* “La protesta ciudadana es un legítimo derecho, esta
reforma al Código Penal, es antiextorsión, y no antimanifestación”: secretario
de Gobierno estatal
* Es un propósito “frente al aumento de las prácticas que
tienen como objetivo la extorsión y el beneficio económico para unos cuantos”:
diputadas
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| REFORMA/MARCO POLO GUZMÁN. |
Red-Accion | Tabasco,
Méx., lunes 29 de julio de 2019
Este lunes el Congreso del Estado de Tabasco aprobó reformas
al Código Penal estatal para la incorporación del delito “impedimento de
ejecución de trabajos y obras”, con lo que se castigaría hasta con 20 años de
cárcel el “bloqueo de obras públicas o privadas” y cierres carreteros por parte
de grupos que pretendan obtener “dádivas, cuotas o la obtención de un empleo”, y
que “ejerzan la violencia y utilicen menores de edad” en sus movilizaciones.
El dictamen señala que el delito contra la libertad de
tránsito existirá cuando “cualquier persona que carezca de facultad legal,
impida total o parcialmente libre tránsito de personas”.
Con 24 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones, asimismo
se aprobó la modificación de la redacción del artículo 38 bis para especificar
que la aplicación de la medida será contra protestas que buscan “extorsionar” y
no contra cualquier movilización que tenga lugar en la vía pública, como se
contempló al principio.
Luego de la controversia causada en un inicio por la propuesta
del gobernador de la entidad, Adán Augusto López Hernández, por presuntamente
buscar inhibir las protestas ciudadanas, los diputados aprobaron hacer cambios
al dictamen original que buscaba “castigar a quienes hagan bloqueos o protesten
contra obras”. Al final, una diputada del PRD y los diputados del PRI
abandonaron la sesión.
De acuerdo con informaciones locales, ello ocurrió luego de
que el secretario de Gobierno estatal, Marcos Rosendo Medina Filigrana, sostuvo
una reunión con los diputados locales en donde se determinó modificar el
dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y
Protección Civil del Congreso Local, y “mejorar la redacción” de este apartado.
“La protesta ciudadana es un legítimo derecho que está
previsto en la Constitución. Esta reforma al Código Penal, insisto, es
antiextorsión, en ninguno momento es anti manifestación”, dijo.
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| Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso local. CONGRESO TABASCO. |
En el marco de la discusión en el recinto legislativo, donde
por más de dos horas un grupo de ciudadanos exigió a gritos una consulta
popular sobre el tema, la fracción parlamentaria de Morena apuntó que las
modificaciones al código penal no persiguen “criminalizar a los ciudadanos ni a
las protestas que buscan su razón de ser en las injusticias”.
Puntualizaron, aclararon que lo que se busca es “hacer
frente a un incremento de las prácticas que tienen como objetivo la extorsión y
el beneficio económico para unos cuantos”.
“No se va a violentar el derecho a la manifestación, sino se
van a frenar las acciones de los sindicatos fantasmas que quieren
desestabilizar el estado a través de pseudo sindicatos. No se trata de
modificar, sino de adecuar el código penal”, dijo Rafael Sánchez Cabrales,
diputado de Morena.
La mayoría morenista defendió la propuesta del gobernador de
la entidad, Adán Augusto López Hernández, y destacaron que su aprobación
permitirá parar a los “seudo sindicatos” que impiden el desarrollo de trabajos
en zonas municipales como Cárdenas o Paraíso, este último sitio donde se
construirá la refinería de Dos Bocas.
El dictamen señala que el delito contra la libertad de
tránsito existirá cuando “cualquier persona que carezca de facultad legal,
impida total o parcialmente libre tránsito de personas”.
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| CONGRESO TABASCO. |
Por su parte, los grupos de oposición, entre estos el PRI,
señalaron que es una medida represiva que busca criminalizar “cualquier
protesta” y que el presidente Andrés Manuel López Obrador es incongruente, ya
que él fue parte de muchas protestas en espacios públicos y del gobierno.
“Lo que buscan es callar las voces de protestas que podrían
surgir contra cualquier autoridad; es autoritarismo”, dijo la diputada del PRI,
Ingrid Margarita Rosas Pantoja, quien voto en contra.
“Se trata inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer
cualquier tipo de manifestación en contra del Gobierno federal, estatal,
municipal o de cualquier otro ente público”, puntualizó.
Por lo tanto, la modificación establece que “al que
extorsione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el
libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o
similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y
medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306,
se le impondrá prisión de seis a 13 años”.
En ese sentido, la pena y la multa se aumentarán al doble
cuando “el responsable se haga acompañar de personas menores de edad o se
emplee violencia”.
Al término, una diputada del PRD, los diputados del PRI y su
coordinador, Gerald Washington Herrera Castellanos, abandonaron la sesión
cuando se sometió a votación si el dictamen ya había sido discutido lo
suficiente.
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que con la iniciativa “se está buscando corregir un vicio”, en la entidad.
“Se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para
poder llevar a cabo un trabajo de esa empresa o una compañía que trabajaba para
ella. Se les extorsionaba, se les cobraba 500 mil pesos a la semana para poder
pasar”, mencionó. ©
Con información de Congreso de Tabasco, Notimex, Medios.
Ra.
Ra.
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