* Por unanimidad legisladores de las comisiones de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Finanzas Publicas votaron por abolir los
decretos 87 del año 1945, y el 86, de Ignacio Pichardo Pagaza, publicado en la
Gaceta de Gobierno en 1993
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Red-Accion | Toluca,
Méx, miércoles 7 de febrero de 2019
Legisladores que integran las comisiones Unidas de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Finanzas Públicas de la LX Legislatura
del Estado de México, aprobaron por unanimidad la abrogación del decreto
expedido el 18 de julio de 1945, por la XXXIV Legislatura mexiquense y en
consecuencia el decreto expedido por el entonces gobernador Ignacio Pichardo
Pagaza, en la Gaceta de Gobierno del 3 de mayo de 1993, para cancelar
privilegios económicos y la asignación por parte del gobierno estatal de
personal administrativo y de seguridad a siete ex gobernadores de la entidad.
Al término de la reunión de las Comisiones Unidas, el
presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González,
anunció que se va a convocar a sesión extraordinaria, la semana próxima para la
aprobación y discusión en el pleno del Congreso del Estado de México, tras el
dictamen de la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario de Morena.
Por su parte, Azucena Cisneros Coss, en representación del
Grupo Parlamentario de Morena presentó la iniciativa para la abrogación del
decreto número 87 que pretende impedir que durante el ejercicio de sus
funciones los gobernadores no reciban condecoraciones, honores o denominar con
su nombre instituciones, centros de servicios públicos o vialidades.
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| Legisladores de Morena consideraron la importancia de invalidar los mandatos que otorgaban apoyos y personal administrativo y de seguridad a ex gobernadores, ya que no corresponden con el proyecto de austeridad y eficacia en el manejo de los recursos públicos a nivel nacional. Fotos Especial. |
Asimismo, refirió la consecuencia de revertir el decreto
expedido por el entonces gobernador Ignacio Pichardo Pagaza, en la Gaceta de
Gobierno el 3 de mayo de 1993, al considerar que otorga apoyos y personal
administrativo y de seguridad, ya que no corresponde con el proyecto de
austeridad y eficacia en el manejo de los recursos públicos. Situación que
privilegia a ex gobernadores, sobre el resto de la población.
Aunque, el argumento era vigilar por la seguridad de los ex
gobernadores, esto rebasa la temporalidad de sus funciones, ambos decretos
están vinculados y en algún tiempo justificaron esta actuación, sin embargo,
consideró los tiempos de impunidad con que actuaban las autoridades y
legisladores del PRI, han cambiado y ahora se debe cuidar el destino del erario
público favorecer el estricto cumplimiento de las tareas de servicio público.
Y no corresponden con “Las actuales disposiciones en materia
de austeridad y eficacia en el ejercicio de los recursos públicos”.
Considero que en caso de que los ex gobernadores requirieran
seguridad por encontrarse ante un posible riesgo, pueden acudir a la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México, que cuenta los lineamientos para la
protección, asignación y seguridad a funcionarios o ex funcionarios del
servicio público, previa denuncia.
Explicó, “en la Legislatura estamos ciertos de la
importancia de garantizar condiciones de igualdad en la seguridad, tanto a los
servidores públicos, y de cualquier persona, pero, esto se debe apegar a los
principios de igualdad, transparencia y austeridad”.
En entrevista, la legisladora subrayó “Los privilegios se
acabaron para ex gobernadores, no habrá pensión, bono o remuneración disfrazada
a favorecer indebidamente a la clase política que se desempeñó en el servicio
públicos”, esto tras el dictamen de aprobación para abrogar”.
“El decreto número 87 publicado el 18 de julio de 1945, en
la Gaceta de Gobierno, y por tanto queda sin efecto el decreto que expidió el
ejecutivo el 7 de mayo de 1993, publicado en la Gaceta de Gobierno número 86”,
argumentó
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| Se trata de “quitar los privilegios (a ex funcionarios públicos), sobre todo en el estado de México, una de las entidades que se ha caracterizado por los excesos de la clase política y la corrupción”, señaló la legisladora de Morena, Azucena Cisneros. |
Cisneros Coss afirmó que el Proyecto de Decreto es una
demanda ciudadana, ante las desigualdades sociales que existen en este país,
donde hay más de 50 millones de personas en pobreza.
Se trata de “quitar los privilegios, sobre todo en el estado de México,
una de las entidades que se ha caracterizado por excesos de la clase política y
la corrupción”, señaló.
En la Gaceta se establece “Los ciudadanos que hayan ocupado
el cargo de Gobernador del Estado de México, tendrán al concluir su gestión la
adscripción del personal siguiente: A) Un Jefe de Ayudantes con categoría de
Subdirector rango nueve; B) Un Chofer con rango cinco; C) Tres ayudantes con
categoría de Oficial de Seguridad Pública, nivel 14, rango cuatro; y D) Una
secretaria con categoría de Secretario Particular de Secretario, nivel 27, con
rango 9 del Gobierno Estatal”.
Es importante destacar que el Grupo Parlamentario de Morena
tuvo acceso a un documento oficial, obtenido por una solicitud de información,
con fecha de 10 de septiembre de 2008, donde se informa que son 33 servidores
públicos quienes “cumplen las funciones de seguridad y escolta. Dichos elementos están asignados a
seis ex - gobernadores, y están encargados de salvaguardar su integridad física, sus derechos y su
patrimonio, preservando así sus libertades, el orden y la paz pública”
De ellos, 3 tienen el rango de “Comandantes de Región”, con
un sueldo mínimo de $8,646.47 y sueldo máximo de $10,761.00; 10 con el rango de “Oficial”, con un sueldo
mínimo de $6,913.44 y máximo de 8,341.52 y 20
tienen el rango de “Policía”, con un sueldo mínimo de $6,660.47 y máximo
de 7,458.69, de acuerdo con dicho documento.
Por ello, la diputada Azucena Cisneros refirió que con la
aprobación de esta iniciativa de Proyecto de Decreto que se presentó en el
Congreso del Estado de México, marca un precedente y se establecen nuevas formas
del ejercicio del servicio público y la justicia que demanda la población. Y “La punta del iceberg para seguir
desmantelando de forma jurídica los abusos y excesos de los políticos mexiquenses”.
Manifestó que “en el Congreso del Estado de México, Morena
es mayoría, y no tenemos más que ser congruentes con la política de austeridad,
estos excesos ya no caben en estos tiempos. La población tiene claro que los
servidores públicos dejaron de ser virreyes y pasan a ser simples ciudadanos”.
“Más allá de un ahorro sustancial es un asunto simbólico, y
hoy tenemos que dar señales claras a los ciudadanos de que todo el tema de
privilegios quedó cancelado para nosotros y para la gente pudiente, también se
acabaron”. Al considerar que en el pleno
quedará aprobada esta iniciativa, aunque no descarta que algún legislador del
PRI no lo haga, pero será la sociedad la que juzgue esta decisión, concluyó.
Por otra parte, cabe recordar que los ex gobernadores que gozan de estas prebendas son Alfredo Baranda González, Ignacio Pichardo Pagaza, Emilio Chuayffet Chemor, César Camacho Quiroz, Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas.
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