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| CASEDE. |
Urge protección
integral a periodistas de
Guerrero; otro riesgo en Iguala
Guerrero; otro riesgo en Iguala
Por Rogelio Hernández
López*
Lunes 7 de octubre
de 2019
A periodistas de otros estados menos vulnerables les sería
más que difícil trabajar como las y los colegas de Guerrero, con las pocas
fortalezas que tienen y no obstante desafiar ocho frentes de riesgos en Iguala,
Chilpancingo, La Montaña y sobre todo en Acapulco.
Después de Veracruz, Guerrero ocupa el segundo sitio de
agresiones y riesgos. Se registran 15 periodistas asesinados (2 de ellos en
agosto de 2019: Edgar Alberto Nava López y Rogelio Barragán). Tan sólo la
fiscalía especial federal tiene registro de 71 indagatorias por diversos
agravios y únicamente de un consignado. Son razones de miedo.
No mejoran. A hombres y mujeres que reportean en Guerrero
les hicieron una evaluación de riesgos hace 4 años y hoy se han reducido muy
poco las 11 vulnerabilidades detectadas entonces a pesar de que ya cumplió 17
años una ley de dádivas gubernamentales que las contrarresta un poco.
Les detectaron también que tienen muy pocas fortalezas
frente a siete fuentes o sujetos de riesgo. En ninguna otra entidad hay tantos
factores atemorizantes: policías locales, funcionarios, grupos sociales como la
CETEG, policías ciudadanas, policías federales, militares y marinos, líderes
transportistas y empresarios, en ese orden. Un temor permanente es por tres
grandes grupos del crimen organizado por sí mismos y porque infectaron a muchos
de los anteriores.
En ese contexto se explica que el 27 se septiembre de
encendieran varias alarmas.
Otro en Iguala
En un mitin, algunos pocos colegas de Chilpancingo pidieron
a las autoridades de los tres niveles que brinden seguridades para los colegas
que han seguido el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por la liberación
de los implicados en las desapariciones (81 hasta el 7 de octubre).
En iguala se presentan a todas las coberturas alrededor de
50 personas como periodistas de medios locales, estatales y nacionales. los que
estuvieron en Iguala los días 26 y el 27 de septiembre de 2014 fueron unos 24.
De ellos, varios sufrieron amenazas y pidieron protección del mecanismo
federal. Hay mucha desconfianza a las instancias locales y estatales.
Los liberados son ahora la octava fuente de riesgo, y la más
concreta, que atiza más los miedos. Desde que comenzaron a salir se registran
otra vez ejecuciones en Iguala después de 3 meses de calma. “Eso pone a los periodistas en alto riesgo”,
alertaron sus colegas de Chilpancingo el 27 de septiembre.
Aumentaron los agravios
En 2016 se difundió el resultado de la Evaluación de riesgos
de periodistas de Guerrero elaborada durante meses del año anterior por los periodistas:
Javier Garza Ramos, Jorge Luis Sierra y Celia Guerrero con el patrocinio de
Freedom House, el Centro Internacional de Periodistas y la colaboración de
Periodistas de a Píe y Reporteros sin Fronteras. Se levantó una encuesta y se
hicieron entrevistas a 25 periodistas de la entidad.
Allí explican que “la evaluación se realizó en el contexto
de conflicto en la entidad, en la tensión que se vive tras la desaparición de
43 estudiantes normalistas en Iguala, la colusión de autoridades y grupos del
crimen organizado y la radicalización de movimientos magisteriales”. Los
municipios más riesgosos para periodistas fueron, en orden de importancia,
Acapulco, Chilpancingo, Tlapa, Iguala. Poco de eso ha cambiado y sí empeoró.
Por ejemplo, en 2015 documentaron sólo 11 casos de agresión
en Guerrero desde diciembre de 2012. El clima atemorizante creció. En el portal
de la fiscalía especial de la FGR hasta julio de 2019 tenían documentados de
Guerrero 13 homicidios sin contar a los dos colegas abatidos en agosto, 71
indagatorias, 41 averiguaciones previas, 26 carpetas de investigación y una
orden de aprehensión. Faltan los datos que tenga la fiscalía del estado.
Vulnerables, la mayoría
“Los periodistas consultados en Guerrero –dice la evaluación
de riesgos-- también identificaron las fortalezas y debilidades que tienen para
establecer objetivos y medidas que puedan mejorar su protección. Las
condiciones de vulnerabilidad (11) son constantes en todas las regiones del
Estado”.
“No hay respaldo institucional de los medios y empresas.
Bajos salarios. Inestabilidad laboral. No hay seguridad social. No hay seguro
de vida. No hay respaldo de medios para sus corresponsales, que son freelance.
