Teodoro Rentería
Arróyave*
Jueves 25 de enero de 2018
El distinguido y reconocido jurisperito, licenciado Ignacio
Morales Lechuga, desde siempre ha sido un comprometido defensor y luchador de
las libertades de prensa y expresión y por ende solidario con los periodistas
en cuanto a garantizar el ejercicio de su profesión y preservar su integridad
física.
Este miércoles, los medios en los que colabora, le
publicaron su artículo cuyo título lo dice todo, mismo que hemos reproducido en
esta entrega.
El gran amigo, entre otros cargos, ha sido procurador
General de la República, embajador, rector de la Escuela Libre de Derecho y
respetado notario público.
Esta es su valiosa aportación en la defensa de los
periodistas de México y el mundo, misma que reproducimos integra con su amable
anuencia:
’El periodismo en nuestro país se ha vuelto una profesión
acosada por las amenazas, atentados y homicidios contra el periodismo, sus
familias y las editoriales. El saldo negativo en este sexenio asciende a 40
periodistas asesinados. La razón es simple, la libertad incomoda a políticos,
narcopolíticos y capos de la droga que dominan el poder público en varias
regiones.
Hay pruebas de esta realidad en Chihuahua, Michoacán,
Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, entre otras.
Vamos a contraflujo de la realidad. En esta misma casa editorial
–El Universal-, columnistas han sido amenazados y periodistas asesinados. El
índice de impunidad es tan elevado como el resto de los crímenes.
La permanente modificó los artículos 6 y 7 de la
Constitución en 2013, para fortalecer, cuando menos en la letra, la libertad de
expresión, la de ser informado y la difusión de las ideas y opiniones acordes a
esta libertad.
Es un derecho humano reconocido en la "Declaración
Universal de Derechos Humanos", que en su artículo 19 protege la libertad
de opinión, de expresión y difusión, sin limitación de fronteras.
Este derecho fundamental se repite en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, en la ‘Declaración Americana sobre Derechos
Humanos’.
Sin embargo, la realidad en nuestro país parece ser otra; en
el mes de diciembre de 2017 se publicó la reforma al Artículo 1916 del Código
Civil Federal para considerar como ilícito el hecho de que alguien ‘comunique,
a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, la imputación que se
hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, que pueda
causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien’.
Esta reforma es peligrosa y amenazante de la libertad, ya
que la difusión de la verdad provoca sanciones al informador.
Si bien expertos han dicho que es una reforma inofensiva, no
es tema menor en un país en que el derecho de los periodistas a ejercer su
labor se ve continuamente coartado.
Un reporte de la organización Reporteros sin Fronteras,
ubica a México a la par de Siria en el número de periodistas asesinados en
2017. La presión que ejercen cárteles de la droga y políticos provoca una
peligrosa animadversión.
Los precandidatos han expresado reacciones adversas contra
los periodistas. Ello contribuye a fomentar un clima de intolerancia contra la
libertad de expresión.
Los periodistas que realizaron las investigaciones de
Watergate que provocaron la renuncia de Richard Nixon, presidente de EU,
hubieran sido encarcelados o demandados por aventurarse a informar que el
presidente se encontraba inmerso en una trama de espionaje y corrupción, si ese
caso hubiese ocurrido en México.
Julián Assange fue detenido por crear un sitio en el que divulgó
información que cuestionaba distintas versiones oficiales de actos sucedidos en
Irak durante la invasión estadounidense. Con toda proporción guardada ¿llegará
el momento en que el Estado mexicano detenga a un periodista que divulgue
información, sea falsa o verdadera, alegando motivos de Seguridad Nacional?
El caso Miroslava Breach es ejemplo de lo anterior en
nuestra realidad, pues descubrió la colusión entre una organización delictiva y
políticos del PAN y del PRI, lo cual le valió la muerte.
Nuestro país ha avanzado al eliminar del Código Penal los
delitos contra el honor, la calumnia, la difamación y las injurias, sin
embargo, nueve entidades federativas: Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Campeche,
Colima, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Sonora y Yucatán, aún los conservan en su
legislación penal. No se debe gobernar con el Código Penal sino con la
Constitución. La doctrina en materia de derechos humanos considera las
libertades de información y de expresión como piedras angulares de una sociedad
democrática y como una condición esencial para una adecuada información.
Las cuestiones públicas y políticas son del interés de todos
los ciudadanos, a quienes la Constitución nos reconoce por igual el derecho a
cuestionar y emitir críticas sin censura ni limitaciones, pues ello abona a la
evaluación y correcto funcionamiento de una sociedad democrática. No se
alientan estos derechos a base de amenazas y balazos. Requerimos construir un
país democrático, con libertades y eso sólo se logra con la verdad, no con simulaciones’.
Respetados colegas y radioescuchas, les invitamos con el
respeto debido, a abrevar en todo lo que vale la aportación del maestro Ignacio
Morales Lechuga.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de
Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la
Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y
vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx,
teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la
República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org
(*) TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
FELAP MEXICO
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