* “Ataques contra personas y colectivos que defienden los DH constituyen una práctica generalizada en el país, lo que refleja la falta de voluntad del Estado para proteger a las personas defensoras”
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| El grave y constante incremento en los casos que documenta el informe resultan alarmantes y contradicen los avances formales en el reconocimiento de Derechos Humanos, afirmó hoy el colectivo. Foto de Red TDT. |
Por Redacción | martes 5 de septiembre de 2017
Ecatepec, Méx., 5 de septiembre.- En los cinco años que van del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha habido 106 ejecuciones extrajudiciales y 81 desapariciones de personas defensoras del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2017, tanto por agentes estatales como por particulares, de acuerdo con el informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT).
En el reporte titulado "La esperanza no se agota: Situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto", se desglosan los datos recopilados por la Red entre diciembre de 2012 y noviembre de 2016, al tiempo que hacen una llamado al Estado mexicano a responder formalmente ante la grave situación que revela el informe dado a conocer el día de hoy por la Red TDT. A continuación, se reproduce el comunicado publicado en el boletín del colectivo.
Comunicado
Ciudad de México, 5 de septiembre de 2017.- La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) que aglutina a 84 organizaciones de 23 estados del país, presentó la mañana de hoy su informe “La esperanza no se agota” en el que documenta la situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), atestiguó un conversatorio en el que personas defensoras de derechos humanos contextualizaron los datos del informe con su experiencia en el campo.
El informe de la Red TDT documenta de manera extensa la situación de las personas defensoras del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2016. Particularmente grave resulta la documentación específica de 106 ejecuciones extrajudiciales y 81 desapariciones de personas defensoras del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2017. De los datos presentados se desprende con mucha claridad un grave y constante incremento en los casos y eventos como se puede ver en la gráfica.
Durante los primeros cuatro años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la Red TDT registró 862 eventos contra personas y colectivos que han sido objeto de Violaciones a los Derechos Humanos (VDH) y delitos por su labor de defensa, en 30 entidades federativas. Considerando que, además de las situaciones registradas por la Red TDT, existen otros no registradas en este informe, –como los documentados por las organizaciones firmantes del mismo– podemos afirmar que los actos contra las personas y colectivos que defienden los derechos humanos por su labor, constituyen una práctica generalizada en el país lo que refleja la inacción o falta de voluntad del Estado para proteger a las personas defensoras y el incremento del riesgo para éstas.
Pero la situación en realidad resulta aún más grave, pues más allá de la omisión estatal, está documentado un importante número de casos en donde los perpetradores son de origen estatal e involucran a los tres niveles de gobierno. Los gobiernos estatales son los que más alta frecuencia tienen en las VDH de personas y colectivos, representando el 39% (273) de los eventos. El gobierno federal como perpetrador representa el 32% (220) de los eventos registrados. Por su parte los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20% (141).
El gran número de agresiones, violaciones a derechos humanos y delitos cometidos en contra de las personas defensoras de derechos humanos, tiene un irreparable costo personal para ellas y para toda la sociedad en general. Estas cifras resultan alarmantes durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto y contradicen los avances formales en el reconocimiento de derechos humanos.
Quienes firmamos el presente comunicado consideramos que el informe de la Red TDT, el trabajo de otras organizaciones de la sociedad civil incluyendo las organizaciones firmantes y de relatores internacionales como Michel Forst de la ONU demuestran que la situación de las personas defensoras de derechos humanos constituye una de las principales crisis de derechos humanos en México.
Las organizaciones firmantes recordamos que el Ejecutivo Federal tiene la principal responsabilidad en el establecimiento de garantías para la defensa de derechos humanos en el país, incluyendo reformas estructurales que hagan frente a las situaciones que generan riesgo para las personas defensoras de derechos humanos. En un contexto en el que el derecho a defender derechos humanos se encuentra en peligro, y con ello, el derecho de la sociedad a la garantía de vivir una vida digna, llamamos al Estado mexicano a responder formalmente a las inquietudes que genera el presente informe, pero sobre todo a tomar acciones decididas que protejan efectivamente a las personas defensoras.
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