* Hay desinterés de los trabajadores mexicanos por saber cómo se maneja
el dinero que formará su pensión; "lo que aquí ocurre es un robo. Si
revisamos casos aislados de los trabajadores podemos ver que les están quitando
más de un millón de pesos por pensionado": Humberto Luna, abogado de
trabajadores; el camino estaría en obligar a las CIEFORES responsables de
administrar las inversiones de las Afores para que por ley lo hagan en
instrumentos como las FIBRA's y CECADES en lugar de invertir en papeles de
renta variable en la BMV, destaca el investigador del CESOP, Giovanni Jiménez
Bustos
Humberto Luna, abogado, defensor de trabajadores pensionados del STUNAM. Fotos: Agencia DIFUNET/ Cámara de Diputados. |
Por Tere López Zamudio | lunes 2 de octubre de 2017
Ciudad de México, 2 de octubre.- La opacidad con la fue armado el manejo de las Afores desde el Congreso de la Unión tiene al sistema de pensiones a punto de la quiebra y a la economía mexicana sobre una bomba de tiempo, advierten investigadores al comprobar que en el Presupuesto de Egresos enviado por la Federación para 2018 se sigue apostando en utilizar los recursos de las jubilaciones como “caja chica” con el riesgo de dejar a millones de trabajadores con las manos vacías.
Tal como ha ocurrido con el modelo de pensión chileno, el sistema mexicano de pensiones y jubilaciones está a punto de colapsar porque el gobierno utiliza los fondos de los trabajadores en el gasto corriente y no para inversión que dejé dividendos, explica el abogado y representante de la Organización de Jubilados y Pensionados de la Universidad Nacional Autónoma de México (OJUPE), Humberto Luna y advierte que nadie sabe dónde están los rendimientos y recursos que deberían integrar el fondo de pensiones, cuyo monto se estima en alrededor de 10 billones de pesos.
Y es que, en virtud de una población en envejecimiento a pasos agigantados, de un número cada vez menor de trabajadores formales, aunado a la falta de ahorro voluntario y a los pocos mecanismos para cubrir los gastos del gobierno, el sistema de pensiones se ha convertido en la principal herramienta para operar financieramente y generar liquidez para el gobierno de la República, recursos que maneja con una enorme opacidad y sin rendir cuentas sobre la utilización de dichos recursos.
El proyecto de Egresos para 2018 enviado por el Ejecutivo contempla 700 mil millones de pesos sólo para el pago de pensiones; la cifra es enorme y equivale al 10 por ciento del presupuesto programable, mayor que el presupuesto otorgado a las secretarías de Educación, Desarrollo Social y Salud, en conjunto.
Esos 700 mil millones de pesos se irán a las 59 millones de cuentas concentradas en las 11 Afores existentes en el país, pertenecientes a los 39 millones de trabajadores afiliados a algún sistema de seguridad social y cuyo fondo total resulta en la cifra citada cercana a los 10 billones de pesos.
"Por el momento nadie tiene claridad de dónde están esos 10 billones de pesos. Si esos recursos se fueran a inversión productiva aún existirían, sin embargo, este dinero se ha utilizado para cubrir los consumos gubernamentales", afirma Humberto Luna, al explicar que en los años recientes el principal usuario y consumidor del dinero de los trabajadores y manejado por las Afores, ha sido el propio gobierno de la República, al usar tales fondos para cubrir su gasto corriente (consumido en pago de sueldos y salarios y compra de insumos, etc., gasto que no produce ni interés ni utilidades) y tal uso indebido impide que ese dinero se mantenga, se eleve como resultado de inversión, sino que vaya mermando a pasos alarmantes.
“Es como si una familia pidiera un préstamo y en lugar de utilizarlo para crear un negocio y generar más recursos, se utilizar para comprar alimento o en unas vacaciones; ese dinero no tendría modo de recuperarse. Así, el dinero ahorrado por los trabajadores está siendo utilizado para cubrir los gastos que tiene el gobierno en sus distintos niveles, pero sin un retorno de inversión”, explica.
