* Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
(OCNF) es impostergable que el Ejecutivo Federal tome a la brevedad acciones
congruentes, reales y eficaces para generar una política integral con
perspectiva de género para combatir el feminicidio en México, de la mano de
familiares de víctimas, sobrevivientes de violencia feminicida, sociedad civil
y organismos internacionales, de acuerdo con lo publicado por la gaceta de la
RED TDT este lunes
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| ARCHIVO/JORGE VILLA. |
Red-Accion | Ciudad de México, martes 18 de febrero de 2020
La vida de las
mujeres no se resume en un “decálogo”: OCNF
Nuevamente, se han hecho públicas, diversas manifestaciones
de indignación y repudio contra la violencia feminicida en México,
particularmente luego del feminicidio de la joven Ingrid Escamilla, asesinada
el pasado 9 de febrero en la Ciudad de México.
Este clamor en busca de justicia, es también el grito de
desesperación de miles de mujeres y jóvenes que exigimos una respuesta real a
la problemática en la que al menos 10 hombres al día, acaban con la vida de las
mujeres.
Una vez más, ha quedado evidenciada, la ausencia de una
política integral que garantice en México, el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia. Por el contrario, día con día se expone a la luz pública,
la falta de voluntad política para poner en primer lugar la atención al delito
del feminicidio, que de acuerdo a datos oficiales del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incrementó 137.5% durante los
últimos cinco años.
Ha quedado evidenciado también: el desconocimiento del tema,
la falta de perspectiva de género y la ausencia de una política real de
prevención y atención impulsada desde el Ejecutivo Federal, que llegué hasta
los municipios más recónditos del país, como símbolo que materialice el compromiso
de las autoridades para poner fin a la violencia feminicida.
Cabe señalar que, en 2019, solo 976 casos fueron iniciados
como feminicidio, pues existe aún mucha resistencia, discriminación y
deficiencias que derivan en la impunidad, a pesar de la gravedad y brutalidad
con la que son asesinadas las mujeres.
Aunado a ello, la violencia feminicida no distingue edad y
tampoco se frena frente a niñas y adolescentes que también son víctimas de esta
violencia de manera brutal, como es el caso de la niña Fátima Aldrighetti,
desaparecida el 11 de febrero de este año, asesinada, hallada sin vida y
abandonada el 16 febrero.
Como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
podemos decir que las mujeres en México vivimos un contexto generalizado de
violencia, en el que las autoridades de los tres niveles de gobierno permanecen
prácticamente ausentes y omisas.
Ante ello, es impostergable que el Ejecutivo Federal, tome
acción y a la brevedad:
Construya de la mano de familiares de víctimas,
sobrevivientes de violencia feminicida, sociedad civil y organismos
internacionales, una política integral con perspectiva de género para combatir
el feminicidio en México.
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Instruya a la Secretaría de Gobernación y al Instituto
Nacional de las Mujeres a hacer públicos los avances en la implementación del
Plan Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en
México presentado en marzo de 2019.
Instruya a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Conavim) a hacer públicos e implementar de manera
urgente y efectiva, las estrategias de prevención a la violencia feminicida en
nuestro país.
Promueva la estandarización e implementación de los
Protocolos de Investigación del Delito de Feminicidio, bajo los estándares de
la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “Mariana Lima
Buendía” que tenga como fin el cese a la impunidad.
Como defensoras de los derechos humanos, que desde hace más
de 13 años hemos caminado de manera ética de la mano de las víctimas, para
visibilizar la problemática del feminicidio; contribuyendo en la construcción
del tipo penal del feminicidio; en la creación de los protocolos de
investigación del delito y en el acompañamiento de casos para que el acceso a
la justicia sea garantizado; reconocemos
que las acciones y políticas públicas para garantizar los derechos de las
mujeres, no se resumen en un “decálogo”, contrario a ello, es necesaria la
formación, comprensión y acción efectiva para garantizar la vida e integridad
de las mujeres y con ello, restaurar el tejido social que cada día se rompe y
vulnera.
De manera respetuosa, hacemos un llamado a las mujeres en
puestos de poder y conocimiento en la materia para que, en el ámbito de sus
competencias, contribuyan al impulso y seguimiento de acciones que puedan
derivar en el fortalecimiento de una política integral con perspectiva de
género, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
y que erradique la falta de respuestas eficaces que hasta la fecha prevalece
por parte de las autoridades. ©
Ra.
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