* El 30 de junio se cumplieron cinco años de la masacre de
Tlatlaya, en la que al menos 12 personas fueron privadas arbitrariamente de la
vida por elementos del Ejército mexicano en el contexto de la militarización de
la seguridad pública. Hasta el momento no hay avance que esclarezca la verdad
ni existe resolución que sancione a funcionarios militares implicados en el
caso, destaca el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, publicado
en la Gaceta semanal de la Red TDT (Todos los Derechos para Todas y Todos).
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| La falta de rendición de cuentas de los elementos militares y el abuso de la fuerza han sido una constante desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Foto Archivo) |
Publicado en 1 julio, 2019
TLATLAYA: CINCO
AÑOS SIN JUSTICIA
* A pesar de demostrarse las ejecuciones arbitrarias, ningún
servidor público rinde cuentas por ello
* La impunidad en el caso envía un mal mensaje en el
contexto de la participación militar en la seguridad pública
Ciudad de México, 30 de junio de 2019.
Hoy se cumplen cinco años de la masacre de Tlatlaya, en
la que al menos 12 personas fueron privadas arbitrariamente de la vida por
elementos del Ejército mexicano en el contexto de la militarización de la
seguridad pública. Lamentablemente, a la fecha no hay ningún responsable
rindiendo cuentas ante la justicia.
El 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la
vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.
A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto
fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y
elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas, el
testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014
de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes
–el Organismo Nacional las cifra entre 12 y 15- fue resultado de ejecuciones
cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de
la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a
las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió.
El Centro Prodh logró acreditar, además, que días antes de
los hechos la unidad castrense implicada en las ejecuciones había recibido de
sus mandos una orden que literalmente instruía “abatir
civiles en horas de oscuridad”.
Obviando los límites que los estándares nacionales e
internacionales de derechos humanos imponen a la jurisdicción militar, la
Sedena inició una averiguación previa por los hechos. Luego de que esta
indagatoria fuera consignada, en marzo de 2016 el Juzgado Sexto Militar dictó
sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis
de los siete militares acusados; el séptimo fue condenado solamente a 1 año de
prisión por el delito de desobediencia.
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| Bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, lugar de la masacre. Foto Archivo. |
Por su parte, la PGR inició y consignó la Averiguación
Previa AP/PGR/UEITA/161/2014, en la que acusó a siete militares por el
homicidio de 8 civiles y por encubrimiento, pero debido a que no ofreció
pruebas contundentes para señalar la identidad individual de los soldados
responsables, estos fueron liberados con las reservas de ley por el Poder
Judicial de la Federación en mayo de 2016, a pesar de considerarse probado que
existieron ejecuciones arbitrarias.
Gracias a la incansable búsqueda de justicia de Clara Gómez
González, quien perdió en los hechos a su hija Ericka, adolescente al momento
de los mismos, el 31 de julio de 2017, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de
Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR, mediante una
sentencia dictada dentro del Juicio 545/2017, que realizara con debida
diligencia la investigación de los hechos, agotando la cadena de mando e
investigando la orden castrense que instruía a abatir delincuentes.
A pesar de esta sentencia y a pesar de los pronunciamientos
a favor de la justicia en el caso por parte de organismos internacionales, como
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de procedimientos
especiales, como el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, a la fecha no
hay un avance que se dirija al esclarecimiento de la verdad ni existe
resolución alguna que sancione por homicidio a los funcionarios militares
implicados en el caso.
Así, el encubrimiento y la impunidad que privan en este
emblemático caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la
seguridad pública en el momento en que ha entrado en operación la Guardia
Nacional.
Si los hechos no son esclarecidos y los responsables a todos
los niveles sancionados, se estará entendiendo que la privación de la vida en
el contexto de la intervención militar en la seguridad pública no tiene
consecuencias, lo que sin duda puede repercutir en nuevas y graves violaciones
a derechos humanos.
R/a.
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