* Instruyen a dependencias del Ejecutivo federal a una
amplia colaboración con la investigación
* “Es un asunto de Estado dar con la verdad. No habrá
impunidad”: Andrés Manuel López Obrador
* “Que no quede en la firma nada más. Siga caminando con
nosotros”, piden familiares al presidente
* Solicitan a la ONU y CIDH cooperación y asistencia
internacional para llegar a la verdad
 |
| El decreto, firmado este lunes 3 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representa una nueva etapa de esperanza en la que “se irá construyendo la confianza”. Foto PRODH. |
RED TDT / Red-Accion | Ciudad
de México, sábado 8 de diciembre de 2018
Para las familias de los 43 normalistas desaparecidos de
Ayotzinapa, la emisión del decreto para el fortalecer el derecho a la verdad y
la justicia en el caso, firmado este lunes 3 por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, representa una nueva etapa de esperanza en la que “se irá
construyendo la confianza”.
Tras apelar a su perseverancia y pedir que la mantenga para
dar con el paradero de los muchachos, doña María Martínez, mamá de Miguel Ángel
Hernández Martínez, le pidió a Andrés Manuel López Obrador que siga caminando
con las madres y los padres y le señaló que son miles las personas
desaparecidas en México. “Estamos acá porque no queremos que ninguna familia
pase por todo esto”, señaló.
El decreto ordena la creación en 30 días hábiles de una
Comisión Presidencial –coordinada por el subsecretario de Derechos Humanos,
Alejandro Encinas- que proveerá a los familiares de las víctimas, como
coadyuvantes en la investigación, de todas las facilidades y apoyos
institucionales que requieran para el esclarecimiento de los hechos. Estará
compuesta por familiares de los normalistas, sus representantes y funcionarios
de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, además de
expertos profesionales y técnicos.
El titular del Poder Ejecutivo señala en el decreto que toda
la Administración Pública federal deberá facilitar el ejercicio del derecho a
la verdad de las familias; específicamente, el subsecretario Encinas deberá
realizar las vinculaciones necesarias con las dependencias y con el aparato de
justicia para la buena marcha de la comisión.
“No habrá ninguna traba para llegar a la verdad”, aseguró el
presidente López Obrador, quien reiteró que es un asunto de Estado dar con la
verdad pues la misma fortalece a las instituciones y señaló la importancia de
que sea el primer acto de gobierno en Palacio Nacional del nuevo sexenio. Las
familias pidieron que no se les nieguen las audiencias necesarias y se les
trate con humanidad.
El decreto –que se publicará el martes 4 en el Diario
Oficial de la Federación y entrará en vigor un día después- indica que la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público se encargará de lo relativo a los recursos
necesarios para el funcionamiento “sin obstáculos” de la comisión; mientras que
la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargará de realizar los convenios
necesarios con instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a efectos de que se
intensifique la cooperación internacional en el caso.
El Presidente de la República aclaró que la Comisión
Presidencial que incluye el decreto no es la Comisión de Investigación para la
Verdad y la Justicia que ordenó el Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas.
Esta última deberá ser creada por la nueva Fiscalía General de la República –
como ente autónomo- o, en su defecto, por la actual Procuraduría General de la
República. Sin embargo, el decreto sí instruye a la Secretaría de Gobernación
que genere los convenios y procesos de trabajo con la Fiscalía a efecto de
asegurar su creación.
Además, al instruir a todos los organismos y dependencias a
facilitar información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos, el
decreto recuerda que la información relacionada con graves violaciones a los
derechos humanos no puede ser reservada e instruye a que se implementen medidas
de protección y beneficios para las personas que ofrezcan información
relevante.
Mientras que Alejandro Encinas sostuvo que la emisión del
decreto es el inicio de una política de Estado “con las víctimas al centro”,
las familias resaltaron: “sabemos que con la firma de este documento no quiere
decir que todo está solucionado, por eso pedimos que no nos dejen solos”.
Los representantes de las familias adelantaron que, a partir
del 5 de diciembre, se dialogará con la CIDH la asistencia técnica, específicamente
con personas expertas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI).
Nota: Publicado el 3 de
diciembre de 2018, en el boletín oficial de la Red Todos los Derechos para
Todas y Todos.
Publicar un comentario Blogger Facebook