Miradas de reportero
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| El foro estuvo presidido por el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez. Foto RHL |
Red-Acciones | 24 de enero de 2022
Apenas había comenzado en la Secretaría de Gobernación (Segob) el primero de siete diálogos para sustituir la ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, cuando comenzó a circular la noticia del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel en Tijuana, Baja California . el segundo colega victimizado en enero.
Pero en esa sesión nadie lo hizo público, ni siquiera los poquísimos compañeros que participaron.
Tampoco hubo crónicas en la gran prensa sobre los dos días de aquel insólito diálogo.
Lo insólito del foro es que el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, ha convocado a un ciclo de 7 o más consultas en regiones del país (diálogos, los llamó) para obtener el más amplio consenso social en la construcción de un politica de estatus
Una política de Estado que proteja estas dos actividades de interés público con un sistema nacional de prevención, con obligaciones para los tres órdenes de gobierno y varias dependencias más del gobierno federal.
La importancia de ese primer foro también se reflejó en la gran asistencia y buena representación de organizaciones internacionales y nacionales, en su mayoría activistas de derechos humanos.
Muy pocos periodistas
Pero el asesinato del fotoperiodista, Margarito Martínez Esquivel, puso un tinte oscuro en el foro. Y ese manto negro de periodistas victimizados en México seguirá creciendo desde diciembre de 2018. Ya son 52. Los diálogos son para buscar colectivamente alternativas que puedan frenar este otro ciclo sangriento.
Lo paradójico es el desinterés de este gremio de abanderados, como quedó reflejado en el primer foro: entre los más de 150 asistentes (104 a distancia y unos 50 presenciales), solo 9 periodistas profesionales en activo en su campo pudieron ser identificado. quienes participaron solo el 6 por ciento y la mayoría limitada por ser remota.
En el salón de la Segob, la participación de sólo periodistas profesionales (Juan Bautista Aguilar y Laura Barranco) contrastó demasiado con las de representantes de la Oficina de Derechos Humanos en México de la ONU, de la CIDH de la OEA, de la CNDH, de Artículo 19, de Reporteros sin Fronteras, del CPJ, de la asociación civil Ideas, del grupo Hermanos Cerezo, del Centro Fray Francisco de Vittoria, de ACMR, de CIMAC, Propuesta Cívica, la Red TdT, de PBI. Todos ellos activistas profesionales de organismos internacionales y nacionales que, por su número, visiones y conocimientos adquiridos a lo largo de los años, recurren siempre a espacios, tiempos y propuestas.
Otros siete compañeros solo pudieron enviar textos digitalmente y no todos fueron leídos en plenario: Luis G Velázquez, Hugo Morales, Jesús Medina, Roberto Fuentes Vivar, Betty Astudillo y Héctor Peñaloza.
También hubo participaciones de mujeres y hombres beneficiarios del Mecanismo. Entre ellos, los dos informantes digitales que se identificaron como Omar y Amir se destacaron por sus múltiples intervenciones, algunas muy duras, en demanda de castigos para los operadores del mecanismo e investigaciones para el Consejo Consultivo Ciudadano.
Faltaban periodistas profesionales que expusieran las diferencias en su trabajo profesional y social y sus propuestas. También faltó información de la gran prensa sobre los dos días del diálogo, a pesar de su importancia. Solo circuló una columna del colega Roberto Fuentes Vivar.
Los propósitos del diálogo
Durante la toma de posesión, Alejandro Encinas Rodríguez destacó que se hará especial énfasis en la prevención de agresiones y en la definición de las competencias de los tres órdenes de gobierno, pues en muchos casos son las propias autoridades quienes las provocan. Por lo que el nuevo sistema nacional tiene las funciones y facultades para iniciar acciones penales contra quienes infrinjan la ley y vulneren estos derechos.
