Martes 5 de septiembre de 2017
En los próximos días, Alfredo Tercero asumirá el trono de Toluca para seguir malgobernando el Estado de México. El primo de Enrique Peña Nieto se dedicará en cuerpo y alma a saquear todos los recursos de la entidad con el fin de canalizarlos hacia la elección presidencial de 2018. Si bien fue importante para el régimen mantener el poder sobre la entidad más poblada de la República, la próxima elección presidencial será literalmente una cuestión de vida o muerte para el partido de estado, el PRI, y sus aliados pactistas del PAN y el PRD.
¿Qué hemos aprendido de la experiencia con el fraude en el Estado de México? ¿Cómo evitar que las elecciones federales de 2018 tengan el mismo desenlace que las locales de 2017?
La lección más importante es que las instituciones electorales son nuestros peores adversarios. No solamente se hacen de la vista gorda frente al fraude sino que promueven activamente la impunidad y el atropello de la ley.
Hay que desconfiar del árbitro. Es necesario acabar con cualquier resquicio de ingenuidad institucionalista para asumir directamente, como ciudadanos, la responsabilidad de garantizar el ejercicio de la soberanía popular el próximo año.
Para muestra, un botón. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha rechazado la solicitud ciudadana de #NiUnFraudeMás (http://niunfraudemas.org/) de revisar todas las boletas electorales utilizadas en la pasada elección para gobernador del Estado de México, con el fin de verificar el conteo oficial, con el argumento que la transparencia generaría “un riesgo o amenaza a la seguridad nacional”. De acuerdo con el Comité de Transparencia del IEEM (resolución 00245/IEEM/IP/2017), la opacidad es necesaria para “evitar especulaciones [que] pondrían en riesgo el Estado Constitucional y de derecho y se amenazaría la gobernabilidad democrática”.
Más claro ni el agua. Para las autoridades electorales, la principal amenaza para la gobernabilidad, el Estado de derecho y la seguridad nacional no es el fraude, sino la información y la conciencia ciudadanas. El IEEM concibe a sí mismo como una iglesia dueña de la única verdad y visualiza a los ciudadanos como un rebaño que en lugar de “especular” deben limitarse a obedecer, callarse y aceptar la dura realidad de la normalización de la imposición autoritaria.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha respondido con el mismo desdén despótico al rechazar el amplio recurso ciudadano, de más de 150 fojas, presentado por #NiUnFraudeMás a favor de la nulidad de la elección para gobernador del Estado de México. En su sentencia (SUP-JE-48/2017), los magistrados de la Sala Superior niegan que los ciudadanos tendríamos el derecho a contar con gobiernos electos democráticamente en elecciones libres, limpias y auténticas.
De un plumazo, abdicando su plena jurisdicción y sin argumentación alguna, desechan los artículos 39 (referente a la soberanía popular), 40 (sobre la república representativa y democrática) y 41 (sobre la celebración de elecciones libres y auténticas) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Escondiéndose en una lectura literalista y burocrática de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el máximo tribunal de justicia electoral ha resuelto que los únicos con “interés jurídico” en contar con autoridades legítimas electas democráticamente serían los candidatos y los partidos.
En otras palabras, de acuerdo con las instituciones electorales, los ciudadanos no somos más que un estorbo para la democracia.
La triste realidad es que hemos regresado tres décadas en materia de justicia electoral. Nos encontramos hoy en exactamente la misma situación que en 1988, antes de la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), en que la única forma para hacer valer la soberanía popular es por medio de la acción directa en las calles y las urnas.
Ya no tiene sentido alguno exigir a las autoridades que “cumplan con su mandato constitucional” o que “se abran a la ciudadanía”. Tampoco podemos esperar pasivamente que el único partido ciudadano y de oposición, Morena, haga todo el trabajo por nosotros.
La responsabilidad se encuentra en nuestras manos. Todos y cada uno de los ciudadanos del país tenemos la obligación de organizarnos desde ahora para ir formando enormes cinturones de paz, de vigilancia y de legalidad con suficiente fuerza para garantizar el ejercicio de la soberanía popular en 2018.
¿Seremos capaces de hacer nuestra parte o nos quedaremos en las gradas observando como desaparecen a México del mapa?
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso, No. 2131 (3 de septiembre, 2017).
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