* Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo
(ACED) estudia seis entidades; existe desconocimiento de las autoridades para
aplicarla, sostiene
Se reconocen avances y acciones, pero es deficiente la información y el compromiso. Gráfica: SemMéxico. |
Sara Lovera | viernes
17 de noviembre de 2017
SemMéxico, 13
noviembre 2017.- El mecanismo de aplicación para la Alerta de Violencia de
Género (AVG), vigente en 12 entidades del país, necesita una reforma que lo
haga más específico, sancione a las entidades que no cumplan, defina quiénes
son las autoridades que deben realizar las acciones en cada entidad, y fije
tiempos, o nada avanza, dijo a SemMéxico Laura Pedraza Álvarez de la
organización Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo (ACED AC).
La representante de ACED AC informó que esta organización
está trabajando en un monitoreo de la situación de la violencia feminicida en
las primeras 6 entidades del país con declaratoria de AVG.
De acuerdo a la organización, dado el carácter de emergencia
de la AVG, hay desconocimiento de las autoridades para aplicarla; no hay
recursos ni rendición de cuentas, se multiplican reuniones sin sentido y hay
graves pendientes, lo que impide efectividad en la AVG y ralentiza las acciones
que demanda la ley.
Hoy es urgente que la declaratoria de AVG sea obligatoria y
vinculante; que se rindan cuentas y se sancione con celeridad a culpables, o
bien, reciba sanciones por no cumplir los mandatos de la Alerta. Hasta ahora
depende solo de la voluntad de las autoridades en turno, agrega ACED.
El monitoreo que realiza esta organización, con apoyo del
Fondo de Violencia del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), arrojó, en
primera instancia, gran disparidad en la aplicación de las AVG.
Otras acciones urgentes son: indicadores de proceso, de
resultado y de impacto, que permitan ver los avances en cuanto a las acciones
realizadas, los resultados, y finalmente, si es que el problema está siendo
resuelto a través de estas acciones.
Encontraron que pese a que las autoridades reportan
acciones, se desconoce si son las adecuadas para abordar la problemática en
cada entidad.
Desde su perspectiva, no existen plazos claros para llevar a
cabo las medidas que den cumplimiento a las recomendaciones. La falta de
especificidad en cuanto a tiempos lleva a que incluso la elaboración del Plan
para establecer las medidas, tome más de 6 meses posteriores a la declaratoria
de AVG.
Organizaciones
demandantes sin reconocimiento
Según ACED, para exigir el cumplimiento de las AVG y hacer
efectiva la protección de los derechos de las mujeres, la movilización de la
sociedad civil es fundamental, pues a menudo las organizaciones demandantes no
tienen el reconocimiento suficiente.
Alertas de Violencia
De Género: Virtudes y retos
ACED, en su proyecto denominado: “Observatorio de violencia
de género en 6 entidades de la República con declaratoria de AVG: Estado de
México, Morelos, Michoacán, Veracruz, Nuevo León y Chiapas durante 2014 –
2016”, busca sistematizar información respecto a las Alertas declaradas en el
país, y algunos de los hallazgos realizados a partir del monitoreo de
información y del acercamiento con las organizaciones solicitantes, son
esclarecedores.
Explica que la AVG es un mecanismo creado por la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en 2007. Al
igual que las órdenes de protección, buscan la defensa de los derechos de las
mujeres. (Ver infografía al respecto en: https://goo.gl/4dXPMV y Panorama sobre
la Alerta de Violencia de Género en México en https://goo.gl/RNEbP5).
Concluyen que el mecanismo de AVG ha sido empleado por las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para hacer visible la violencia
feminicida en México. Las principales virtudes de las AVG incluyen: 1) Hacer
que las autoridades reconozcan una problemática no atendida e incluso a veces
negada y 2) Difundir en la sociedad la gravedad de una problemática
normalizada, que no genera la indignación necesaria.
La AVG pone en la mesa los pendientes de las autoridades en
materia de prevención y erradicación de la violencia feminicida, de ahí que sea
necesaria la voluntad política de esas autoridades, de modo que se puedan poner
en marcha acciones que contribuyan a afrontar la problemática.
Hoy es esta una de los principales obstáculos que enfrentan
las organizaciones solicitantes y el propio mecanismo.
La implementación de las medidas de la AVG puede llevarse a
cabo de múltiples formas, de acuerdo a distintos aspectos: los recursos con los
que cuenta cada entidad federativa, la voluntad política de los actores involucrados,
así como la aceptación o no de la participación de las organizaciones
solicitantes, quienes pueden aportar desde su experiencia en el trabajo directo
con las problemáticas.
