* Tres ex subordinados en Sedatu y Sedesol le informaron la
existencia de irregularidades consistentes en la firma de convenios fraudulentos
y no hizo nada por impedirlo
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| Autoridades decretaron un receso de dos horas en la audiencia. REFORMA/ISRAEL ROSAS. |
Agencia REFORMA / Ciudad de México, jueves 8 de agosto de
2019
La Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles
haber causado un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 846
pesos.
Esto al considerar que fue omisa en la operación de desvíos
que llevaron a cabo sus subordinados en la Sedatu (Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano) y la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) en
la Estafa Maestra.
En la audiencia de imputación, los fiscales federales
revelaron que tres de sus ex subordinados en ambas dependencias le informaron
verbalmente y por oficio a Robles la existencia de las irregularidades
consistentes en la firma de convenios fraudulentos y no hizo nada por impedirlo
ni lo informó a su superior jerárquico, el entonces presidente Enrique Peña
Nieto.
De acuerdo con la versión, le reportaron las anomalías año
con año de 2014 a 2018, sin que hubiera una contra orden para impedirlas.
De hecho, estos tres testigos colaboradores declararon que
en una reunión celebrada en junio de 2014 entre funcionarios de la Sedesol con
Juan Manuel Portal, entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación,
éste le dijo a Robles de los actos de corrupción que habían detectado y de los
cuales también supuestamente fue omisa.
Los testigos son José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de
la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador
Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones, y María
del Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y
Enlace Institucional en la Sedatu y la desaparecida Sedesol, quienes ya
colaboraron con la FGR al haber recibido el beneficio del criterio de oportunidad.
Los fiscales informaron que son 27 los convenios generales o
de coordinación, los contratos particulares y los apéndices que se simularon
dentro de esta trama delictiva para desviar los más de 5 mil millones de pesos
a través de universidades públicas de Morelos, Quintana Roo, Chiapas e Hidalgo.
Ra
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