 |
| WALLPAPERK. |
Miradas de reportero
Que los medios
públicos generen recursos
y dejen la mendicidad
y dejen la mendicidad
Por Rogelio Hernández
López*
Lunes 25 de noviembre
de 2019
Es muy probable que al confirmar los presupuestos que
tendrán para 2020 cundirá el desaliento entre quienes dirigen los medios
públicos principales. Tendrán que esperar otro año -si aguantan-, para que sean
considerados estratégicos dentro del cambio de modelo de la comunicación
política del gobierno que ha optado por los recortes publicitarios drásticos y
el choque sistemático con los medios privados convencionales.
Lo que puede salvar a los medios públicos principales de la
acostumbrada mendicidad anual es que en 2020 se apruebe una ley que los
considere como sujetos jurídicos de interés público no lucrativos, para que
puedan tener obtener otro tipo de ingresos, estos autogenerados por venta de
espacios, tiempos, servicios y otras actividades.
Mientras tanto serán muy malas noticias para quienes
trabajan en Canal 22 el confirmar que les recortarán 30 por ciento del
presupuesto autorizado en 2019; a los de televisión educativa 10 por ciento y
3.34 por ciento al que se pretende sea rector de los medios públicos: el
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM).
Habrá también malas noticias para los que laboran en el
Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y en Canal Once que recibirán incrementos
menores a la inflación esperada: 1.06 y 2.67 por ciento respectivamente.
Y habrá un poco de aliento entre trabajadores y directivos
de Notimex y Radio Educación que sí obtendrán un incremento de 5.45 y 6.16 por
ciento respecto a los que recibieron el año anterior.
En todos los casos será muy difícil, por no decir imposible,
su desarrollo como medios y por tanto mejoría de sus trabajadores. Los recursos
asignados apenas les alcanzan para la operación cotidiana y con precariedades
crecientes.
En el fondo, este maltrato presupuestal a los medios
públicos significa suspender, una vez más, la ampliación del derecho a la
información y que la libertad de expresión sea mejor informada.
Alerta de Amedi
Por eso y más, la Asociación Mexicana del Derecho a la
Información (Amedi) lanzó una alerta pública el 19 de noviembre.
“Actualmente -anotó la directiva de la Amedi-, las
instalaciones de los medios públicos se encuentran en estado deplorable, la
infraestructura carece de mantenimiento y no ha sido modernizada, mientras que
los equipos de transmisión y el parque tecnológico sufren de obsolescencia”.
Este comunicado se emitió en la víspera -y fue parte del
jaloneo-, de la aprobación del presupuesto de egresos de la federación para
2020. Se dirigió a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda
y Crédito Pública de la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y las
dependencias competentes. Ahí, se machacó la función estratégica que debieran
cumplir estos medios:
“Cabe recordar que los medios públicos deben ser un
contrapeso de la programación que ofrecen los medios electrónicos comerciales.
Contribuyen al derecho a la información, la libertad de expresión, la
pluralidad de contenidos, la diversidad de expresiones y la multiculturalidad.
Tienen un compromiso constitucional con la calidad de los contenidos, la
veracidad informativa y la promoción de los derechos fundamentales, cada vez
más comprometidos”.
Los mendigantes
En este 2019 se elevó esa importancia estratégica de los
medios públicos en México. Apenas inició el intento de quebrar el modelo de
comunicación social, de mutuas conveniencias y de muchas opacidades, entre
gobernantes con los medios privados. Son muy frágiles todavía las tres medidas
nodales: recortar otra vez el gasto público publicitario, las conferencias
presidenciales matutinas y sobrevalorar el activismo en las redes socio
digitales, que producen demasiado ruido mediático y desconcierto porque
producen más propaganda y diatribas porque no tienen intención de informar como
si lo hacen los periodistas profesionales.
