* Llamado al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, a defensoras de los derechos de las mujeres, a las organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general, a continuar buscando y fomentando los canales de diálogo con las autoridades para construir de manera conjunta las acciones que puedan erradicar la violencia contra las mujeres
Publicado en 19 agosto, 2019
Impunidad, factor principal que obstaculiza el derecho de
las mujeres a una libre de violencia
- El
hartazgo social: consecuencia de falta de acceso a la justicia, violencia
y dilación de las autoridades
Ciudad de México a 19 de agosto de 2019.
Hoy por hoy, la realidad nos indica que las acciones
emprendidas en todos los niveles de gobierno para garantizar el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia son insuficientes, para la dimensión del
problema que cada día impacta negativamente en la vida de las mujeres.
De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a junio de 2019 fueron
asesinadas 1,812 mujeres en México, es decir, un promedio de 10 mujeres por
día. A ello se suman las denuncias por violación sexual. En 2018 se registraron
un total de 15,322 denuncias por violación sexual a nivel nacional.
De igual forma, la vida de las mujeres se desarrolla en un
contexto de militarización de la seguridad pública que lejos de garantizar su
integridad física y libertad, atenta contra ella.
Como organizaciones defensoras de los derechos de las
mujeres que acompañamos y visibilizamos casos de violencia feminicida, hemos
documentado una ruta de impunidad y patrones que responsabilizan a las mujeres
de las agresiones y violaciones en su contra; la reproducción de los
estereotipos de género por parte de las propias autoridades, y lo que ello
implica para ellas y sus familias.
Ante ello, es indispensable señalar que no basta abrir las
carpetas de investigación por los delitos que ponen en riesgo la vida de las
mujeres, sino que es urgente y necesario que realmente se garantice el acceso a
la justicia de una manera pronta y efectiva.
Las organizaciones firmantes reivindicamos que la impunidad
y la falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades en todo el país,
agudiza la indignación y acrecienta el hartazgo social que necesita ser
atendido sin descalificaciones, sino como el pulso que nos permite sentir y
reconocer el nivel de afectación que hay en el tejido social, por la ausencia
de una política pública integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia que sufren las mujeres del país.
En este sentido, desde Justicia Pro Persona A.C.;
el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C., el
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red conformada por 43
organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados de la
República, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos
los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 87 organizaciones en 23
estados de la República, nos sumamos a las exigencias de colectivas,
víctimas, familiares de víctimas y defensoras de los derechos de las mujeres,
y exigimos que a la brevedad el Gobierno Federal, los gobiernos estatales
y municipales, atiendan las siguientes recomendaciones:
1.-Ante la negativa de la CONAVIM para declarar la
Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, solicitamos que la Jefa
de Gobierno realice dicha declaratoria, retomando las recomendaciones
realizadas por el Grupo de Trabajo y la propia CONAVIM, en el marco de la
solicitud realizada desde el 7 de septiembre de 2017 por las organizaciones:
Justicia Pro Persona A.C.; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de
Vitoria O.P. A.C. con el acompañamiento de la Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT) y el
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
2.-Se realicen investigaciones con perspectiva de género,
que den con el conocimiento de la verdad y el esclarecimiento de los hechos
ocurridos de violencia sexual perpetrados por integrantes de cuerpos de
seguridad pública.
3.-Se sancione a las autoridades responsables de la
filtración de información, violentando el debido proceso y la seguridad de las
víctimas y sus familias.
4.-Se conformen cuerpos de policías de género, formados
específicamente para atender las problemáticas que ponen en riesgo a las
mujeres.
5.-Se realicen acciones inmediatas para la reparación del
daño a las víctimas y se den garantías de no repetición.
6.-Se realice la actualización de protocolos de actuación
para las y los funcionarios públicos, a fin de garantizar su implementación con
perspectiva de género, derechos humanos y la debida diligencia.
7.-Acciones y políticas públicas firmes, coherentes,
sostenibles y basadas en el respeto y la garantía de los derechos humanos.
8.-Participación social y política de las mujeres en el
desarrollo e implementación de las estrategias que garanticen el derecho a una
vida libre de violencia.
9.-Los gobiernos eviten la criminalización de la protesta
social contra las mujeres, niñas y adolescentes que de manera legítima ejercen
el derecho a defender sus derechos, por el contrario, facilitar canales
efectivos de diálogo directo con las víctimas, las organizaciones, y colectivas
de mujeres.
10.-Se generen los marcos legales para sancionar a las
autoridades que desde el Gobierno Federal, Estatal y Municipal por su acción u
omisión violenten los derechos de las mujeres.
En el caso específico de la Ciudad de México, saludamos
la postura del Gobierno de la Ciudad de México de no criminalizar a las mujeres
que se han manifestado, y consideramos que es indispensable que la
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum genere el espacio y canal de
comunicación que permita dar seguimiento a las mesas de trabajo y acciones
emprendidas, hasta ver materializadas las propuestas de acción, iniciativas y
políticas públicas que emprenderán para la atención dicha problemática.
Estamos convencidas, que lo que sucede en la Ciudad de
México, es un indicador de lo que pasa en otros estados de nuestro país, por lo
que, las acciones desde la Presidencia de la República, la Secretaría de
Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y los
gobiernos de las entidades deben realizarse sin dilación, con eficacia y
respetando las manifestaciones de indignación y repudio, consecuencia de la
ausencia de una política integral que proteja a las mujeres de México.
Hacemos un llamado al movimiento de mujeres, al movimiento
feminista, a defensoras de los derechos de las mujeres, a las organizaciones de
la sociedad civil y a la sociedad en general, a continuar buscando y fomentando
los canales de diálogo con las autoridades para construir de manera conjunta
las acciones que puedan erradicar la violencia contra las mujeres y nos permita
vivir de manera plena, libre y seguras.
Organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de
Género para la Ciudad de México: Justicia Pro Persona A.C; Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.; Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF), y la Red Nacional de Organismos Civiles
de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada
por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana.
Ra.
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