para ejercer el periodismo. Eso fue omitido en la ley a pesar de que había ya, al menos once entidades que los reconocen.
Desde 2011, la periodista y abogada Norma Cardoso inició un proceso de construcción de consensos, entre periodistas y políticos nayaritas para protección del ejercicio profesional. Promovió cursos, reuniones, se asesoró de organizaciones profesionales de periodistas como de libertad de expresión. Largo y sinuoso camino que pudo allanar muchas de las diferencias entonces existentes entre colegas, desde los indiferentes hasta los que quisieron creer que promover leyes sería como institucionalizar el chayo, las dadivas, que no son pocos.
No obstante el círculo de periodistas que querían una ley fue creciendo y acrisolando en un sentido las muchas diferencias. Y para diciembre de 2015 ya se habían creado sinergias de acciones comunes entre integrantes de al menos ocho organizaciones. Así los objetivos unitarios de ese frente informal era lograr una ley de protección para periodistas, como la que se aprobó en 2010 en Hidalgo, pero que también alcanzara a personas defensoras de los derechos humanos. En enero de 2017 el colectivo de periodistas entregó su proyecto como iniciativa ciudadana al gobernador, a la comisión estatal de derechos humanos y al congreso nayarita.
Entre los periodistas más activos entonces se encontraban otros once mujeres y hombres independientes, además de integrantes y algunos directivos de nueve agrupaciones: Asociación de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Nayarit (AMPCN); Asociación de Periodistas y Escritores de Bahía de Banderas (APEBBA); Asociación de Periodistas de Nayarit, AC (APENAC); Asociación de Periodistas por Nayarit (APENAY); Asociación de Profesionales de la Comunicación de Nayarit (APROCON); Comunicadores Unidos de Nayarit; (COMUNA); Frente de Comunicadores de Nayarit A.C. (FRECONAY) Mujeres en Medios de Comunicación A.C; Unión de Columnistas y Articulistas de Nayarit A.C.
Pero, poco a poco los derechos de la iniciativa original se fueron diluyendo y fueron omitidos en la ley aprobada el 20 de julio. El primero de estos es derechos es que la ley reconozca “al ejercicio del periodismo como una actividad de interés público que debe ser protegida y tutelada”.
Los otros ocho son: a la protección cautelar, la libertad para acopiar información; el secreto profesional; la cláusula de conciencia; la capacitación profesional continua; el acceso a los sitios físicos donde se esté generando información de interés público, el acceso a las fuentes y archivos de entidades públicas; derechos de autor (con la acotación de que en caso de duda se privilegiará el interés público).
En la ley aprobada únicamente se dejó lo relativo a la creación de un sistema de protección. De ahí la recriminación. Los políticos perdieron su oportunidad de sembrar un marco legal más completo y de fondo para la protección integral.
Segundo pero.
Sobre los contenidos de la ley, se aprobó un criterio de fomento como parte del fondo para protección. La esencia de protección cautelar se desfiguró porque de los 1,100 millones de pesos que tendrá el primer fondo de protección el 40 por ciento será para fomento, es decir 10 por ciento para financiar capacitación a periodistas y defensores (110 mil pesos) y el 30 por ciento para “prestamos” (330 mil pesos al año, probablemente).
Al respecto la ley dice en su artículo 41
“Los recursos del Fondo serán administrados y operados de acuerdo al reglamento que para tal efecto emita la Junta de Gobierno y se destinarán de acuerdo a los porcentajes siguientes:
“Diez por ciento para a los programas de capacitación a personas defensoras de derechos humanos y periodistas dirigidos a mejorar el ejercicio de sus actividades profesionales;
“Treinta por ciento para prestamos, para adquirir equipo, material e insumos, asi como para el desarrollo y profesionalización de elaboración de páginas de internet, acervo bibliográfico y cultural, de técnicas de información y comunicación, producción virtual y de acceso y desarrollo de tecnologías y los demás instrumentos o herramientas de trabajo que sean necesarios para que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas puedan acceder a ellos y ejercer sus actividades y labores con total libertad, y
“Sesenta por ciento, para atender y dar cumplimiento a los mecanismos de protección otorgados a los beneficiarios del Sistema Protector”.
El subrayado es mío, porque con esa tónica de “fomento” y en una ley especial, se inició un proceso degradatorio y divisionista de los periodistas de Guerrero desde la administración de Ruiz Massieu que creo un fondo de 3 millones de pesos para préstamos y “cesiones” a periodistas que comprobaran pertenecer a alguna organización. Cuando esto comenzó había registrados 14 organismos. Para diciembre de 2016 ya eran más de 44 las organizaciones, más que en ninguna parte del país que se pelean por repartir el fondo. Por eso, algunos periodistas decimos que ese tipo de “fomento” es institucionalización del chayo y, por tanto corruptor.
Esa es mi desavenencia con las y los colegas, la que seguramente me costará el retiro de varias amistades en Nayarit y otros lugares. Pero mi respuesta será la misma y no por motivos estrictamente éticos, sino porque la falta de derechos como periodistas, laborales nos han precarizado y provocado que muchos vean las dadivas como algo normal, aceptable y hasta exigible.
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(*) Reportero desde 1977. Especializado en investigación en Excélsior, El Universal, Milenio y otros. Dos veces Premio Nacional por el Club de Periodistas. Autor de los libros Zócalo Rojo, Zorrilla y Sólo para periodistas. Profesor invitado en varias universidades. En 2013 y 2015 el Colegio de Sinaloa le concedió la Cátedra de Periodismo y Comunicación “Pablo de Villavicencio”. Miembro fundador del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Segob (2010-2014). Director fundador de Casa de los Derechos de Periodistas, A.C. Consultor en temas de protección, leyes y políticas públicas sobre el periodismo en la asociación periodistastrespuntocero. Consejero editorial de la revista Zócalo y del Sistema Informativo Vía Libre. Su columna para periodistas, Miradas de Reportero, se publica en medios impresos y digitales de 14 entidades del país. Es autodidacta. Email: rogeliohl111@gmail.com
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