"Cuando se denunció ‘La estafa maestra’, el informativo Animal Político descubrió un fraude por 7 mil millones de pesos. Ahora imaginen que anualmente accedas a 700 mil millones de pesos para la seguridad social. No existen datos, ni fuentes de información de cuánto de ese dinero verdaderamente se entrega a los trabajadores, ni a quien se entrega, ni cómo ni cuándo. No sabemos a dónde se va ese recurso", precisa Giovanni Jiménez Bustos, investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.
Giovanni Jiménez Bustos, economista, doctor en Desarrollo y Finanzas y miembro del equió de investigadores del del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados. |
Y señala que sólo hay información disponible sobre los
montos entregados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), y se desconoce totalmente cómo maneja esos
fondos el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución que
concentra el 90% de las pensiones de los trabajadores formales del país.
En este sentido, el jurista Humberto Luna enfatiza respecto
a la administración de los fondos de retiro como un esquema de despojo para los
trabajadores, en el que empresarios y gobierno son cómplices. Abunda en ese
sistema ganar-ganar del gobierno, pues emplea el dinero de los trabajadores
para su gasto corriente y los empresarios de esa manera incrementan ganancias a
través de las Afores.
"Como el gobierno ya no dispone de los fondos de Pemex
para cubrir sus gasto corriente, aprovecha el dinero que proviene de las pensiones.
Este año, los fondos de retiro llegarán a 2.8 billones de pesos y ese monto se
está utilizando para cubrir los gastos del gobierno", acusó el abogado al
explicar que al menos el 70% de esos recursos se usa en el gobierno como deuda
interna.
Ahora bien, tras revisar el presupuesto de Egresos de 2018,
Giovanni Jiménez Bustos advierte señales de alerta en la petición de deuda para
este año, pues el gobierno omite la deuda externa y concentrará su
endeudamiento en deuda interna. En la iniciativa de egresos contempla una
petición de 495 mil millones de pesos, a partir de los recursos obtenidos de
los trabajadores formales a través de las Afores, con los que el Ejecutivo
solventará la petición de deuda gubernamental total.
"El gobierno le pide al Banco de México que coloque
CETES, las Afores compran esos CETES y entonces el gobierno destina ese
patrimonio para financiar gasto público", precisa el especialista en
sistema de pensiones y recuerda que, conforme a la Ley de Deuda Pública, el
gobierno sólo se puede endeudar para generar infraestructura pública, y de esa
tarea no hay evidencias, por lo que al parecer no la está realizando.
"Cuando uno piensa en infraestructura pública, se nos
viene a la mente lo del socavón de Cuernavaca y la avalancha de irregularidades
con las licitaciones en todas las dependencias gubernamentales, de lo más
corrupto que hay", afirma Jiménez Bustos, y coincide con Humberto Luna en
que uno de los principales elementos de ingreso para el gobierno federal en los
últimos años ha sido el sistema de pensiones para sustituir los ingresos
petroleros a la baja durante ya un largo lapso.
De ese modo, explica el representante de los jubilados, cada
vez será más frecuente que el gobierno retrase el pago de pensiones a los
trabajadores, que les dé largas o retarde los procesos burocráticos para
otorgar la pensión, y así llegará el momento de no disponer de recursos para
pagar a los trabajadores.
"Es un robo. Si revisamos casos aislados de los
trabajadores, podemos ver merman su pensión con más de un millón de pesos por
pensionado", expresa Humberto Luna, luego de señalar las absurdas
justificaciones que sobre las bondades de los sistemas de pensiones realizan
algunos investigadores, quienes prefieren quedarse en las cifras macro para no
entrar a los casos individuales de cada trabajador, casos en los se puede
observar a detalle dichas irregularidades.
Así pues, explica a través de la lógica de posesión por
despojo, las reformas estructurales de los últimos años han tenido como fin facilitar
la mercantilización de ámbitos donde antes no tenía cabida el mercado,
"como los gobernantes están impuestos por los dueños del capital, su
trabajo como gobierno se enfoca a beneficiar los intereses de las corporaciones
y no les importa la suerte de la gran mayoría de las personas que vivimos
aquí", afirmó el jurista de la UNAM.
