* La madrugada del 30 de junio de 2014, 22 personas fueron asesinadas en una bodega de San Pedro Limón, ubicada en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México
Agencia REFORMA / Red-Accion | Ciudad de México, jueves
17 de octubre de 2019
Un Tribunal federal ordenó la reaprehensión de los siete militares
presuntamente implicados en la matanza de 22 personas en Tlatlaya, ocurrida el
30 de junio de 2014, en el Estado de México.
El Sexto Tribunal Unitario del Estado de México ordenó a la
Fiscalía General de la República (FGR) regresar a prisión a estos siete
miembros de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) que habían sido
absueltos en 2016, por falta de pruebas en su contra.
A más de 5 años del enfrentamiento entre el Ejército y un presunto
grupo criminal en Tlatlaya, Estado de México, que dejó un saldo de 22 civiles
muertos, un tribunal federal ordenó la reaprehensión de siete oficiales
militares que participaron en los hechos y que habían sido absueltos en 2016
por falta de elementos en su contra.
La magistrada del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca,
Olga María Josefina Ojeda Arellano, ordenó la recaptura de los siete militares
por ejercicio indebido del servicio público y, para tres de ellos, por el
delito de homicidio, de acuerdo con lo informado por el diario Reforma.
Por el caso Tlatlaya murieron 22 personas. ARCHIVO. |
Los siete militares, que en esa época formaban parte del 102
Batallón de Infantería, son Ezequiel Rodríguez, Samuel Torres, Julio César
Guerrero, Alan Fuentes, Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo
Hernández, todos ellos acusados de ejercicio indebido del servicio público.
Por otra parte, Quintero, Acevedo y Hernández enfrentan
acusaciones por delito de homicidio.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro
Prodh) expresó, en un comunicado, que la resolución judicial “confirma que se
cometieron ejecuciones extrajudiciales, tal y como lo han señalado por cinco
años las sobrevivientes y los organismos de derechos humanos”.
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Para la organización queda acreditado que “las autoridades
civiles y militares encubrieron los homicidios” y “evidencia que el análisis
del magistrado que dejó en libertad a los militares fue parcial”.
San Pedro Limón
En la madrugada del 30 de junio de 2014, 22 personas fueron
asesinadas por soldados durante un enfrentamiento en una bodega de San Pedro
Limón ubicada en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
Según la versión inicial ofrecida por el Gobierno del
entonces presidente Enrique Peña Nieto, los fallecidos eran presuntos
delincuentes que murieron durante un enfrentamiento armado con los militares.
Dicha versión fue desmentida por uno de los tres
supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los
demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la
detención de siete militares.
Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el
suelo de la bodega el 30 de junio de 2014.
Sin embargo, un juez ordenó, en octubre de 2015, liberar a
cuatro de los militares implicados en la matanza tras considerar que la
Procuraduría General de la República (PGR), actual Fiscalía General de la
República (FGR), no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los
que estaban acusados.
Y en mayo de 2016, un juez federal desestimó los elementos
de prueba aportados por la Procuraduría y ordenó la liberación de los otros
tres militares implicados.
A inicios de agosto pasado, un juez federal ordenó reabrir
el caso tras determinar que la PGR no había realizado una investigación
“exhaustiva adecuada y efectiva”.
El año 2014 marcó un punto de inflexión en la popularidad de
Peña Nieto ante la matanza de Tlatlaya, la desaparición de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa y la compra irregular de un inmueble conocido como la Casa
Blanca.
Con información de EFE, Cencos.
Ra.
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