* La Corte Interamericana declaró responsabilidad del Estado
mexicano por graves violaciones a DH contra 11 mujeres en 2006
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| El caso derivó en diversas protestas contra Enrique Peña Nieto. Foto Archivo. |
Reforma/SemMéxico / Red-Accion | Ciudad de México, viernes 21 de diciembre de 2018
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró
la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos
humanos cometidas contra 11 mujeres en 2006 en Atenco, estado de México.
El máximo órgano judicial del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos encontró que las mujeres fueron víctimas de detenciones
arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la
justicia.
"El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales
al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo
e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones
sufridas", sentenció la Corte.
"El uso indiscriminado de la fuerza por parte del
Estado en este caso, resultado de una ausencia de regulación adecuada, una
falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente
del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos
justificaba el uso de la fuerza contra todos".
El operativo, en el que participaron policías estatales y
federales, se realizó el 3 y 4 de mayo de 2006, cuando la entidad era gobernada
por Enrique Peña Nieto.
Ordenan reparación
En la sentencia, la Corte ordenó al Estado mexicano iniciar
investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para determinar, juzgar, y,
en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual
contra las 11 víctimas.
Así como realizar un acto público de reconocimiento de
responsabilidad internacional y disculpas públicas.
"Y establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización
para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes
en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la
Policía Federal y la Policía del Estado de México", sentenció.
También dar becas para educación superior para Angélica
Patricia Torres Linares, Claudia Hernández Martínez y Suhelen Gabriela Cuevas
Jaramillo, entre otros puntos.
Critican actitud de
Peña
En la sentencia, que fue adoptada el 28 de noviembre pero
notificada hoy, aclara Reforma, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos hace diferentes referencias al papel
de diversas autoridades, como el entonces gobernador del estado de México,
Enrique Peña Nieto.
"Esa noche hubo una reunión en la que participaron
distintas autoridades federales y estatales, incluyendo al Gobernador del
Estado de México, en la que se decidió utilizar la fuerza pública (...) El
Gobernador, el Secretario de Seguridad Pública y el Coordinador Nacional del
Consejo de Seguridad Pública se retiraron 'una vez que se acordó el uso de la
fuerza pública'", indicó.
"La estrategia específica del operativo policial se
definió en una segunda reunión, en ausencia del Gobernador y del Secretario de
Seguridad Pública, que terminó en la madrugada del 4 de mayo de 2006, en la que
participaron las restantes autoridades federales, estatales y miembros del
Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva".
Las 11 mujeres que la Corte reconoce como víctimas son Yolanda
Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández y
Mariana Selvas Gómez.
Así como Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco
Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno,
María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia
Hernández Martínez.
"(La Corte) observa que después de la violencia sufrida
a manos de los elementos policiales, las víctimas fueron sometidas a la puesta
en duda de su credibilidad y su estigmatización pública como guerrilleras por
el Gobernador, el Secretario General de Gobierno del Estado de México y el
Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal", acusó.
"Al respecto, este Tribunal advierte que resulta
absolutamente inaceptable que la primera reacción pública de las más altas
autoridades pertinentes haya sido poner en duda la credibilidad de las
denunciantes de violencia sexual, acusarlas y estigmatizarlas de guerrilleras,
así como negar lo sucedido cuando aún no se había siquiera iniciado una
investigación". (Fuente: Reforma).
¿Qué pasó en mayo de
2006 en Atenco?
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| Foto SemMéxico. |
La policía municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco, la
policía del estado de México y la Policía Federal Preventiva realizaron
operativos para reprimir unas manifestaciones que iniciaron tras un conflicto
con vendedores de flores el 3 de mayo de 2006.
En el curso de los operativos fueron detenidas las 11
víctimas del caso, quienes fueron sometidas a múltiples formas de violencia,
incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas.
Varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por
parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al Cepreso (Centro de
Readaptación Social) “Santiaguito”, quienes se negaron a revisarlas, a
practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación
sexual.
Se iniciaron diversos procesos penales para investigar los
hechos denunciados por las mujeres, ninguno de los cuales ha concluido, a
excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución.
¿Cómo llegó el caso
la Corte Interamericana?
Las 11 mujeres sobrevivientes acudieron al Sistema
Interamericano en abril de 2008, al constatar que no se investigaba con
diligencia lo ocurrido en Atenco.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
resolvió el caso en 2015, dando la razón a las mujeres y exigiendo al Estado
esclarecer, sancionar, reparar y garantizar la no repetición de los hechos.
Ante la falta de cumplimiento del Estado, la Comisión elevó
el caso a la CorteIDH y, en noviembre de 2017, se celebró la audiencia pública
del caso, a la que asistieron las 11 mujeres.
SemMéxico/ADNPolítico
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