* Al margen de la sentencia emitida el 31 de mayo de 2018
por un Tribunal Colegiado, en que se ordenó la reposición “del procedimiento
aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los
policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para
obtener sus confesiones; también deberían establecerse las sanciones por
demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados”
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| Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Anti monumento de Paseo de la Reforma o monumento contra la impunidad, en la CDMX. AP/ARCHIVO. |
Notimex / Red-Accion | Ciudad de México, sábado 14 de
septiembre de 2019
Por la falta de resultados en el caso Ayotzinapa, por
omisiones e irregularidades por la desaparición de los 43 normalistas, la
Fiscalía de Ayotzinapa, como parte de la Fiscalía de General de la República
(FGR) inició las diligencias para responsabilizar a los funcionarios que “han
incumplido con sus funciones, y asimismo para generar las acciones que puedan
iniciarse”.
Ello, aparte de la sentencia emitida el 31 de mayo de 2018
por un Tribunal Colegiado, en la cual se ordenó la reposición “del
procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de
Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido
torturados para obtener sus confesiones; también deberían establecerse las
sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados”,
explicó la dependencia federal.
"En estas circunstancias, la Fiscalía de Ayotzinapa,
como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente,
presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean
necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva,
han incumplido con sus funciones", advirtió la FGR en un comunicado.
El órgano encabezado por Alejandro Gertz Manero indicó que a
partir de ese momento el nuevo fiscal independiente y autónomo, Omar Gómez
Trejo, con su equipo de trabajo y con el apoyo de la Fiscalía de Derechos
Humanos de esta institución, trata de obtener toda la información de todos los
procesos y de las gestiones ordenadas por la sentencia del Tribunal Colegiado
de Tamaulipas.
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| Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa en su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el pasado 10 de septiembre. SIR. |
Recordó que un juez de distrito en Matamoros dio un plazo de
10 días naturales para el cumplimiento de los protocolos de Estambul a lo que
la Fiscalía de Ayotzinapa le solicitó la ampliación del plazo para tal
cumplimiento, en razón de que cada uno de los investigados tiene que dar su
anuencia y a dicho protocolo no lo podía aplicar la FGR.
"Se tenía que encontrar una institución inobjetable que
los realizara proponiendo para ello a las autoridades de la Ciudad de México en
materia de derechos humanos; a todo lo anterior el juez de distrito se negó
otorgando la libertad a los policías locales procesados", reprochó.
Mencionó que, sobre los hechos delictivos del 26 y 27 de
septiembre de 2014, la investigación del caso Ayotzinapa fue descalificada en
forma permanente, tanto por la opinión pública como por los padres y familiares
de las víctimas.
Criticó que en octubre de 2015 la Administración anterior
creó una oficina de investigación del caso Iguala, la cual también fue
descalificada junto con la "verdad histórica", que fue la versión
oficial de los hechos delictivos referidos y la cual también fue impugnada por
peritos y expertos internacionales.
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| Reunión con padres y familiares de los alumnos fallecidos de la Normal de Ayotzinapa, en el Jardín de la cabecera municipal San Cristóbal, en Ecatepec de Morelos, el 21 de diciembre de 2014. JORGE VILLA/ARCHIVO. |
"Durante todo ese lapso, se iniciaron diversas
denuncias por parte de familiares, organismos internacionales, organismos no
gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en razón de
las irregularidades e ilegalidades y abusos que se habían dado en las
investigaciones y procesos sobre este asunto, llegando algunos de estos
recursos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)".
El 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una
sentencia en amparo señalando principalmente se debía reponer el procedimiento
aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los
policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para
obtener sus confesiones.
También, deberían establecerse las sanciones por demoras
injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados.
Ra.
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