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| CUARTOSCURO. |
Por Rogelio Hernández López*
Lunes 15 de julio de
2019
Hay un hedor a descomposición acelerada del poder político
en el Estado de México. Tiene varios síntomas. El fenómeno más preocupante es
el crecimiento de la violencia y la impunidad con que se cometen los delitos
especialmente en sus zonas más pobladas: Nezahualcóyotl, Ecatepec, Los Reyes La
Paz y Toluca. El segundo es que, en lo que va de 2019, la violencia en esas
zonas alcanzó a más periodistas que nunca, pero los autores son servidores
públicos.
Las amenazas, abusos, demandas civiles, golpizas se
multiplican contra reporteros mexiquenses, en grado tal que provocó lo
inusitado: la unidad que no habían logrado en décadas.
El 10 de julio circuló un documento firmado por colegas del
Valle de Toluca, del Valle de México y de la Zona Oriente. Eso es lo insólito.
Unitariamente decenas de periodistas emiten cinco demandas,
pero también solicitan reacciones inmediatas del gobierno de Alfredo del Mazo,
el de Andrés Manuel López Obrador, del Congreso de la Unión y el estatal, de
las comisiones de derechos humanos y de los 125 alcaldes.
23 agresiones
Es que no habían sentido tal hostilidad en tan poco tiempo.
Así lo registró la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, que el 9 de julio
emitió un recuento:
“De agosto de 2018 a la fecha, la Codhem ha recibido 23
quejas por agresiones a periodistas, 16 de ellas en el presente año, 8 de las
cuales se promovieron entre junio y julio, por lo que se advierte un incremento
en cantidad y frecuencia del fenómeno en la entidad”.
Eso es lo que detonó el comunicado unitario de los
periodistas mexiquenses que además acusan que: “el Gobierno del Estado de
México y los gobiernos municipales de Toluca, Tezoyuca, Nezahualcóyotl,
Ecatepec y La Paz, “no han brindado la mínima atención a estos casos de
agresión… no esperaremos un saldo trágico”.
Crisis del modelo prensa-poder
El modelo de relaciones del poder político mexiquense con la
prensa y los periodistas también se descompone aceleradamente.
Ese modelo había sido extraordinario por décadas, en
comparación con la mayoría de las entidades de la República, porque allí se
fomentó la multiplicación al infinito de medios de prensa, con una dependencia
extrema de los recursos públicos de la mayoría de los medios de todos los
tamaños tanto del Estado como de los municipios con poder económico.
Parte de lo extraordinario del modelo Estado de México es la
cantidad de medios y periodistas que sobrevivían hasta las elecciones de julio
de 2017.
Formalmente, el padrón federal de medios reconoce 14 diarios
impresos, el Congreso del Estado tiene vínculos comerciales con 120.
Extraoficialmente, entre periodistas se comenta lo terrible que es el número de
medios de prensa “fantasmas” (pocas páginas, mal diseñados, mal impresos y
escaso tiraje). Cuando se incluyen a los que circulan en los 125 municipios
pueden ser más de 600: “y eso, hasta este mes, porque siguen apareciendo
periódicos digitales como hongos” nos dice realistamente uno de los reporteros
históricos en Toluca.
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| Agresión a fotorreporteros en Toluca. CRISANTA ESPINOSA. |
Ese singular modelo mexiquense aceleró su descomposición
desde la llegada del actual gobernador Alfredo del Mazo Maza (septiembre de
2017). El tipo de relaciones se ha desconfigurado aceleradamente. Entró en
crisis en varios aspectos, singularmente por la indefinición pública de las
políticas de comunicación oficial diez meses después de iniciado este gobierno;
pero más todavía en la opacidad y la virtual suspensión de los flujos del gasto
de publicidad. “A la mayoría no les han revalidado convenios ni les pagan con
los anteriores… eso también ocurre con muchos gobiernos municipales”, se repite
estos días entre editores y reporteros.
La tercera crisis en las relaciones es que, con el
sofocamiento hubo recortes y cierre de pequeñas empresas, decenas de
periodistas despedidos, afloró más su maltrato profesional y, como efecto
coalición, proliferaron los periódicos digitales que, ampliaron la competencia
y por posicionarse buscan notas “vendedoras” especialmente de violencia e
incumplimientos gubernamentales.
