* Juez del Penal Neza-Bordo les impuso también una sanción
de casi 700 mil pesos por reparación del daño
* Gobierno de Edomex se vio obligado a intervenir no por
mandato, sino por la fuerte presión social
El 8 de marzo de 2017 el cuerpo de Lupita fue encontrado en un basurero en el bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl. ARCHIVO. |
Red-Accion | Nezahualcóyotl, Méx., miércoles 4 de
septiembre de 2019
Un juez dictó esta tarde sentencia de 88 años de prisión a
la madre y padrastro de Lupita, mejor conocida como “Calcetitas Rojas”, en los
juzgados del Penal Neza-Bordo, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado
de México.
Además, Yadira Medina Pichardo y Pablo Rodríguez Escamilla,
declarados culpables por el asesinato de la niña de entre 3 y 5 años de edad,
el juzgador les impuso también una sanción de casi 700 mil pesos por conceptos
de reparación del daño, entre otros cargos.
En los juzgados de Control de Juicio Oral y de Ejecución de Sentencias, el juez exhortó al Registro Civil a expedir un acta
extemporánea con el nombre Guadalupe Medina Pichardo, para darle una identidad
a la menor.
La pequeña bautizada como “Calcetitas Rojas” fue golpeada
hasta la muerte y su cuerpo abandonado en el Bordo de Xochiaca, en el municipio
de Nezahualcóyotl, Estado de México, el 18 de marzo de 2017.
Durante 9 meses, nadie identificó el cadáver y nadie fue
señalado por el crimen, y semanas antes de esta fecha, la madre y el padrastro
de la menor fueron detenidos por el caso después de una intensa denuncia de
activistas, entre ellos Frida Guerrera.
Y fue precisamente Frida Guerrera quien señaló en su momento
que los presuntos culpables del asesinato tenían que pagar.
“La niña andaba de un lado a otro. Con una familia, con
otra. De repente era rescatada por su abuela. De repente quería rescatarla su
tía. La niña andaba siempre por muchos lados”, describió Frida.
Asimismo, el padre Alejandro Solalinde exigió a las
autoridades que le dieran protección a Frida, quien fue la persona que dio
seguimiento y visibilizó lo ocurrido con la pequeña.
El caso provocó una intensa condena social. Se trataba de un
caso de abuso, pero también de un Estado ausente. Los activistas dicen que el
Gobierno del Edomex se vio obligado a intervenir no por mandato, no porque le
importara, sino por la fuerte presión social.
Ra.
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