* Advierte que la pretensión de aprobar hoy la Ley de
Participación Ciudadana es improcedente de acuerdo al mandato del artículo 30
de la Constitución de la CDMX; de realizarlo así, volvería a trasgredir los
derechos políticos y humanos de la ciudadanía
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| Claudia Guzmán González, presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex CDMX. DIFUNET. |
Red-Accion | Ciudad de México, lunes 12 de agosto de
2019
Ante el intento en el Congreso de la Ciudad de México de
aprobar hoy la nueva Ley de Participación Ciudadana, la Comisión de Desarrollo
Democrático de Coparmex CDMX advierte vicios de origen que conducen a la
ilegalidad e inconstitucionalidad de la legislación que se pretende aprobar,
que además excluye de manera abierta a toda discusión pública.
Esta afirmación la observamos frente a la determinación de
disminuir el porcentaje del presupuesto participativo, al contradecir todas las
iniciativas presentadas que proponían el 5% y resolver en la comisión
dictaminadora su disminución al 3% del presupuesto total de las Alcaldías. La
justificación de esta simulación la sostuvo el presidente José Martín Padilla
Sánchez, expresando que dicha decisión fue tomada en un “gabinete”, tal como lo
expresó el pasado viernes en la Comisión de Participación Ciudadana.
El grave riesgo de introducir el mecanismo de insaculación
para integrar los comités de participación comunitaria, bajo el argumento de
erradicar la cooptación de los partidos políticos en la conformación de los
comités vecinales es discriminatoria y violatoria, al suprimir el derecho
básico ciudadano de votar y ser votado de manera irrestricta, sometiéndolo a un
procedimiento aleatorio y azaroso, sin que ello garantice que las personas
sometidas a este proceso no sean clientelas políticas.
La determinación de asignar directamente a los comités la
ejecución los recursos públicos del Presupuesto Participativo, es absolutamente
improcedente, ya que el dinero público debe ejercerse conforme lo disponen las
leyes en materia presupuestaria, e implica dar a los vecinos la calidad de
“servidores públicos”, quienes en todo caso deberán someterse a la
fiscalización y rendición de cuentas, sin que en muchos casos tengan la
capacitación y experiencias necesarias, lo cual puede generar un incentivo
perverso para que sólo empleados o ex empleados del gobierno puedan participar
en lo que serían actos de simulación, que podrían derivar en falta de
transparencia y corrupción.
El Congreso de esta Ciudad pretende presentar, discutir,
aprobar en el pleno, remitir al ejecutivo para observaciones, esperar que el
ejecutivo lo publique de inmediato en la Gaceta Oficial, en un solo día. Lo que
no se hizo en 10 meses pretenden hacerlo en tiempos que no respetan el artículo
30 de la Constitución de la Ciudad de México, ratificando la violación a los
derechos ciudadanos mediante un artículo 5to transitorio que prevé convocar
hasta el próximo año a la Consulta; sin explicar por ejemplo, donde quedarán
los más de 1,200 millones de pesos presupuestados para este año, que deben
ejercerse mediante presupuesto participativo.
La Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex CDMX
reitera que de persistir las violaciones al debido proceso legislativo, se dará
lugar a la interposición de los recursos legales que sean pertinentes, incluyendo
las instancias internacionales.
Ra.
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