Esto también amplió la distancia y las tensiones entre
medios y políticos. Los gobiernos tanto estatal como municipales están
perdiendo una instancia de propaganda. Entonces, los periodistas se volvieron
más incomodos y objetos de agresiones A eso hay que aunarle el ambiente de
violencia delincuencial que no han podido frenar las autoridades.
Exigencias de protección
Desde el 25 de abril de 2019, por peticiones y presiones de
periodistas, la fracción mayoritaria del Congreso Local que encabeza Morena
intenta una alternativa por la vía legislativa, pero se le imbricaron las tres
crisis del periodismo: inseguridad, la de publicidad y la precariedad en los
derechos laborales de reporteros y editores.
Ese día, la diputada Azucena Cisneros presentó una iniciativa
de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas del Estado de México, la quinta que en menos de 9 años se presenta
en la cámara mexiquense. Ninguna avanzó más que en hacer foros, no solo por
débil voluntad política del gobierno estatal y legisladores, sino porque otro
freno fueron las confrontaciones entre grupos y corrientes de periodistas.
Para este julio de 2019, parece más probable que se apruebe
una ley de protección a periodistas porque no la impulsa el gobierno del
estado, sino la coalición de Morena.
Sin embargo, para que esa ley avance parece fundamental que
las y los periodistas sigan unidos y con una agenda mayor a sus cinco puntos
del comunicado.
Otras medidas necesarias
- Ante las contingencias de inseguridad para el ejercicio
del periodismo, el Congreso y el Gobierno del Estado tienen que hacer una
campaña de reconocimiento que esta actividad es del interés público para hacer
valer el derecho de la gente a estar informada con libertad.
- Ya es tiempo también de hacer valer el código penal
federal que sanciona a quien obstaculice, agreda o impida el ejercicio de las
libertades de expresión y de prensa (ignoro si hay esas penas en el código
estatal). Tras cada agresión las asociaciones de periodistas pueden iniciar el
procedimiento penal contra quien resulte responsable.
- Es indispensable que el gobierno estatal y muchos de los
municipales difundan cuáles son sus políticas de comunicación, el tipo de
relación que quieren con los medios y sus criterios de gasto en publicidad. Y,
por supuesto, comenzar a cumplir sus compromisos previos de pago, antes de que
desbrocen la gigantesca lista de clientes “fantasmas”.
- En el Congreso, la fracción mayoritaria con sus aliados,
tienen que pensar no sólo en una ley sino en un andamiaje jurídico que atienda
las tres crisis:
- Ley de protección cautelar para el ejercicio del
periodismo;
- Ley del ejercicio del gasto público en publicidad del
gobierno central y de los municipios, en la que tendrán que incluirse a los
medios de prensa no lucrativos y éticos como alternativa al desempleo; y
- Modificaciones a leyes secundarias para conceder seguridad
laboral y social a los periodistas más vulnerables, no para todos.
Es de esperar que la ebullición de las y los periodistas
escale otro nivel de unidad, por ejemplo, un frente amplio permanente con un
protocolo de autoprotección y para la reacción inmediata contra agresiones (red
de redes) que haga reaccionar a los cuerpos de seguridad de inmediato.
Muchos saben que con una agenda común encontrarán aliados en
otras organizaciones y de periodistas fuera del Estado de México.
(rogeliohl111@gmail.com)
*Reportero desde 1977. Autodidacta. Especializado en
periodismo de investigación en Excélsior, El Universal, Milenio y otros. Dos
veces Premio Nacional por el Club de Periodistas. Autor de los libros Zócalo
Rojo (Edit. Océano), Zorrilla (Edit. Planeta) y Sólo para periodistas (Edit.
Grijalbo). Profesor invitado en varias universidades. En 2013 y 2015 el Colegio
de Sinaloa le concedió la Cátedra de Periodismo Pablo de Villavicencio. Sus
ensayos más recientes son: ¿Qué legislación hace falta para los medios de
Comunicación en México? (Fundación K. Adenauer), retratos de Manuel Buendía
(Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo), Prontuario de
recomendaciones para fortalecer a periodistas vulnerables de México (Freedom
House); consejero fundador del mecanismo de protección a periodistas de la
Segob hasta diciembre de 2014, cofundador y primer Director Ejecutivo de la
Casa de los Derechos de Periodistas, A.C. Fue Gerente de la Dirección de
Contenidos de Capital Media de diciembre de 2015 a febrero de 2019. Actualmente
se desempeña como Columnista y Consultor sobre asuntos de periodismo y
periodistas.
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