No hay prestaciones para corresponsales. No hay costeo del equipo de trabajo
por parte de las empresas (teléfonos, computadoras, cámaras). Gobierno del
Estado ofrece capacitaciones con condiciones y objetivos de corrupción. No hay
contactos confiables con fuerzas de seguridad. Hay poco contacto con editores.
Éstos exigen publicación de información al momento sin considerar aspectos de
seguridad. Poco conocimiento de herramientas de seguridad digital,
especialmente para comunicaciones”.
Y no preguntaron
sobre los niveles académicos y la profesionalización continua, que en otros
estados sureños los índices oscilan entre media y muy baja. El bajo
profesionalismo es factor de riesgo.
Muy pocas fortalezas
El contraste que encontraron los periodistas investigadores
al indagar de las fortalezas para el desempeño y seguridad, en 2015 era
extremoso: “Pocos medios ofrecen apoyo institucional y seguridad social. Redes
de apoyo (algunas). Contactos con organizaciones nacionales/internacionales de
defensa de periodistas (de algunos). Capacitación ofrecida por organizaciones
nacionales e internacionales”. Y ya.
Desde entonces ha mejorado un poco la atención gubernamental
pero todavía no hay en la entidad una ley de protección para periodistas con un
mecanismo propio y que les reconozca derechos profesionales.
En 2010 se promulgó
la ley 391 para defensores de los derechos humanos y hasta apenas en octubre de
2017 se creó la Unidad Estatal Para La Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, Como Órgano Administrativo Desconcentrado de la
Secretaría General de Gobierno, pero sin ese marco jurídico propio para los
periodistas y, además, se creó un mecanismo incompleto solo para cumplir el
compromiso de vinculación con el mecanismo federal.
La única fortaleza que presumen los gobiernos de Guerrero y
muchos colegas –pero critican Ongs y periodistas de otras entidades—es la ley
463 promulgada en 2002. Es la única ley de fomento al periodismo vigente en el
país. Legaliza un fondo anual que sirve para repartir recursos a periodistas
con poca fortaleza social. En otros lados se le llama la “Ley Chayo”.
Desde 2014 ese fondo se estabilizó en alrededor de 5
millones de pesos para repartir a unos 480 periodistas de todos los municipios.
Las partidas son para pólizas de seguros de gastos médicos por 50 mil pesos;
entrega hasta 10 mil pesos para gasto libre con la condición de facturar al
gobierno del estado; becas para preescolar; gastos de maternidad por 25 mil
pesos. También ayuda para trámites de Registro Civil, para examen de la vista
con lentes y el acceso al seguro popular.
En 17 años demasiadas empresas de prensa han recibido esa
“ayuda” indirectamente para no pagar prestaciones y no se sabe de algún informe
especial acerca de mejoras en su calidad de vida que hayan tenido los
periodistas beneficiados. Según la Evaluación de riesgos de 2015, indicaba que
la mayoría de las y los periodistas activos seguían en bajo nivel de
condiciones sociales, pero más atados al fondo que maneja el gobierno del
estado.
En resumen, habrá que saber qué medidas están tomando las
autoridades municipales y estatales para atender la alerta de medidas
preventivas y cautelares para los periodistas que han hecho la cobertura del
Caso Iguala. El mecanismo federal ya reaccionó.
También parece urgente que se pronuncien contra posibles
agresiones a periodistas de Iguala el gobierno federal, el actual de Guerrero y
el Congreso del Estado busquen alternativas a lo que existe ahora para
allegarles fortalezas profesionales y que ha servido muy poco.
Por ejemplo, un plan
de políticas públicas --y quizá una ley—estatal de protección integral al
ejercicio del periodismo como actividad de interés público, para trascender la
protección cautelar, lo convenenciero del fondo de dádivas para que realmente les
genere derechos, fortalezas laborales y
profesionales a los periodistas verdaderos, para que puedan trabajar con
libertad de pensamiento, con seguridad y con ética profesional.
(*) Reportero desde 1977. Especializado en investigación en
Excélsior, El Universal, Milenio y otros. Dos veces Premio Nacional por el Club
de Periodistas. Autor de los libros Zócalo Rojo, Zorrilla y Sólo para
periodistas. Profesor invitado en varias universidades. En 2013 y 2015 el
Colegio de Sinaloa le concedió la Cátedra de Periodismo y Comunicación “Pablo
de Villavicencio”. Miembro fundador del Consejo Consultivo del Mecanismo de
Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la
Segob (2010-2014). Director fundador de Casa de los Derechos de Periodistas,
A.C. Consultor en temas de protección, leyes y políticas públicas sobre el
periodismo en la asociación periodistastrespuntocero. Consejero editorial de la
revista Zócalo y del Sistema Informativo Vía Libre. Su columna para periodistas, Miradas de Reportero,
se publica en medios impresos y digitales de 14 entidades del país. Es
autodidacta. Email: rogeliohl111@gmail.com
Ra.
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