“Queremos escuchar todas las voces de las distintas regiones del país”, insistió Encinas, “la discusión tiene que ser abierta y libre para generar consensos que se traduzcan en una iniciativa que será presentada al Congreso de la Unión , donde habrá un proceso parlamentario abierto para obtener una ley que tenga legitimidad y facilite su implementación”.
El sentido general e importancia de ese primer foro fue sustentado por el vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, los presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos en el Senado de la República de Kenia López Rabadán y de la Cámara de Diputados Nelly Minerva Carrasco, por el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, por el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), Guillermo Fernández-Maldonado, por representantes de mecanismos de los estados de México , Morelos y otros, así como por el presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo, Alberto Xicoténcatl Carrasco y por las decenas de activistas allí presentes.
Enrique Irazoque Palazuelos titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Erick Javier Martín Salas (nuevo Director General del Mecanismo) encabezaron los diálogos del 17 y 18 de enero. Previo a ello presentaron un informe detallado sobre la situación de los beneficiarios y de los Mecanismo en sí, un reportaje que merece otra columna.
Primer Consenso
Erick Javier Martín Salas fue el encargado de presentar las propuestas más repetidas como primer consenso y comentarios aceptados. Anunció que días antes del próximo diálogo regional se hará público el informe del anterior. Luego se mencionaron las siguientes convergencias:
- Que la nueva ley sea de Carácter General y de obligado cumplimiento para el sector público, incluidos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
- Que se prevean obligaciones para los tres niveles de gobierno, que se incluyan policías federales, estatales y municipales y que se revisen los bandos de gobierno para evitar limitaciones a defensores y periodistas.
- Establecer Mínimos para la coordinación de la federación con las entidades estatales y municipales y para sus leyes locales vigentes o futuras.
- Que exista un modelo nacional de prevención con acciones concretas de otras dependencias federales y de los tres niveles de gobierno.
- Ampliar la participación de la sociedad civil en un nuevo Consejo Ciudadano de alcance nacional.
- Establecer acciones permanentes de reconocimiento público a la labor de las personas defensoras y periodistas.
- Que se incluyan obligaciones con el sector privado porque muchos ataques vienen de particulares.
- Que se redefinan ellos y los beneficiarios como sujetos de derechos y no como objetos de protección
- Fortalecer el Mecanismo de Protección y garantizar los recursos humanos y financieros
- Fortalecer el funcionamiento interno del Mecanismo de Protección, garantizar la alta capacitación del personal operativo y que las representaciones de otras dependencias sean del más alto nivel. Que la CNDH sea más activa.
- Que exista un abordaje integral del mecanismo de protección, para que puedan atender a las familias y grupos a los que pertenecen los beneficiarios.
- Incorporar también la perspectiva de género, enfoques interculturales, colectivos, comunitarios y discapacitados. Garantía de intérpretes y traductores.
- Definir qué beneficiarios en riesgo pueden optar entre protección estatal o federal.
- Realizar un registro de agresiones y agresores, generar mapas de riesgo a nivel estatal y municipal, Incluir en la tipología de delitos los ataques cibernéticos, así como la omisión y negligencia de servidores públicos.
- Fortalecer las metodologías de Análisis de Riesgos.
- Garantizar planes de protección con medidas sociales físicas, digitales y psicosociales (como en la CDMX).
- Garantizar la debida diligencia en la investigación de delitos contra defensores y periodistas.
- Asegurar que los planes de protección permitan continuar con el trabajo de defensa y periodismo.
Las propuestas más repetidas perfilaron estos consensos. La mayoría eran defensores de los derechos humanos. Y ese será probablemente el tema en los próximos siete foros regionales debido a la baja participación de los periodistas.
Anunció que los siguientes diálogos se realizarán en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, donde se registra la mayor cantidad de agresiones contra defensores y periodistas. Al final se anunció que habría reuniones técnicas en otras entidades y en la Ciudad de México.
¿Habrá periodistas entristecidos por los crímenes contra su sindicato que se preocupen por lograr más derechos y garantías a su libertad e integridad y participen en los foros?
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