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* Durante su sexenio el presupuesto creció 40%; 11% deuda pública; 30% gasto de nómina y gasto corriente 52%, advirtió el legislador Javier Salinas al votar en contra del Informe de CPE 2016
* Aprobación de documento en tiempo récord revela preocupación y prisa “para legitimar su manejo financiero que se caracterizó por el dispendio y el manejo irresponsable del presupuesto estatal”

El legislador Javier Salinas dijo que apenas el 28 de septiembre el Órgano Superior de Fiscalización rindió el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, lo que revela la prisa por validar el manejo de los recursos públicos. “Así deben andar de preocupados”, advirtió. Fotos: PRD.

Mary Santiago | jueves 19 de octubre de 2017

                                     
Toluca, Méx., 19 de octubre.- El diputado perredista Javier Salinas acusó que la aprobación, en tiempo récord, del informe de la Cuenta Pública Estatal 2016, tuvo como propósito legitimar “el gasto del gobierno de Eruviel Ávila que se caracterizó por el dispendio y el manejo irresponsable del presupuesto estatal”.

Desde la tribuna parlamentaria, el legislador recordó que apenas el pasado 28 de septiembre el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) rindió el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, lo que revela la prisa por validar el manejo de los recursos públicos; “así deben andar de preocupados”, advirtió.

La aprobación del documento, enfatizó, se realizó sin una evaluación a fondo del informe del auditor superior, sin que hayan concluido los procesos para aclaraciones a los pliegos de observaciones formulados por el ente fiscalizador y, mucho menos, de los procedimientos de responsabilidades iniciados.

Lo anterior, destacó, a pesar de que los artículos 54 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México otorgan a los servidores públicos de la entidad fiscalizada o a quienes hayan dejado de serlo, un plazo de treinta días hábiles para solventar o reparar y manifestar lo que a su interés convenga.

El especialista en finanzas públicas lamentó que para escapar al control de la Legislatura, ese año se subestimaron dolosamente ingresos estatales por más de 54 mil millones de pesos: se aprobó una recaudación por poco más de 221 mil millones, pero se recibieron 275 mil 714 millones 992 mil pesos (24.6 por ciento por encima de lo estimado).

El especialista en finanzas públicas lamentó que para escapar al control de la Legislatura, ese año se subestimaron dolosamente ingresos estatales por más de 54 mil millones de pesos; aquí, la sesión de ayer en que se aprobó fast track en informe.

“Se sanciona favorablemente la Cuenta Pública a pesar de que tan sólo en el año 2016, la deuda pública estatal creció en un 3 por ciento. De hecho, durante la administración de Eruviel Ávila la deuda pública estatal del sector central pasó de 32 mil 726 millones (2012) a 36 mil 179 millones de pesos, 11% más, sin incluir la de los organismos auxiliares”, expuso.

Dejó en claro que su voto en contra del documento elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) también responde al hecho de que “se pretende dar un espaldarazo a Eruviel Ávila, a pesar de que durante su administración el gasto público creció 40%”, si bien el grueso de recurso se destinó a gasto corriente y servicios personales.

“En dicho sexenio, el crecimiento del gasto público pasó de 194 mil millones de pesos en 2012 a 272 mil millones de pesos en 2016, lo que representa un incremento de 40 por ciento. En el mismo período, los gastos en servicios personales, o sea la nómina de burócratas, pasó de 80 mil a 104 mil millones de pesos, un incremento de 30 por ciento. El gasto corriente, destinado a la compra de bienes y servicios, pasó de 71 mil 700 millones a 109 mil millones de pesos, un incremento de más de 52 por ciento”, lamentó.

En 2016, agregó, 38.4 por ciento del presupuesto se fue en pagar salarios; 40.1 por ciento en gasto corriente; apenas 15.6 por ciento en obra pública; y 5.9 por ciento en el pago de la deuda.



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