Red TDT / Red-Accion | Ciudad de México, martes 9 de abril de 2019
Publicado en 8 abril, 2019
Palabras de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, durante
la ceremonia de firma del acuerdo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores
y la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos para brindar asesoría y
asistencia técnica en el caso Ayotzinapa[1].
•Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones
Exteriores
•Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación
•Lic. Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos
Muy especialmente, madres, padres, familiares y personas
defensoras que acompañan a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa.
Tengan todas y todos ustedes muy buenos días.
Me es grato participar el día de hoy en la firma del Acuerdo
para la asesoría y asistencia técnica que mi Oficina en México brindará en el
caso Ayotzinapa. Este es un caso paradigmático que muestra la gravedad de las
desapariciones en México y los retos que enfrenta su sistema para atender las
violaciones a los derechos humanos.
Celebro y reconozco la voluntad del gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador para iniciar una nueva etapa en el caso Ayotzinapa,
que permita superar los cuestionamientos formulados por distintas instancias
nacionales e internacionales a la investigación realizada por la extinta
Procuraduría General de la República. El objetivo será alcanzar la verdad y la
justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela
normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y de otros crímenes perpetrados en la
noche del 26 al 27 septiembre 2014 en Iguala, Guerrero.
Asimismo, felicito al nuevo Gobierno por la apertura y
compromiso a colaborar, en el esclarecimiento del caso, con organismos internacionales
de derechos humanos, en particular, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Destaco también la
disponibilidad mostrada por todas las instituciones que integran la Comisión
Presidencial para alcanzar el presente Acuerdo, especialmente a su titular, el
Subsecretario Alejandro Encinas.
Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en
el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado mexicano. A la vez, es una
oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial que permitan
alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a sus
derechos humanos y saldar la deuda histórica que existe con las víctimas de la
violencia.
Confiamos en la implementación de las recomendaciones de los
organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo las del Informe de
mi Oficina, “Doble Injusticia”. Prácticas como tortura, malos tratos y actos de
obstrucción de la justicia no tienen cabida en un Estado comprometido con los
derechos humanos. Y ese mismo estándar es el que debe regir el caso Ayotzinapa:
el pleno respeto a los derechos humanos.
Según cifras oficiales, hay más de 40 mil personas cuyo
paradero se desconoce. Este hecho es un llamado a todas las autoridades a
asumir la búsqueda de las personas desaparecidas como una prioridad ineludible.
Los efectos de la desaparición de un ser querido perduran hasta que se
esclarece su suerte o paradero, se haga justicia, prolongando y amplificando el
sufrimiento que se causa a familiares y personas allegadas, y afecta a toda la
sociedad e impide la democracia. Nadie debe ser sometido por más tiempo a este
calvario.
En esta nueva etapa del caso, mi Oficina, a través de su
Representación en México, será una aliada que no dudará en contribuir para que
se den avances, reconocer cuando se logren los compromisos con las familias,
así como alertar de cualquier incumplimiento.
Deseo expresar mi reconocimiento a las organizaciones de la
sociedad civil, particularmente al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez, al Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, a la
organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y al Centro de Análisis
e Investigación, Fundar, quienes desde diferentes ámbitos han acompañado a las
familias de los estudiantes desaparecidos.
De manera muy especial, quiero expresar nuevamente a las
familias – con algunas de las cuales tuve la oportunidad de conversar – que
cuentan con todo mi apoyo y el de mi Oficina, y que nos solidarizamos con su
lucha y exigencias. Les reitero mi más afectuoso reconocimiento a su dignidad,
su valentía y entereza.
Finalmente, valoro la voluntad del gobierno mexicano a
colaborar con mi oficina para que las legítimas exigencias de las víctimas y
sus familias se traduzcan en acciones concretas de búsqueda, verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición. Sólo de esta forma, podremos decir
Nunca Más, Nunca Más.
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[1] El nombre completo del acuerdo es: Acuerdo entre la
Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
para brindar asesoría y asistencia técnica a la Comisión conformada por el
decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y
humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de
las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia.
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