Avances y no avances
En Nuevo León, Arthemisas por la Equidad, la organización
solicitante de la declaratoria de AVG, identifica acciones, voluntad política,
recursos y coordinación entre autoridades para realizar las acciones
contempladas en la Alerta. En el extremo opuesto, en Michoacán, Humanas sin
Violencia, como solicitante, no forma parte del Grupo que da seguimiento a la
AVG debido a que el reglamento actual que regula este mecanismo excluye a la
organización peticionaria.
En el caso de Chiapas, la organización solicitante Centro de
Derechos de la Mujer de Chiapas AC (CMDCH AC) es parte del Grupo que da
seguimiento. De igual forma, ha habido diálogo y recomendaciones para las
acciones que se proponen, las cuales han sido retomadas en algunos casos por
parte de las autoridades. Sin embargo, recientemente el CMDCH ha manifestado su
salida de las mesas de trabajo debido a la “coordinación carente de metodología
y conocimientos sobre género, derechos humanos, interculturalidad y
multiculturalidad, aunado al desconocimiento del contexto prevaleciente en el
estado”, de acuerdo con un comunicado de la organización del 10 de octubre.
El CMDCH manifiesta que las reuniones han representado
únicamente una pérdida de tiempo por lo que solamente continuarán como parte
del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM). Anteriormente ya
habían denunciado la falta de poder de convocatoria con los municipios, puesto
que no se había podido establecer reuniones con aquellos municipios con AVG.
En Veracruz, la situación se agrava debido al contexto de
falta de recursos en la entidad. Aun cuando se ha detectado la coordinación
entre instancias, este factor ha representado un importante obstáculo para la
implementación de las medidas consideradas por la AVG.
En el Estado de México, las autoridades han aceptado la
problemática presente en la entidad. Esto pese a que en un inicio hubo una gran
resistencia para que se tramitara la AVG. Gracias a los recursos interpuestos
por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) se logró que la
AVG fuera declarada.
Aún queda un gran camino por delante para poder erradicar la
violencia feminicida que afecta a las mujeres de la entidad mexiquense. A la
fecha, la situación de la entidad mexiquense es tal que ha desplazado a Ciudad
Juárez del imaginario colectivo como el lugar en donde ser mujer es un
constante peligro. Sin embargo, la organización reconoce la puesta en marcha de
actividades encaminadas a enfrentar el problema.
En el caso de Morelos, a dos años de la declaratoria, la
Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado de Morelos (CIDHM), en su
carácter de solicitante, considera que ninguna de las medidas ha sido cumplida
en su totalidad.
Lo anterior contrasta con la declaración que se realizó en
abril de este año en donde se afirmaba que se levantaba la AVG en 7 de los 8
municipios contemplados en la declaratoria (ver Alerta de Violencia de Género
en Morelos ¿vigente? https://goo.gl/P3TxQ7).
¿Cómo puede mejorarse el mecanismo y buscar que sea más
eficiente para enfrentar la grave situación de violencia feminicida en el país?
• El mecanismo debe ser más específico en cuanto a las
acciones a realizar, establecer quienes son los responsables de llevar a cabo
tales labores. De acuerdo a las organizaciones consultadas, dado el carácter de
emergencia de la medida es fundamental que cada instancia conozca de manera
precisa sus funciones para que éstas se desarrollen de manera ágil.
• Es fundamental que la declaratoria de AVG sea vinculante,
que no dependa de la voluntad de las autoridades en turno. Urge establecer un
mecanismo que sancione a quienes no cumplan con las obligaciones derivadas de
las declaratorias de AVG.
• Se necesitan indicadores de proceso, de resultado y de
impacto, que permitan hacer visibles los avances en cuanto a las acciones
realizadas; los resultados que éstas tienen y finalmente si es que el problema
está siendo resuelto a través de estas acciones. Pese a que las autoridades
reportan acciones, se desconoce si son las adecuadas para abordar la
problemática en cada entidad.
• Establecer plazos de tiempo para llevar a cabo las medidas
que den cumplimiento a las recomendaciones. La falta de especificidad en cuanto
a tiempos lleva a que incluso la elaboración del Plan para establecer las
medidas a llevar a cabo lleve más de 6 meses posteriores a la declaratoria de AVG.
• Los tiempos para declarar AVG deben ser más ágiles debido
al carácter de emergencia del mecanismo. Si bien hay plazos definidos para el
proceso que requiere declarar una AVG es fundamental que todo el proceso tenga
tiempos definidos.
SEM/sl/lr
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