* Saldo del sexenio: 37 mil personas desaparecidas; defensores
de DH, periodistas asesinados a causa de su labor y ciudadanos constructores de
democracia en un país que se ostenta democrático y oficialmente no se halla en
guerra
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| Miguel Concha Malo, defensor por los derechos humanos, profesor y religioso mexicano. Es cofundador y presidente del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”. Foto centroprodh.org.mx |
Red TDT* / Red-Accion | Ecatepec, Edomex, miércoles 12 de
diciembre de 2018
Para la sociedad mexicana es indudable la trascendencia
histórica y política, tanto del primero de diciembre, como del primero de julio
del año que termina. El mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha
reconocido que su victoria es producto de una expresión popular y nacional
contra la corrupción y la impunidad. La implicación de esto es que, más allá de
su protagonismo personal indiscutible, lo que es muy claro es el mandato popular.
El saldo del sexenio pasado es de más de 37 mil personas
desaparecidas –independientemente de que hayan aparecido asesinadas o vivas,
sin conocer su situación– más de 150 mil ejecutadas; nueve feminicidios
diarios; crisis migratoria sin precedente, y más de 500 conflictos
socioambientales. Además de casos emblemáticos de graves violaciones de
derechos humanos, como los de Tlatlaya, Ayotzinapa y Nochixtlán, y de
corrupción en las altas esferas del gobierno, como los de la Casa Blanca,
Odebrecht y la Estafa Maestra.
La esperanza generalizada de este momento de cambio no debe
matizar la brutalidad del sexenio que recién terminó, debe ser un recordatorio
de los grandes retos que tenemos como nación. En esta lógica, la Red Nacional
de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
presentó el 29 de noviembre el informe Desde la Memoria… la esperanza (https://bit.ly/2zWqM57), donde documenta 161
personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio, entre las que
se encuentran defensores de territorios, pero también activistas sociales,
periodistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos, personas que
buscan a sus familiares y sindicalistas, entre otros. A los que hay que añadir
40 periodistas, asesinados a causa de su labor y 201 personas constructoras de
democracia, en un país que se ostenta democrático y oficialmente no se halla en
guerra. Con la claridad de que vivimos un momento histórico de transformación,
pero que también es necesario salvaguardar la memoria del dolor y de la resistencia.
El informe destaca motivos y territorios de estas afrentas, 26 por ciento de
las 161 personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena; entre
los que se encuentran los pueblos yaqui, rarámuri, wixárika, purépecha, nahua,
zapoteco, mixteco, tzotzil, mixe y triqui. Y 40 por ciento de los asesinados
defendían los derechos humanos en su comunidad o entorno más cercano. Gran
parte de éstos se enfocaban en la defensa de la tierra y los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales. El documento informa que los
estados más peligrosos para defender los derechos humanos son Guerrero (28 por
ciento de los casos), Oaxaca (20 por ciento) y Chihuahua (11 por ciento). Sin
embargo, este informe les pone rostro a las cifras y a las luchas. Rostros como
el de Rocío Mesino, nacida y crecida en Atoyac de Álvarez, donde su familia
fundó la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío fue asesinada el 19
de octubre de 2013, cuando supervisaba trabajos de rehabilitación en un puente
dañado por los huracanes Ingrid y Manuel o el de Juan Francisco Kuykendall,
Kuy, como le decían sus amigos, fue un activista y dramaturgo que impulsó el
teatro callejero y apoyó las luchas dignas desde los años 70. Resultó herido
durante la represión del primero de diciembre de 2012, y murió por un paro
cardiorrespiratorio en enero de 2014.
Así, el informe documenta de manera contundente y dolorosa
cómo el sexenio fue letal para las voces disidentes. La claridad de este
diagnóstico y la contundencia del mandato popular obligan a traducir en retos
concretos el compromiso del Estado y la expectativa ciudadana. En este sentido,
el responsable de estos retos parece ser Alejandro Encinas, quien ha dado un
primer paso al abrir un diálogo histórico sobre el caso Ayotzinapa, que sin
duda protagoniza la corrupción, violencia e impunidad que tanto ha lastimado y
unido al pueblo de México. La realidad multiplica por miles los casos
emblemáticos. Por ello, los 43 jóvenes de Ayotzinapa, junto con las mil-es de
mujeres víctimas de violencia cotidiana, son punta de lanza de un grito de
justicia al que se suman muchas realidades dispersas en todo el país. En razón
de ello, se requiere una política de derechos humanos de Estado, que considere
y garantice estas luchas y demandas. Mañana, 9 de diciembre, se cumple el 20
aniversario de la Declaración de la ONU sobre personas defensoras. No olvidamos
a las personas asesinadas por comprometerse con un mundo más digno y justo. En
su nombre reivindicamos el derecho a defender derechos humanos como herramienta
de lucha, resistencia y memoria. Ese debe ser el piso mínimo de la Cuarta
Transformación.
(1) Miguel Concha Malo es un defensor por los derechos humanos, profesor y religioso mexicano. Es cofundador y presidente del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”
(*) Publicado el 10
diciembre, 2018, en la Gaceta Semanal de la Red TDT (Todos los Derechos para
Todas y Todos).
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