Y resaltó que en el caso de las Afores, éstas pueden
invertir libremente los recursos de los trabajadores y ni siquiera la CONSAR
dispone de instrumentos de coerción para ir más allá de las multas, de tal modo
que, las distintas Afores tienen la oportunidad de incumplir la ley y
permanecer libres de culpa solamente pagando una multa generalmente mínima en
comparación de sus ganancias.
IGNORANCIA, EL MEJOR ALIADO DEL GOBIERNO
"Mientras los trabajadores de este país no tomen el
problema en sus manos, nada se va a resolver", anticipa Humberto Luna y
reconoce como mayor problema la ignorancia y desinterés de los trabajadores
quienes generalmente desconocen la situación de sus pensiones y sólo se ocupan
de ellas hasta el momento de solicitarla.
"Esto es una bomba de tiempo y se van a empezar a
preocupar cuando en el 2020 o antes, el gobierno les diga que no tiene dinero
para pagar sus pensiones", afirma el representante de los jubilados de la
UNAM, quien precisa además que para abastecer las pensiones de la generación de
transición (la que empezó a cotizar antes de 1997), el gobierno necesitará más
de 10 billones de pesos, dinero que no posee.
“Cuando sólo 1 de cada 10 trabajadores sabe en qué Afore se
encuentra su dinero, mientras el resto eligió su Afore por la persona que lo
invitó a ella, se hace palpable el desinterés de los trabajadores mexicanos por
saber cómo se maneja el dinero destinado a su futura pensión.
“De entrada hay una disparidad entre el número de cuentas y
de trabajadores: mientras las Afores reportan un total de 57.4 millones de
cuentas, el número de trabajadores afiliados es de 39 millones, es decir, 18.4
millones de cuentas son cuentas duplicadas y es que un mismo trabajador puede
tener cuentas en distintas Afores sin saberlo y las Afores aprovechan esta
circunstancia pues reciben comisión por cada cuenta”, detalla Humberto Luna.
Y agrega que son pocos los trabajadores que saben cómo están
manejando sus recursos las Afores, en qué están invirtiendo su dinero y qué
rendimiento van a recibir.
Lo grave, señala, es que ante la ley el único responsable de
cómo se maneja su dinero es el propio trabajador, de modo tal que si la Afore
en la que están inscritos decide jugar su capital en la Bolsa de Valores, en
instrumentos de alto riesgo o bonos basura y pierde, quien resentirá dicha
pérdida es el trabajador, la Afore no tendría responsabilidad alguna, ni hay
seguro que cubra ese desfalco al pensionado.
"La mayoría de los trabajadores no sabe cómo se están
manejando sus Afores. Una vez que el trabajador manda el dinero a esa Afore, le
delegas la oportunidad de que invierta tu dinero como mejor le parezca,
incluyendo bonos basura", explica a su vez Giovanni Jiménez, el
investigador del CESOP, mientras aclara que la información de las Afores es
pública y es responsabilidad del trabajador o de su líder sindical averiguar en
qué se está invirtiendo su dinero.
EL CAMINO, UNA REFORMA MAYOR AL SISTEMA DE PENSIONES
Ante el oscuro panorama delante del futuro cercano, la
posibilidad de modificar el sistema de pensiones no sólo parece necesario sino
urgente.
Según los investigadores, para el 2020, es decir, en 3 años,
llegará la primera generación de personas jubiladas bajo el nuevo sistema de
pensiones y según sus cálculos, la mayoría de esa generación no recibirá más de
1 salario mínimo como pensión. Así, los trabajadores afiliados con el nuevo
esquema de pensiones, incluso estando en la Afore de mejor rendimiento sólo
recibirán el 35% del último sueldo que percibieron.
"En 2020 tendremos el primer grupo de trabajadores a
pensionarse con el sistema de cuentas individuales y la mitad de ellos no reúne
los fondos suficientes para tener la pensión mínima garantizada con monto de
salario mínimo. Es una cadena perpetua", expresa Humberto Luna para luego
señalar que ante esa circunstancia el gobierno deberá liberar algunos recursos
para devolverlos a los adultos mayores de 65 años, como recientemente hicieron
con quienes no estaban trabajando y debían pensionarse y las Afores carecían de
recursos. Van a inyectar dinero
Si se toma como ejemplo la participación de la sociedad en
la atención del sismo del 19 de septiembre pasado, Humberto Luna previene que
sin la organización de la gente no habrá forma de corregir el sistema de
pensiones, pues desde su perspectiva está diseñado para profundizar las
diferencias económicas, en virtud de que los gobernantes son representantes y
socios de los dueños del capital y advierte que la estrategia de aplicar la
recientemente adaptada Unidad de Medida de Actualización (UMA) a las pensiones,
en sustitución del salario mínimo como medida de referencia, se reducirá aún
más el nivel de ingreso de los trabajadores jubilados.
