 |
| Aleida Calleja del IMER, Jenaro Villamil del Sistema Público de Radio Difusión y Gabriel Sosa Plata de Radio Educación. |
Martes 26 de marzo de 2019
La Corte tiene entre sus pendientes darle otra sacudida a la
industria de los medios convencionales más influyentes. La radio y televisión
privadas de México podrían ser forzadas a aceptar defensores de las audiencias
autónomos en cada señal y a que el órgano regulador evite que encubran
publicidad como noticias.
Ese conflicto por normar la difusión de noticias y los
derechos de las audiencias, que llegó a lo álgido en 2017, revivirá en las
semanas próximas cuando la Corte determine la petición de inconstitucionalidad
que hicieron 43 senadoras y senadores del PAN, PRD, PT y Morena de la anterior
legislatura.
Actualmente, el sector privado de la radiodifusión
autorregula sus contenidos informativos y cuenta con una sola oficina como
defensor de las audiencias -contratado por la Cámara de la Industria de la
Radio y la Televisión (CIRT)-para la mayoría de canales de televisión abierta
así como las estaciones de radio.
En contraste cada uno de los medios públicos de
radiodifusión se apega a los lineamientos generales de los derechos de
audiencias y operan con un defensor de audiencias que actúa con autonomía de
sus direcciones formales.
#NuestrosDerechosDeRegreso
Con ese título 18 Organizaciones Sociales y más de 250
académicos, periodistas y defensores y audiencias en general entregaron la
petición, el 19 de marzo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las
dos cámaras del Congreso de la Unión.
En el texto entregado y que circula profusamente en las
redes sociales de las asociaciones y académicos se recuerda que “El 30 de
noviembre de 2017, Senadoras y Senadores de la República presentaron ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Acción de Inconstitucionalidad en
contra del Decreto que reformó del 31 de octubre de 2017, la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión en materia de Derechos de Audiencias, Defensorías de Audiencias
y Atribuciones del órgano regulador (IFT), por estimarlo violatorio de los
artículos 1, 2, 3, 6 y 28 de la Carta Magna. Admitida por la SCJN el 15 de
diciembre de 2017.
“A la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha
pronunciado sentencia ante esa acción. Ante la regresividad de lo aprobado, los
firmantes de este comunicado, expresamos nuestra inconformidad con una reforma
de ley cuestionada, que suprime derechos ganados, limita las facultades de
supervisión y sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones y debilita
sustantivamente la figura de Defensoría de las Audiencias, dejando en manos de
los concesionarios la autorregulación que los convierte en juez y parte de
derechos ciudadanos”.
Ley Doring, Albazo en
octubre de 2017
Cuando 43 senadores presentaron el recurso de
anticonstitucionalidad, el coordinador del grupo del PAN, Ernesto Ruffo Appel
aseguró que la reforma fue “atropellada e ilegal porque se convocó
tramposamente a comisiones y sin previa lectura el dictamen se presentó al
pleno y se votó rápidamente”.
El senador Ruffo ubicó bien los efectos de la que llamó
“contrarreforma”: limita los derechos de las audiencias que se habían logrado
en la reforma aprobada en el Congreso de la Unión en 2014; elimina la
obligación de los concesionarios de aportar elementos para distinguir la
publicidad de la información y dispone que los concesionarios designen al
defensor de audiencia.
Hoy, otro contexto
Por ello el documento de las asociaciones y académicos
exhorta “al Congreso de la Unión a que de manera urgente revierta lo reformado
en 2017, restituya los derechos de las audiencias y defina los mecanismos para
su protección y garantía a través de la intervención del Órgano regulador y la
estandarización de sus procedimientos a partir de los Lineamientos Generales
sobre los Derecho de las Audiencias”.
Entre las asociaciones civiles promotoras se encuentran la
mexicana de Defensorías de Audiencias (AMDA) y la Mexicana de Derecho a la
Información (AMEDI) que son las más numerosas, activas e influyentes en asuntos
de la comunicación.
El contexto del conflicto que se reavivará y se solucione a
favor de los organismos civiles lo ofrece el cambio de estilo en la Presidencia
de la República y otras alianzas políticas, como las de los bloques
mayoritarios (Morena, PT y otros) en las dos cámaras del congreso federal que
en 2017 eran minorías que se opusieron a lo que llaman contrarreforma.
Además, son miembros distinguidos de la AMEDI tres nuevos
directores de medios públicos: Jenaro Villamil del Sistema Público de Radio
Difusión, que coordinará a ese sector (SPR), Aleida Calleja del IMER y Gabriel
Sosa Plata de Radio Educación.
Calma en la CIRT
Oficialmente la Cámara de la Industria de la Radio y
Televisión (CIRT) hasta la noche del 21 de marzo permanecía en calma. En su
portal mantenía dos anuncios que derivaron de aquella reforma que hicieron el
PRI y sus aliados:
“Es importante
destacar -dice el anuncio de la CIRT-, que el Decreto de reforma a Ley en
materia de Defensoría de Audiencias publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de octubre de 2017 no impacta de ninguna manera la forma de
operación y desahogo de quejas que esta Cámara ofrece a sus afiliados.
“Por acuerdo de Asamblea, y por Estatutos, al permanecer
afiliadas a la CIRT, las emisoras de radio y televisión ya reciben, sin costo
adicional, el servicio de los Defensores de las Audiencias previsto en la Ley
vigente”.
En el mismo sitio informa quienes son y los servicios de “El
Defensor de la Audiencia (que) se integra por un equipo de colaboradores
encabezados por Manuel Barquin y Alejandro De Anda”. Oficina que es responsable
de:
“… recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las
observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas
que componen la audiencia…Tramitar las quejas de la audiencia en las áreas o
departamentos responsables, requiriendo las explicaciones que considera pertinentes…
Responder al radioescucha o televidente en un plazo máximo de veinte días
hábiles aportando las respuestas recibidas y, en su caso, con la explicación
que a su juicio merezca. Esta respuesta será enviada al correo electrónico que
registre.
El conflicto revivirá ineludiblemente. (rogeliohl111@gmail.com)
***
(*) Reportero desde 1977. Especializado en investigación en
Excélsior, El Universal, Milenio y otros. Dos veces Premio Nacional por el Club
de Periodistas. Autor de los libros Zócalo Rojo, Zorrilla y Sólo para
periodistas. Profesor invitado en varias universidades. En 2013 y 2015 el
Colegio de Sinaloa le concedió la Cátedra de Periodismo y Comunicación “Pablo
de Villavicencio”. Miembro fundador del Consejo Consultivo del Mecanismo de
Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la
Segob (2010-2014). Director fundador de Casa de los Derechos de Periodistas,
A.C. Consultor en temas de protección, leyes y políticas públicas sobre el periodismo
en la asociación periodistastrespuntocero. Consejero editorial de la revista
Zócalo y del Sistema Informativo Vía Libre.
Su columna para periodistas, Miradas de Reportero, se publica en medios
impresos y digitales de 14 entidades del país. Es autodidacta. Email:
rogeliohl111@gmail.com
Publicar un comentario Blogger Facebook