Para el nuevo modelo, que apenas atisba una configuración,
se ofrecieron políticas públicas para reducirles vulnerabilidades a las y los
periodistas profesionales y apenas hay dos promesas; también y e ofreció ceear
un sistema de medios públicos similar a los de países más desarrollados, pero
no se han informado avances de esa promesa.
En contraste, lo más concreto es que se decidió seguir
castigando los presupuestos de los medios públicos principales que cada año
tienen que prácticamente limosnear para que no les castiguen más.
Por ejemplo, Canal 11 tuvo 643 millones en 2013 y para 2020
ejercerá 544.7; Canal 22 que en ese año tuvo 232 millones bajará a 155.7.
Al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano le
han ido reduciendo desde 2018 los 643 millones y para 2020 quedará en 607.3
millones de pesos.
El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) en 2017 le
autorizaron 254 millones y ahora le asignaron 160 millones de pesos. (ver
tabla).
Si hay salida
Ya se ha referido en esta columna que desde 1985 el
periodista Miguel Ángel Granados Chapa se anticipó en proponer que el Estado
mexicano disminuyera la contradicción principal del modelo de comunicación
social que permitió la concentración de la propiedad de los medios, el
acaparamiento del gasto publicitario y la mercantilización extrema de las
noticias. Modelo que deformó y obnubiló el derecho a la información y las
libertades de expresión y de prensa.
Las decisiones del gobierno actual de bajar el gasto federal
en publicidad de más de 8 mil millones a la mitad en 2019 y recortarlo a 2 mil
200 millones para 2020, aunada al “dialogo circular” de las mañanas son apenas
atisbos de un modelo alternativo.
Para el nuevo modelo debería considerarse la conveniencia de
que la nueva ley de gasto publicitario asimile la vieja propuesta de reconocer
jurídicamente a la prensa no lucrativa como sujeto de interés público.
Esa ley que debería ser general, es decir para los tres
niveles de gobierno, normaría la transparencia del gasto público publicitario
y, a la vez, especificaría derechos y obligaciones para los medios no
lucrativos. Los medios privados quedarían fuera de esta ley y su el plano
mercantil en que se encuentran.
En la prensa no lucrativa entrarían los medios públicos y
sociales, comunitarios, medios impresos o digitales propiedad de asociaciones
civiles de periodistas no mayores de 20 personas. En todos los casos tendrían
que operar sin fines de lucro para obtener preferencia presupuestal y/o
publicitaria del sector público.
En el caso de los medios sociales, donde quedarían las
asociaciones de periodistas, si debieran tener varias obligaciones: una
propuesta editorial de cercanía con sus poblaciones y/o coberturas
especializadas, pero además contar con códigos de ética profesional con los
defensores autónomos de la información y de los públicos.
Eso sí sería democratizar la información de interés público
más allá de ese dialogo circular y disminuir la publicidad en medios
convencionales que, por voluntarismos, decisiones que harán agua de no
institucionalizar en leyes la participación de los distintos actores en la
comunicación social y política para los nuevos tiempos.
(*) Reportero desde 1977. Especializado en investigación en
Excélsior, El Universal, Milenio y otros. Dos veces Premio Nacional por el Club
de Periodistas. Autor de los libros Zócalo Rojo, Zorrilla y Sólo para
periodistas. Profesor invitado en varias universidades. En 2013 y 2015 el
Colegio de Sinaloa le concedió la Cátedra de Periodismo y Comunicación “Pablo
de Villavicencio”. Miembro fundador del Consejo Consultivo del Mecanismo de
Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la
Segob (2010-2014). Director fundador de Casa de los Derechos de Periodistas,
A.C. Consultor en temas de protección, leyes y políticas públicas sobre el
periodismo en la asociación periodistastrespuntocero. Consejero editorial de la
revista Zócalo y del Sistema Informativo Vía Libre. Su columna para periodistas, Miradas de
Reportero, se publica en medios impresos y digitales de 14 entidades del país.
Es autodidacta. Email: rogeliohl111@gmail.com
Ra.
Publicar un comentario Blogger Facebook