de la ley que declare de interés público a los periodistas
Por Rogelio Hernández
López*
Lunes 15 de abril de 2019
Sí sabe de qué habla al referirse al periodismo. Tuvo su
etapa. Dirigió, con éxito inusual para esos tiempos, el periódico Corre la Voz
en Villahermosa allá por 1989. Logró una circulación de varios miles con una
línea editorial militante, de estruendosas denuncias, bien redactado, mejor
impreso y un sistema de distribución en mano con voceadores semi-asociados. Lo
pude constatar.
Él me explicó el esquema, me dio un paseo por la imprenta y
luego, una prolongada charla acerca de los principios políticos de Enrique
González Pedrero, de Julieta Campos y sus ideas de la democracia popular versus
democracia representativa. Yo llegué allí enviado por Excélsior.
Esos recuerdos de la única vez que este reportero ha tratado
al ahora Presidente de la República, revivieron en automático este 10 de abril
durante la mañanera (cuando insistió con sus réplicas contra el diario Reforma)
y sin pausas lanzó cuatro conceptos con los que estamos muy familiarizados los
periodistas y que muy pocos políticos manejan de esa manera:
Dijo: “Para mí los medios son organismos de interés público
y / tienen también que cumplir con una ética (…) Es distinto el respeto a la
libertad de expresión, de ideas, la libertad de prensa / pero cuando se trata
de unos asuntos así, ¿por qué no revelar la fuente? / Sería interesantísimo”,
remató, con la intención de levantar debate, polémica. Otra vez.
Y lo consiguió. Hubo reacciones de botepronto y enojosas
entre varios periodistas, sobre todo por el cuestionamiento al secreto
profesional (¿por qué no revelar la fuente?). La respuesta extrema fue de Jorge
Ramos dos días después en la mañanera con esos tonos y desfiguros tipo de
reality show que acostumbra “¡nadie de nosotros va a revelar sus fuentes!”.
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| La mañanera del 10 de abril. Fotos Captura. |
Es que el tema sí es sensible para la mayoría de periodistas
profesionales. Y el presidente lo sabe. Porque ligar, en un breve discurso, las
categorías de libertad de prensa, ética periodística y caracterizar a los
medios como de interés público, son expresiones de quien tiene una concepción
compleja de los medios y su rol en la infraestructura ideológica del Estado
(“Reforma es un partido”), del periodismo y sus pautas éticas que derivan de su
responsabilidad social de informar.
Por eso tomémosle la palabra para el debate.
Defendamos el secreto
profesional
En primer lugar las y los periodistas profesionales
debiéramos defender, con todo lo que esté a nuestro alcance, el secreto
profesional.
Es uno de los pocos derechos que hemos conquistado en
México, para hacer fluir la información necesaria socialmente a pesar de las
presiones cotidianas de nuestros empleadores, de políticos, de ministerios
públicos y jueces. Y no solo en la práctica, también hemos logrado leyes.
El secreto profesional, al parecer, fue reconocido
internacionalmente en 1933 como uno de los derechos de los periodistas por la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Resolución 1.003. Entonces
mezcló derechos, obligaciones y pautas éticas -que son voluntarias. Estableció
las categorías de: libertad de expresión; informar sin presión interna;
someterse a la cláusula de conciencia y al secreto profesional; a un salario
digno, condiciones de trabajo adecuadas y a acceder a los recursos y medios
necesarios para ejercer su profesión. Fue una resolución esencial.
En México no existe convención similar. De los 14 derechos
de los periodistas reconocidos internacionalmente aquí solo contamos con dos en
leyes de nivel federal (la protección ante riesgos y el secreto profesional).
El secreto profesional, como tal, está en dos leyes
estatales y en otras seis lo entrevera con otros derechos. Esto se inició
apenas en los trece años recientes.
En la capital del país se aprobó una ley específica sobre el
secreto profesional en 2006 e incluyó tres derechos más. Otra, casi espejo se
aprobó en
Sonora en 2011.
En otras seis entidades se incluyó al secreto profesional
como derecho.
El congreso de Chiapas aprobó una ley para el periodismo
donde incluye ese derecho con otros cinco en 2007, pero nunca se promulgó ni se
hizo el reglamento y menos se aplicó.
En 2011 se aprobó una ley para protección a periodistas en
Chihuahua. En Hidalgo se hizo la más avanzada hasta entonces, en 2012, con 7
derechos; el mismo año le siguieron similares en Quintana Roo (que es la más
completa), Colima y otra en Querétaro.
