* Cifras de Forbes advierten que la corrupción le cuesta a
México 347 mil millones de pesos anuales, el 9 por ciento del Producto Interno
Bruto; el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2015 refiere
que nuestro país ocupa el lugar 95 de 168 países
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| Jesús Padilla Zenteno, presidente de Coparmex CDMX. Foto: Agencia DIFUNET. |
Por Redacción |
martes 3 de octubre de 2017
Ciudad de México,
3 de octubre.- Frente a los inacabables actos de corrupción entre los
funcionarios del sistema político mexicano, COPARMEX CDMX propone como ya se ha
realizado en la República del Perú, la Ley de Muerte Civil (aquí la podríamos
llamar Muerte Política) para aquellos corruptos que hayan sido vinculados a
proceso y sentenciados.
De acuerdo con cifras de Forbes, la corrupción le cuesta a
México 347 mil millones de pesos anuales, lo que significa el 9 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) nacional y de acuerdo con el índice de Percepción
de la Corrupción (IPC) 2015, de Transparencia Internacional (IT), nuestro país
ocupa el lugar 95 de 168 países.
Eventos como los recientes sismos ocurridos el mes pasado
han puesto en tela de juicio la actuación de funcionarios públicos a nivel
nacional, quienes por acción u omisión, podrían tener responsabilidades en las
afectaciones de los movimientos telúricos.
Hoy se encuentran en proceso el Sistema Nacional
Anticorrupción y los sistemas locales a los que los grupos en el poder buscan
construir “a modo”, pero tampoco existe una ley que inhabilite de por vida a un
funcionario que cometa actos de corrupción, de manera que no pueda ni
postularse a cargos de elección popular para evitar que consiga tener fuero ni
pasar a otro encargo en la función pública.
México necesita una reacción social frente a quienes
aprovechan la laxitud de un sistema construido para los vivos que en base a
acciones ilegales logran poder, frente a la mayoría de los ciudadanos que
respetan las leyes y son presa de ellas.
En la actualidad, el corrupto afronta la vergüenza temporal
y hasta se ríe en público de sus captores y sus detractores porque sabe que la
pena no pasará del desprestigio público que remediará, posteriormente, con el
dinero obtenido de forma ilegal y un electorado “comprado” o el compadrazgo.
El pacto social que nos dio una forma de organizarnos en
comunidad fue para bien administrar nuestros recursos y potenciar cada una de
las fuerzas individuales con el fin de crecer colectivamente hacia un mejor
estado de cosas.
Hoy ese pacto social está roto y sólo unos cuántos, que
ejercen el poder, se benefician de los bienes colectivos y faltan al pacto
primigenio.
Por este motivo, COPARMEX CDMX solicita a los actuales
legisladores federales, de los estados y de la Ciudad de México a que asuman su
compromiso social y que en sus próximos periodos ordinarios le den cabida a una
ley que restrinja de todos sus derechos para ser votado y a participar en la
administración pública a todo aquel ciudadano que haya cometido actos de
corrupción y haya sido vinculado a proceso y sentenciado.
Y a la sociedad en general, se le convoca a impulsar una ley
de esta magnitud con el fin de regresar el estado de cosas a la vertiente
original del pacto social, con el fin de lograr una sociedad bien organizada,
mejor administrada y con el estado de satisfacción y bienestar que nos
merecemos.
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