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| Al centro, la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero. Foto Segob. |
Lunes 29 de abril de 2019
Hicimos mal varias cosas en 2012 quienes impulsamos la Ley
de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y
el mecanismo federal de protección. Una fue forzar a funciones policiales a la
secretaria normativa y rectora de políticas públicas.
Hoy, a 7 años de la creación de la ley y su instrumento de
protección cautelar, en la Secretaría de Gobernación, no se han frenado los
agravios y asesinatos contra estas poblaciones. Son meros paliativos, como
acusa la ONU y reconocemos muchos.
Igual o peor de inútiles son las 20 leyes estatales que
también pretendieron tutelar a periodistas y defensores. Se necesita un giro
radical.
¿Nueva ley?
Desde agosto de 2018 una de las corrientes de organizaciones
no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y uno que otro periodista
impulsan otra versión de la misma ley y hasta la quieren magnificada.
Es posible que en las últimas sesiones del periodo actual la
Cámara de Diputados se presente formalmente tal iniciativa con el nombre de Ley
General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y
Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y
Periodistas. (Los subrayados son de este reportero).
Se entienden y son respaldables las intenciones de estas Ong’s,
impulsadas por la impotencia y desesperación que causan la continuidad de los
agravios. Pero su proyecto, lleva el mismo sentido cautelar que la ley
anterior, y agregarle 32 mecanismos, fiscalías, comisiones de atención a
víctimas. Más burocracia y sin garantías de recursos humanos y financieros.
Para que una ley cualquiera pueda aplicarse y tender un
manto protector se requieren al menos tres cosas: pertinencia y viabilidad para
su institucionalización, voluntad política verdadera y el respaldo activo de la
o las poblaciones a las que reconozca derechos como parte de un apoyo social
extendido. Eso no lo hemos tenido con la ley actual.
Mejor los foros
El Espacio de Organizaciones Sociales y Civiles (OSC) para
la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, integrado por 20 organismos
nacionales e internacionales demandó, el 11 de abril, realizar un ciclo de
foros estatales, regionales para concluir en un gran foro nacional. Quieren que
en los foros se analice cuáles pueden ser el marco normativo como las políticas
públicas para la protección integral de ambas poblaciones, ya no solo cautelar.
La propuesta es muy buena. Ayudaría a clarificar la
pertinencia de una nueva ley o varias. Y, más allá de eso la jornada de
discusión apoyaría a construir un andamiaje legal y político muy distinto a lo
que existe hoy para que la protección sea realmente integral. Veamos.
Ese frente de organismos propone que los foros sean
tutelados por dos comisiones de la Cámara de Diputados, la CNDH, la
subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob y su mecanismo de protección, más
la Comisión de Atención a Víctimas.
Esas instancias son pocas si se quiere construir voluntad
política, pertinencia y respaldo social para las políticas públicas
indispensables para un tema tan vital para la convivencia social y la
democracia. Esas jornadas necesitarían más promotores y convocantes que acepten
compromisos y los cumplan.
Del Estado, se requiere también la participación de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las comisiones especializadas de las
dos Cámaras del Congreso de la Unión, de la Fiscalía General de la República,
de la nueva Secretaría de Seguridad, congresos y procuradurías locales.
La otra condición es el respaldo social. Se tiene que
involucrar a las decenas de redes de autoprotección y organizaciones de
periodistas que han estado ajenas a este proceso. Son necesarias esas Ong’s de
derechos humanos de la OSC y la incorporación de otras corrientes de defensores
nacionales e internacionales.
Que comience la Segob
Una coincidencia en todos los análisis es sobre el
incumplimiento del Estado en la protección a estas dos poblaciones, que fue
demasiado insuficiente la voluntad política de tres presidentes de la República
(Fox, Calderón y Peña).
Igual hay convergencia crítica sobre la concepción limitada
de las leyes e instrumentos que crearon una fiscalía especial que no investiga
y omitió la atracción de casos, de la operación limitada a lo cautelar y
policiaco del mecanismo federal que nunca logró la coordinación con los
gobiernos estatales y no pudo diseñar una estrategia nacional de prevención.
En abril de 2019 hay condiciones diferentes para que el
presidente de la República tome decisiones radicales al respecto, para que se
haga más efectiva la reorientación que dio a la Secretaría de Gobernación como
rectora de políticas públicas en derechos humanos.
El nuevo gobierno por medio de la Segob y la Subsecretaria
de Derechos Humanos tienen frente a sí la posibilidad inmediata de asumir la
rectoría para estimular otras normas y políticas de Estado en todo el país.
Este sería el marco necesario para la reorientación y
reestructuración a fondo e inmediata del Mecanismo de Protección a Personas
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y su Coordinación Ejecutiva
sin cambiar la ley.
Para la operación inmediata se tendrían que hacer vigentes
las obligaciones legales que tiene la unidad de prevención del mecanismo de
protección para que desde allí se impulse y coordine la construcción de
estrategias específicas con respaldo social, se impulse la coordinación
intersecretarial del Ejecutivo federal y sinergias de actuación de los tres
niveles de gobierno.
Hay que insistir en que a un programa especial de prevención
le resulta indispensable una mayor vinculación con periodistas organizados y
empresas de periodismo, con más coaliciones de defensores y la cooperación
sincera de universidades, empresas y organismos internacionales.
Esa necesaria rectoría de la Segob puede arrancar bien con
los foros que propone el frente de la OSC. (rogeliohl111@gmail.com).
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(*) Reportero desde 1977. Especializado en investigación en
Excélsior, El Universal, Milenio y otros. Dos veces Premio Nacional por el Club
de Periodistas. Autor de los libros Zócalo Rojo, Zorrilla y Sólo para periodistas.
Profesor invitado en varias universidades. En 2013 y 2015 el Colegio de Sinaloa
le concedió la Cátedra de Periodismo y Comunicación “Pablo de Villavicencio”.
Miembro fundador del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Segob (2010-2014).
Director fundador de Casa de los Derechos de Periodistas, A.C. Consultor en
temas de protección, leyes y políticas públicas sobre el periodismo en la
asociación periodistastrespuntocero. Consejero editorial de la revista Zócalo y
del Sistema Informativo Vía Libre. Su
columna para periodistas, Miradas de Reportero, se publica en medios impresos y
digitales de 14 entidades del país. Es autodidacta. Email: rogeliohl111@gmail.com
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