* Propone la diputada Azucena Cisneros quitar privilegios y
lujos a seis ex exmandatarios mexiquenses
* “Ninguna remuneración indebida resulta compatible con los
principios de igualdad y austeridad”, afirma
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| La diputada Azucena Cisneros, promotora de la reforma turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen. Foto Especial. |
Red-Accion
| Toluca, Edomex, miércoles 12 de diciembre de 2018
El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura
mexiquense promovió la abrogación del decreto 87 que dispone la entrega de
pensiones “disfrazadas” para los exgobernadores y la designación de personal de
seguridad, chofer y secretaria con cargo al erario.
La diputada Azucena Cisneros, promotora de la reforma
turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis
y dictamen, recordó que el 18 de julio de 1945 se promulgó en Gaceta del
Gobierno el Decreto 87 de la 36 Legislatura del Estado de México, donde se
dispuso que, al término de su gestión, el gobernador puede recibir premios y
recompensas por servicios prestados al Estado.
“Los premios y
recompensas por servicios eminentes o importantes prestados al Estado que
merezca el gobernador de la entidad, se le otorgarán después de haber terminado
su gestión al frente del Poder Ejecutivo”, plantea su artículo primero.
Años más tarde, indicó, el otrora gobernador Ignacio
Pichardo expidió un Decreto publicado el 7 de mayo de 1993 en la Gaceta del
Gobierno número 86, en el que se plantea que “como reconocimiento a su
desempeño en el cargo de gobernador del Estado, es conveniente adoptar las
previsiones necesarias a fin de que se normen los apoyos mínimos para la
preservación de su integridad y seguridad y para el desarrollo de sus
actividades personales, una vez concluido tan honroso y alto cargo al servicio
del Estado”.
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| Sesión de la LX Legislatura mexiquense. Foto Especial. |
Además, dispone como “necesaria y conveniente la debida
regulación de estos reconocimientos que en el pasado el Gobierno del Estado ha
otorgado a los ciudadanos exgobernadores en forma discrecional.”
Las modificaciones contemplan en el artículo primero que
quienes hayan ocupado el cargo de gobernador del Estado de México tendrán
derecho, al concluir su gestión, a tener a su adscripción: un jefe de ayudantes
con categoría de subdirector rango nueve, con nivel de jefe de ayudantes de
secretario general de gobierno.
Además, un chofer ayudante con rango cinco, con categoría de
chofer de secretario general de gobierno; tres ayudantes con categoría de
oficial de seguridad pública, nivel catorce, rango cuatro; una secretaria, con
categoría de secretario particular de secretario, nivel 27, rango 9, del
gobierno estatal.”
Cisneros Coss advirtió que ambos decretos son contrarios a
derecho, pues no se justifica que una vez que los exgobernadores han concluido
su gestión, se les destine personal con cargo al erario público, pues han
dejado de ejercer las funciones que la ley les confiere de manera temporal.
“Es un uso indebido de recursos sin fundamento en el
ejercicio de un empleo, cargo o comisión público; representa el establecimiento
de una remuneración más allá de la pensión, liquidación o retiro”, dijo, tras
advertir la posibilidad de que el jefe de ayudantes con categoría de
subdirector sea en realidad una pensión económica encubierta destinada a los
exgobernadores.
Exfuncionarios, sin
utilidad pública
Para Morena, este decreto además implica un tratamiento
desigual y discriminatorio frente a los requerimientos de seguridad de la
ciudadanía, y no representa utilidad pública, pues los exgobernadores ni
siquiera son exservidores encargados de la procuración de justicia o de
seguridad pública, y aún en estos casos es necesaria una justificación.
El pasado 3 de diciembre, recordó, la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México (FGJEM) actualizó los lineamientos para la
protección y seguridad a través de la asignación del servicio de escolta a
servidores y exservidores públicos, con límites de temporalidad y modalidades
de análisis de riesgo, y “sólo bajo esos parámetros es aceptable”.
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| La diputada Azucena Cisneros sostiene que no se justifican las prebendas que provienen del erario y se deben quitar privilegios y lujos a seis exgobernadores mexiquenses. Foto Especial. |
Los gastos en los apoyos a los exgobernadores, prosiguió,
tampoco se justifican si se toma en cuenta que el estado de México ocupa el
tercer lugar entre las cinco entidades más endeudas del país, con un incremento
en la deuda pública de 17.41% de 2013 al 2017, y la falta de dinero para
atender problemáticas más apremiantes.
Es necesario, dijo, contraponer a la vieja cultura política
“nuevas formas del ejercicio del servicio público apegadas a los principios de
igualdad, transparencia y austeridad que permitan acercar la distancia creada
entre la clase política y la ciudadanía. Poner freno a la opulencia, la
desigualdad, los privilegios y el derroche de los recursos públicos.”
“Ninguna pensión, bono o remuneración destinada a favorecer
indebidamente a quienes ostentan el privilegio de fungir como servidores
públicos, resulta compatible con el ferviente deseo transformador de dotar de
plena vigencia a los principios de la República”, añadió.
La propuesta fue turnada a las Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales para su análisis y posterior dictamen. No obstante, la
priista María Mercedes Colín Guadarrama, titular de ese órgano parlamentario,
anticipó que no convocará a los trabajos de Comisión que no sean acordados por
la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y justificó que por ahora lo más
importante deben ser los trabajos del Paquete Fiscal 2019.
Adrián Galicia, diputado por Morena, acusó que a la fecha la
presidenta no ha convocado una sola vez a sesión de Gobernación, y Maurilio
Hernández, presidente de la Jucopo, advirtió que los trabajos en comisiones son
una obligación de los diputados y no requieren una instrucción de la Junta para
celebrarse.
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