* Con el objetivo de mejorar sustancialmente y dar certeza
al trabajo legislativo en la Ciudad, Coparmex propone poner en marcha un
sistema de evaluación autónomo, conformado por ciudadanos especialistas en
diversas materias, con calidad profesional, ética profesional y compromiso con
la sociedad
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| Jesús Padilla Zenteno, presidente de la COPARMEX CDMX. Foto Agencia Difunet. |
Ciudad de México, miércoles 5 de junio de 2019
Considerando la poca transparencia y los insuficientes
resultados del trabajo legislativo del I Congreso de la Ciudad de México, para la
Coparmex CDMX resulta indispensable se ponga en marcha un sistema de evaluación
legislativa.
El Centro Empresarial propone a los legisladores realizar
los análisis y estudios pertinentes para que en el futuro detecte problemas de
omisión, negligencia, falta de acuciosidad y armonización de las leyes, destacó
el presidente de la Coparmex CDMX, Jesús Padilla Zenteno.
Normas recientemente votadas y aprobadas en el órgano
legislativo de la capital del país como el artículo 60 de la Ley Constitucional
de Derechos Humanos y sus Garantías, llamada #LeyDespojo, además de la Ley de
Cultura Cívica, la Ley de Movilidad Sustentable y la Ley de Participación
Ciudadana, así como el retraso en la creación de instituciones y nombramientos
vinculados al Sistema Local Anticorrupción entre otras, han debido ser
modificadas o postergadas por los visibles errores encontrados tras su
publicación, mismas que pudieron haber ocasionado un alto costo político y
operacional dañino para la ciudad.
Además, este I Congreso de la Ciudad de México se ha
caracterizado por la falta de transparencia y rendición de cuentas traducidas
en la carencia de informes en su portal de Internet, así como de la misma
constitución local que ha sido modificada, pero se carece de una actualización
diaria, lo cual deja en la indefensión los derechos de los ciudadanos de esta
urbe.
Coparmex CDMX considera urgente conformar un sistema
evaluador desde el punto de vista técnico jurídico y generar los parámetros
necesarios para que las leyes que del Congreso emanen, cuenten con un mínimo
nivel de eficacia en el establecimiento de políticas públicas que permitan
lograr niveles de calidad y sean eficaces para los fines pretendidos.
Jesús Padilla Zenteno recordó que desde el Centro
Empresarial en la Ciudad de México, en enero del año pasado se realizó esta
propuesta con el fin de que las nuevas leyes o las reformas por realizar “no se
contrapongan a las ya existentes e, incluso, a la misma Constitución, evitando
de esta forma los juicios de inconstitucionalidad, pero, sobre todo, que se
dificulte la litis en la aplicación de los criterios en los diferentes juicios
que se observan a diario en los tribunales”.
Los órganos evaluadores propuestos por la Coparmex CDMX
deberían ser conformados por verdaderos ciudadanos especialistas, entre otros,
en temas de derecho constitucional para que no existan conflictos de interés y
se ponga por encima la calidad profesional, la ética y la responsabilidad y
compromiso de la sociedad que realmente quiere cambios en la forma de gestionar
la vida pública de la ciudad, dijo Padilla Zenteno.
La evaluación sistemática de la ley es una herramienta que
se ha utilizado de manera importante en la experiencia comparada, especialmente
en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), para optimizar el nivel de eficiencia de los cuerpos normativos y de
las políticas públicas que éstos regulan.
En el caso de Chile, en 2010 se creó por parte del Congreso
de aquel país el Departamento de Evaluación de la Ley, cuya función principal
es la de evaluar las normas jurídicas y proponer, en su caso, mejoras
correctivas para dichas normas, a través de una red de organizaciones sociales
interesadas en participar en el proceso.
En este sentido, al definir para cada ley metas, estándares,
objetivos, indicadores y agentes responsables, la evaluación sistemática
mejorará la rendición de cuentas a la ciudadanía y, por esta vía, la calidad de
nuestra democracia.
Es importante recordar, dijo el empresario, que un gobierno
es eficaz no solo por aprobar una alta cantidad de leyes, sino porque esas
leyes cumplan con los objetivos planteados en los planes de gobierno de los que
los Congresos tienen una gran responsabilidad para que se lleven a efecto.
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