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* De ganar el caso, sentarán un precedente para evitar futuros abusos en el uso de la fuerza pública: Javier Salinas, diputado por el estado de México

El diputado perredista Javier Salinas apunta que en el seno de la CoIDH, la perito a cargo de la investigación mostró a los jueces toda la evidencia de que más mujeres fueron torturadas, vejadas y violadas por policías. Foto: Tomada de Twitter.

Javier Salinas N./Quadratín Edomex | martes 21 de noviembre de 2017

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha iniciado el desahogo de pruebas en el caso de las mujeres mexicanas agredidas y violentadas en San Salvador Atenco por parte de elementos policiacos en 2006.

Once años después de los hechos y en Cortes Internacionales, parece que la justicia llegará al fin para Norma Aidé Jiménez Osorio, Bárbara Italia Méndez Moreno, Patricia Torres Linares, Claudia Hernández Martínez, Suhelen Cuevas Jaramillo y las demás mujeres que fueron víctimas de una violencia policiaca atroz por el solo hecho de protestar en contra de la construcción del aeropuerto de Texcoco.

Once años en los que el Estado mexicano se ha negado a impartir justicia de manera integral; a someter a proceso penal a todos los involucrados en la cadena de mando que tomó la decisión de reprimir manifestantes.

Más allá de los policías, están las autoridades civiles, comenzando por el presidente municipal de Texcoco -que fue quien pidió la presencia de la Policía Federal-, continuando con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y culminando con la máxima autoridad sobre los policías, el ex presidente Vicente Fox Quezada.

En las deliberaciones al seno de la CoIDH, la perito a cargo de la investigación mostró a los jueces toda la evidencia de que más mujeres fueron torturadas, vejadas y violadas por policías.

No se trató de un hecho aislado, sino de una acción concertada y avalada por las propias autoridades que buscaban sentar un precedente, dar un escarmiento y evitar cualquier manifestación futura, según acreditó.

Como quedaría de manifiesto, Atenco solo es un alfiler de muestra en la política represiva y autoritaria del régimen.

A partir de entonces, el uso excesivo de la fuerza, el abuso constate y la violación sistemática de los derechos humanos campearían en el país. Tanto en el México gobernado por Felipe Calderón como en el México gobernado por Enrique Peña.

Por eso cobra tanta importancia que las mexicanas ganen su proceso en la CoIDH: sentarían un precedente definitivo para futuras acciones y generaciones.

Los policías tendrían que ajustar el uso de la fuerza a criterios y protocolos internacionales, a fin de que todo exceso sea sancionado ejemplarmente y para que nunca más en México una mujer sea violentada en su integridad por autoridades policiacas, militares o civiles.

Por eso el juicio que se realiza en Costa Rica nos importa y nos involucra a todos, porque no habrá nunca democracia mientras no haya justicia para las víctimas del régimen.

Tomado de Quadratín Edomex: http://bit.ly/2hSwqzJ



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