En 2012 se promulgó la ley federal de protección para
defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo, pero no se incluyeron
más derechos que el de protección y, al contrario, se insertó una definición
muy laxa de periodista que en realidad abarca a todo usuario de la libertad de
expresión y no enfoca bien a los más agraviados y asesinados que son los
reporteros.
Fue hasta 2014 cuando se reconoció a nivel federal el
derecho a proteger las fuentes de los periodistas, derecho que ya tenían otras
profesiones liberales, mujeres y hombres abogados, contadores, médicos y de
enfermería, psicólogos, trabajadores sociales y hasta sacerdotes.
Hasta entonces se reformó el Código Federal de
Procedimientos Penales y se reconoció el derecho de los periodistas a guardar
el secreto profesional como un bien individual que genera confianza y bienestar
en individuos y crea un bien social como es la información noticiosa de interés
público, sobre todo cuando la escatiman los servidores públicos y particulares.
El periodismo como
actividad de interés público
El otro concepto de Estado que emitió el Presidente López
Obrador fue, con poca precisión: los medios son de interés público. Si se
refería a las empresas ahí, ya hay desacuerdo.
En México no todos los medios pueden ser del interés
público, porque los de propiedad privada tienen como motivo motor la ganancia,
el lucro. Y, como empresas privadas tienen garantías que están por encima de
las que tienen sus trabajadores y sus mismos clientes o usuarios. La libertad
de empresa aquí se monta sobre la libertad de prensa. Las empresas más
poderosas, la mayoría ya como corporativos multimedia, con demasiada frecuencia
acomodan la información al interés comercial, y como se sabe a su conveniencia
política.
En el concepto de servicio social más distante del lucro, si
caben bien los medios públicos aunque igual con mucha frecuencia atajan la
fluidez de circulación de la información para acomodarla también como
propaganda a favor de quienes gobiernan.
Los que sí pueden y hacen circular la información con mayor
libertad, a pesar de los retenes a la libertad de prensa de patrones y
políticos, son las y los reporteros, o sea, los periodistas profesionales.
Su actividad reporteril es profesional cuando cumple los mínimos
estándares éticos y son los primeros en hacer valer el derecho ciudadano a ser
informado. Las y los reporteros garantizan más la circulación de la información
de interés social, son los practicantes más reales de la libertad de prensa,
aunque se expongan a todos los riesgos imaginables.
A esta actividad es la que se debiera declararse del interés
público.
Una reforma constitucional y un estatuto general que
reconozcan “al periodismo como una actividad profesional del interés público
que debe auspiciarse, tutelarse y protegerse”, derivarían en mayor libertad y
seguridad del periodismo profesional y, por supuesto en mayor fluidez de la
información que requiere la sociedad.
Ya se avanzó un poco con dos leyes federales y 20 leyes
secundarias en los estados que fragmentaria y confusamente reconocen algunos
derechos de las y los periodistas. Dos de estos derechos son para poder cumplir
la responsabilidad social: la protección de las fuentes y la cláusula de
conciencia.
Coincidamos. Hay necesidad de crear un medio ambiente que
frene los climas de violencia en contra de los periodistas y les proteja de
agresiones, maltrato social, laboral ni profesional. A propósito, siguen los
despidos masivos en los medios y no hay que defienda realmente los mínimos
derechos laborales.
***
(*) Reportero desde 1977. Especializado en investigación en
Excélsior, El Universal, Milenio y otros. Dos veces Premio Nacional por el Club
de Periodistas. Autor de los libros Zócalo Rojo, Zorrilla y Sólo para
periodistas. Profesor invitado en varias universidades. En 2013 y 2015 el
Colegio de Sinaloa le concedió la Cátedra de Periodismo y Comunicación “Pablo
de Villavicencio”. Miembro fundador del Consejo Consultivo del Mecanismo de
Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la
Segob (2010-2014). Director fundador de Casa de los Derechos de Periodistas,
A.C. Consultor en temas de protección, leyes y políticas públicas sobre el
periodismo en la asociación periodistastrespuntocero. Consejero editorial de la
revista Zócalo y del Sistema Informativo Vía Libre. Su columna para periodistas, Miradas de
Reportero, se publica en medios impresos y digitales de 14 entidades del país.
Es autodidacta. Email: rogeliohl111@gmail.com
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