* En la CDMX se avanza en el tema y el estado de México no
camina
* En la congeladora legislativa la iniciativa presentada por
los periodistas
* Reconoce el Congreso trayectoria de una treintena de
comunicadores
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| “No tenemos ni Mecanismo de Protección ni ley de Periodistas mientras que el recién creado Congreso de la Ciudad de México, cuenta con una Comisión de Protección a Periodistas", destacó el periodista Juan Hernández. Foto Cortesía. |
Red-Accion | Toluca,
Edomex, jueves 20 de diciembre de 2018
Es tiempo de reconocer la labor social del periodismo, del
derecho de los periodistas a la protección integral, de acceso a la justicia, a
la salud, al trabajo, y a todos los derechos que sea pertinente y posible para
que la protección sea efectiva, afirmó el periodista Juan Hernández, director
de www.legislativotv.com.mx, al hablar a nombre de más de una treintena de
comunicadores reconocidos por su trayectoria por el Congreso mexiquense.
Fue enfático en señalar que en el Estado de México “no
tenemos ni Mecanismo de Protección ni ley de Periodistas mientras que el recién
creado Congreso de la Ciudad de México, cuenta con una Comisión de Protección a
Periodistas y realiza un ciclo de foros denominado “Hacia una nueva Ley de
Protección a Periodistas. Ahí hay voluntad política para atender a los comunicadores”.
Aquí, subrayó, en “la congeladora del Poder Legislativo del
Estado de México se encuentran varios proyectos de ley, uno enviado por el
entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas con la finalidad de simular que se
unía para legislar por la protección de los periodistas y activistas de los
derechos humanos, pero pasaron dos legislaturas donde tuvo mayoría su partido y
simplemente no la aprobaron”.
Por ello, recordó el tabasqueño avecindado en la entidad,
que fue necesario que los periodistas de la Zona Oriente, del Valle Cuautitlán
y del Valle de Toluca, hicieran lo propio para que se legislara a favor de los
comunicadores, pero faltó voluntad política para aprobar una ley de Protección
Integral de los Periodistas en el Estado de México.
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| La presidenta de la Cámara de Diputados, Azucena Cisneros Coss; José Reveles, Premio Nacional de Periodismo 2018; María Godoy y la periodista Ventura Rojas, durante el mensaje de Juan Hernández. Foto Cortesía. |
Si vivimos tiempos de transformación, destacó que es el
momento de garantizar el trabajo periodístico y la vida de los comunicadores en
todo el país y en todas las entidades de la república donde estamos sujetos a
la violencia de los funcionarios públicos de todos los colores porque estos
creen que los periodistas estamos para elogiarlos, como ha sido costumbre
política en este país.
Hizo alusión al momento en que el Senado de la República
entregaba la Medalla Belisario Domínguez como reconocimiento al trabajo del periodista
Carlos Payán Velver, por su contribución a la libertad de expresión y la
democracia en el país, por lo que llamó a que la LX Legislatura impulse el
desarrollo democrático de la entidad con una Ley de Protección Integral de los
Periodistas; porque ya no tienen derecho a fallarle a la sociedad mexiquense.
“Pedimos que cumplan con su responsabilidad, para que la
sociedad se los reconozca y no que los mexiquenses se los reclamen”, espetó a
la presidenta de la Cámara de Diputados, Azucena Cisneros Coss y los diputados
Bernardo Segura y Maria Godoy que se encontraban acompañados en el presídium
del Premio Nacional de Periodismo 2018, José Reveles y la periodista Ventura
Rojas.
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Carlos Payán Velver dedicó la presea a los periodistas
mexicanos que han sido asesinados en el ejercicio de su labor; escucha el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el acto en el Senado de la República. Foto de
Cuartoscuro.
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Hernández Jiménez recordó que México es la segunda nación en
el mundo más peligrosa para ejercer el periodismo, donde más de un centenar de
comunicadores han sido asesinados en este siglo XXI; 49 en el sexenio de Peña
Nieto y dos en el actual, ante la vulnerabilidad que viven en todo el país,
sobre todo de las agresiones de funcionarios públicos más que de grupos
criminales, ya que el 99.2% de los asesinatos de periodistas no se han
resueltos.
Dijo que los gobiernos y las instituciones del Estado están
obligados a tomar acciones precisas para detener los actos violentos contra la
prensa y sus representantes, porque el periodismo es la piedra angular de la
democracia, es el vehículo para garantizar el derecho a la información de todos
los ciudadanos, de la libertad de expresión de todos los mexicanos que se
informan en tiempo real de lo que hacen o no hacen sus gobernantes.
Cuando se ataca a un periodista, destacó, se está atacando
también la libertad que tiene un país para conocer y entender su dinámica
social, “porque los periodistas somos los investigadores de la sociedad, no los
halagadores del gobernante en turno ni aquellos que por consigna sirven a un
grupo político. Nos debemos y servimos a la sociedad a la que informamos con
puntualidad al hacer la crónica de lo cotidiano”.
Hay que entender que defender el trabajo periodístico es
defender la democracia misma y que los gobiernos están obligados a garantizar
la libertad de expresión de sus gobernados, respetando y blindando la actividad
profesional de los periodistas para darle vigencia al derecho a la información
de todos los mexicanos, apuntó.
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| Periodistas mexiquenses. Foto Cortesía. |
Hasta ahora el mecanismo de protección, la fiscalía
especializada y la legislación vigente no brindan esa posibilidad, además que
algunos gobernantes atentan contra la libertad de expresión, utilizando el
poder judicial a su servicio, para crear delitos como el supuesto “daño moral”
y judicializar así la actividad periodística que no le agrada y exigir a cambio
millones de pesos como reparación de su “imagen”.
Cuestionó si habrá acaso un gobernante que acepte una
consulta pública sobre su imagen y crea que saldrá impoluto en los resultados,
porque hasta ahora el descrédito de la clase política es tal, que están
reprobados de antemano.
“Quien podría asegurar que los señalamientos periodísticos
sobre el actuar de los actores políticos se puede calificar de daño moral
alguno, cuando es nuestra obligación como periodistas, informarle a la sociedad
quiénes son, qué hacen, qué realizan, porqué lo hacen, para qué y si su
actuación corresponde a la responsabilidad que asumió al ser electo o es
contraria a los intereses de sus gobernados”.
Porque en el imaginario colectivo lo que permea es la
percepción de que son los gobernantes los que quedan a deber a la sociedad, los
que con sus políticas públicas han dañado al país con el saqueo de recursos
públicos como la “Estafa Maestra” en la que muchos estuvieron involucrados,
concluyó.
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