Entonces tendremos una población de adultos mayores en
aumento —según las cifras del Consejo Nacional de Población para el 2020 habrá
en México más de 9 millones de adultos mayores de 65 años— y un alto porcentaje
de ellos estarán obligados a seguir trabajando porque el dinero que recibirán
como pensión no les permitirá estar por encima de la línea mínima de bienestar.
"Se requiere una reforma al Sistema de Pensiones, el
sistema actual va a tronar. Nadie le quiere entrar al toro por los cuernos; la
reforma en pensiones es una reforma técnica, pero hay muy pocos en todo el país
que entiendan claramente cómo funciona", afirma Giovanni Jiménez.
Y anticipa que los nuevos legisladores que arriben a las
Cámaras el próximo año deberán buscar asesoría y hacer caso a especialistas en
el tema como Carlos Noriega o Pedro Colmenares.
"Al hacer números, lo primero por hacer es ya no
calcular el valor del riesgo, sino la esperanza de quiebra. La teoría espera
que el trabajador decida de cuánto son las aportaciones que debe hacer para
retirarse con un salario aceptable cuando cumpla 65 años. El trabajador no lo
puede hacer y no le corresponde hacerlo", explica Giovanni Jiménez, y
anticipa que la reforma al sistema de pensiones tendría que ir de la mano con
una política social competitiva para garantizar mejores salarios y así
reactivar la economía interna.
"El dinero del sistema de pensiones tendría que irse a
proyectos generadores de mejores rendimientos económicos y no a la Bolsa
Mexicana de Valores", dice el también doctor en Desarrollo y Finanzas, y
señala como primer paso la inversión en dos tipos de instrumentos financieros:
los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAs) y los Certificados de
Capital de Desarrollo (CECADES).
Ambos instrumentos, consideró, aportarán ganancias mayores,
de haber alguna hoy, y certidumbre para los trabajadores, pues dichos
instrumentos de inversión disponen del respaldo de los inmuebles construidos
con esos fondos y por lo tanto de mayores posibilidades de recuperación de su
dinero.
Para el especialista, el camino estaría en obligar a las
SIEFORES responsables de administrar las inversiones de las Afores para que sea
exigible por ley invertir en estos instrumentos en lugar de hacerlos en papeles
de renta variable, destaca el investigador del CESOP.
Por su parte, Humberto Luna, señala como ruta a seguir, que
los trabajadores soliciten sus estados de cuenta, soliciten mejores servicios
de salud y exijan a las Afores una explicación clara sobre en qué están
invirtiendo sus recursos, cuáles son sus rendimientos. Los trabajadores deben
estar atentos a los movimientos de sus cuentas.
Aunque oficialmente todas las sociedades de inversión están
obligadas a informar al público inversionista cómo se utilizan sus ahorros, en
los hechos esto no ocurre y en la mayoría de los casos todas las Afores han
registrado pérdidas en sus inversiones. "Pensionissste es la única Afore
que no ha reportado pérdidas y que reinvierte las ganancias en el mismo ahorro
del trabajador", señala el abogado al describirlo como un caso de
excepción.
Finalmente, indica que los trabajadores tendrían oportunidad
de ampararse ante los malos manejos de las Afores o solicitar la rescisión del
contrato, cuando a través de los estados de cuenta, se logra demostrar que el
depositario no cumple con los preceptos de ley y se acredita que está
administrando mal los recursos o cuando haya indicios de fraude, entonces la
Afore está obligada a reembolsar el dinero de su asegurado y sería el Banco de
México el responsable de administrarlos y rendir cuentas al trabajador.
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NOTA: Todos los materiales de nuestro portal los pueden reproducir citando el medio:
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