* La criminalización de la migración y de las personas
defensoras de los derechos de humanos no es un proceso nuevo, apuntan FLD,
PAM y RED TDT; sin embargo, las organizaciones internacionales y
de la región, incluyendo las autoras del informe(1) que aquí se
presenta, “hemos documentado que, a la par de la transición en la política
migratoria, hay un recrudecimiento en los ataques contra defensoras y defensores
de derechos humanos de personas migrantes”, publica el boletín de la RED Todos
los Derechos para Todas y Todos.
Red-Accion | Publicado en 25 septiembre, 2019
Grave patrón regional de agresiones contra DDH de
personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo
- La
investigación visibiliza la diversidad de abusos contra defensoras/es de
los derechos de personas migrantes en las distintas rutas migratorias y en
las zonas fronterizas
- Existe
un patrón de coordinación regional entre los gobiernos para criminalizar a
quienes defienden a la población migrante
- El informe se presentará también en Washington D.C., en el marco del 173° periodo de sesiones de la CIDH
Ciudad de México, 24 de septiembre, 2019 | Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios (Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) presentaron el informe Defensores sin muros: Personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en Centroamérica, México y Estados Unidos. Se trata de una investigación que busca visibilizar la situación actual de las personas, albergues y organizaciones que defienden los derechos humanos y ofrecen asistencia humanitaria en un contexto de creciente crisis para la población migrante.
Desde octubre de 2018, con el surgimiento de las caravanas
del éxodo centroamericano, se comenzó a implementar una narrativa de
criminalización en contra de las personas migrantes organizadas y quienes les
acompañan. Este discurso parte de una omisión deliberada de la capacidad de las
personas migrantes de construir estrategias que les permitan transitar en
condiciones menos peligrosas y determina que, quienes deciden acompañarlos en
sus trayectos lo hacen con fines de lucro. Asimismo, se invisibiliza que la
migración es consecuencia de la violencia política y económica, que expulsa a
las personas de sus países de origen, en busca de mejores condiciones de vida.
Esta situación se ha intensificado con el paso de los meses,
primero, en abril de 2019, cuando el gobierno mexicano decidió pasar de una
política de puertas abiertas, a la detención y deportación masiva de personas
migrantes, violando el derecho a solicitar protección internacional y/o cualquier
forma de regularización migratoria en el país; pero aún más a partir de las
negociaciones con Estados Unidos en junio de 2019, cuando México desplegó a la
Guardia Nacional en las fronteras norte y sur para fortalecer labores de
control migratorio.
La criminalización de la migración y de las personas
defensoras de los derechos de humanos no es un proceso nuevo. Sin embargo, las
organizaciones internacionales y de la región, incluyendo las autoras de este
informe, hemos documentado que, a la par de la transición en la política
migratoria, hay un recrudecimiento en los ataques contra defensoras/es de
derechos humanos de personas migrantes. Nos preocupa especialmente el aumento
de la criminalización y judicialización que se sostiene en discursos de odio y
xenofobia. Esto, a su vez, legitima la comisión de violaciones de derechos
humanos expresadas en difamación, amenazas, detenciones arbitrarias, falta de
acceso a la justicia y violaciones al debido proceso documentados en este
informe.
(1) Conoce el informe completo:
Ra.
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