* Expresa su preocupación frente a la falta de voluntad política por parte de instancias gubernamentales competentes para reconocer, sancionar y prevenir las graves violaciones a derechos humanos contra personas migrantes sujetas a detención migratoria
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| Foto: Red TDT. |
Redacción | viernes 11 de agosto de 2017
Ecatepec, Méx., 11 de agosto.- El boletín informativo de la Red Todos los Derechos pata Todas y Todos (Red TDT) de este fin de semana, expone sus razones por las que el Instituto Nacional de Migración (INM) no puede hacer caso omiso a diversas recomendaciones emitidas por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), derivadas de una serie de violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes sujetas a detención migratoria, a su seguridad jurídica y libertad personal y de tránsito, a la no discriminación, a la protección de la salud y, sobre todo, a las violaciones que a pesar de no tener el estatus de “Recomendaciones por violaciones graves”, obedecen a tratos crueles, inhumanos o degradantes. A continuación, reproducimos su comunicado publicado el 10 agosto de 2017, aparecido hoy.
Pronunciamiento frente a graves violaciones de derechos humanos durante la detención migratoria en México
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) expresa su preocupación frente a la falta de voluntad política por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y otras instancias gubernamentales competentes, para reconocer, sancionar y prevenir las graves violaciones a derechos humanos contra personas migrantes sujetas a detención migratoria.
El informe elaborado por el Consejo Ciudadano del INM (CCINM) y dado a conocer públicamente el 02 de agosto de 2017, reafirma la existencia de una política restrictiva basada en la detención y deportación de personas migrantes, y la incapacidad del gobierno mexicano de proteger su vida, libertad y seguridad ante los altos índices de violencia en los países de la región y de otros continentes.
A pesar de que en su Boletín No. 18/17 en respuesta a dicho informe, el INM aseguró que “no ha recibido hasta el momento ninguna queja o recomendación por alguna violación grave a los derechos humanos de los extranjeros alojados, como tortura o aislamiento”, es imperativo recordar a esta institución que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió un informe en Septiembre 2016 que contenía una serie de recomendaciones al INM, debido a la detección de la persistencia de prácticas de tortura y maltrato a personas migrantes privadas de su libertad.
Así mismo, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) ya había denunciado tortura y maltrato en Estaciones Migratorias en su informe de 2015, reconociendo que parte de las víctimas de estos actos son migrantes en situación irregular, tratándose de personas que tienen menos posibilidades de denunciar y pedir una reparación.
El INM no puede hacer caso omiso a diversas recomendaciones emitidas por la misma CNDH, derivadas de una serie de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad personal y de tránsito, a la no discriminación, a la protección de la salud; y sobre todo, violaciones que a pesar de no tener el estatus de “Recomendaciones por violaciones graves”, obedecen a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tal es el caso de la Recomendación 22/2016, misma que valida la existencia de actos de tortura al interior de estaciones migratorias, en este ocasión, contra una persona indígena de origen tzeltal de nacionalidad mexicana, quien en Septiembre de 2015 fue “agredido físicamente dentro de las instalaciones de la estación migratoria donde se [encontraba], ya que recibió choques eléctricos”, como parte de la presión del mismo personal del INM para obligarle a declarar que era Guatemalteco y así proceder a su pronta deportación.
El no reconocer este tipo de acciones como graves, solamente incremente el clima de impunidad que se vive en el país, y obstaculiza el acceso a la justicia a quienes son víctimas de este tipo de delitos perpetrados por oficiales de gobierno, dando un claro mensaje de la ausencia de un estado de derecho en México; como bien lo señaló el relator especial de la ONU sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su visita a México en 2014 al enfatizar que la tortura es un fenómeno “generalizado” en el país, así como la persistencia de la impunidad casi absoluta de la cual gozan los perpetradores de estos actos.
Cabe resaltar que, anteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe Situación de los derechos humanos en México de 2015 (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15), denunció “la situación de graves y múltiples violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas las personas migrantes”, señalando en múltiples ocasiones la participación activa de miembros del Instituto Nacional de Migración. Este tipo de acciones indican la necesidad de exigir que el actuar de agentes de migración se lleve a cabo con pleno apego a los mayores estándares de derechos humanos, así como la sanción y no repetición de hechos violatorios de los derechos humanos de las personas migrantes.
En conclusión, los hallazgos proporcionados a través del informe emitido por el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración reafirma lo que desde la sociedad civil se ha denunciado anteriormente en torno a las violaciones a derechos humanos que viven las personas migrantes durante la detención migratoria,[1] así como la opacidad en el actuar del INM durante los operativos migratorios y al interior de los centros de detención de migrantes.
El informe señala violaciones por las cuales vale la pena recordar al INM, ya ha recibido recomendaciones por parte de la CNDH, como lo es la Recomendación 68/2016 debido al hacinamiento de personas en la Estación Migratoria de Iztapalapa, la Recomendación 58/2015 por la detención arbitraria de personas de nacionalidad mexicana durante operativos migratorios ejecutados por el INM, y la Recomendación 27/2015 por la detención de menores no acompañados y violentar el derecho al acceso a la salud y seguridad jurídica. Debido a esto, el Instituto Nacional de Migración, debería de asegurar la no repetición de los hechos que se demuestran en tal informe.
El hecho de no tener quejas o recomendaciones por alguna violación grave a los derechos humanos, no exime a ninguna instancia gubernamental de la responsabilidad por actos violatorios graves realizados. En especial, cuando informes como el del Consejo Ciudadano acreditan situaciones por las cuales las personas migrantes no están en condiciones o son intimidadas o disuadidas para no denunciar. Por lo tanto, el Estado mexicano debe de actuar para asegurar el acceso a la justicia actuando conforme a derecho.
Desde la Red TDT no sólo condenamos todo tipo de violaciones en centros de detención migratoria, exigiendo la no repetición y sanción por los daños, así como una mayor supervisión por parte de actores sociales a este tipo de instalaciones. También, nos pronunciamos ampliamente en contra de la detención migratoria y de todas las demás medidas coercitivas de deportación y retorno forzado de migrantes desde México.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(Conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana).
[1] Ver informe Derechos Cautivos. La situación de las personas migrantes y sujetas a protección internacional en los centros de detención migratoria: siete experiencias de monitoreo desde la sociedad civil. 2015. Por Frontera con Justicia A.C. (Casa del Migrante de Saltillo), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (FM4 Paso Libre), Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S. J. de la Universidad Iberoamericana Puebla, Sin Fronteras I.A.P http://sinfronteras.org.mx/docs/inf/inf-derechos-cautivos.pdf
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