* De existir alguna responsabilidad se tiene que sancionar a los involucrados, trátese de quién se trate, señaló el secretario electoral del CEN del PRD, Octavio Martínez Vargas
Octavio Martínez solicitó a la Procuraduría General de Justicia que participe en las investigaciones y que no se proteja a ningún personaje “por muy figura pública que esta sea”. Foto: Mary Santiago. |
Mary Santiago | viernes 11 de agosto de 2017
Ciudad de México, 11 de agosto.- Después de que el gobierno de Estados Unidos acusó al futbolista Rafael Márquez Álvarez y al cantante Julión Álvarez de ser prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández, operador de redes de lavado de dinero, el secretario electoral nacional del PRD, Octavio Martínez Vargas, exigió a la PGR y a la PGJ coadyuven con el gobierno estadunidense para que se esclarezca el caso y de existir alguna evidencia que acredite su responsabilidad se les sancione con apego a la legalidad.
Martínez Vargas demandó a la Procuraduría General de la Republica colaborar con la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en ingles), para investigar la red de vínculos con el crimen organizado y de encontrar algunas otras personalidades más involucradas en este ilícito se les sancione como lo establece la ley “trátese de quién se trate, sin desviar ni quebrantar el Derecho”.
Resaltó que la OFAC notificó la acusación contra 22 personas más, entre los que destaca el nombre de Carlos Lomelí Bolaños, diputado federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por ser uno de los socios del futbolista Rafael Márquez, además de que el gobierno de EU lo tiene fichado desde 2008 como presunto operador de la organización Amezcua Contreras en una red para la producción y distribución de metanfetaminas.
De igual manera, el secretario electoral requirió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que participe en las investigaciones y que no se proteja a ningún personaje “por muy figura pública que esta sea”.
Por ultimo expresó que de encontrar responsabilidad en otros funcionarios públicos que probablemente les hayan brindado protección, y si se demuestra su culpabilidad, se les sancione también con apego a la legalidad.
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