La entrega de dinero justificaba desarrollos de proyectos opacos, como la mejora de salsas, de empaques de pizzas y de color de carrocería; universidades públicas y privadas facilitaron el desvío, denunció la directora general del Conacyt.
María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Foto Captura |
CIUDAD DE MÉXICO, (SinEmbargo). Durante
gobiernos anteriores, empresas privadas recibieron recursos que debían
destinarse a la investigación científica, denunció esta mañana María Elena
Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt).
Durante la conferencia matutina de este miércoles,
Álvarez-Buylla Roces explicó que durante los sexenios de los expresidentes
Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, cerca de
dos mil 935 empresas privadas se veían beneficiadas por la entrega de hasta 45
mil 643 millones de pesos a través de fideicomisos destinados para la
investigación científica.
Dicha entrega monetaria, además, supuestamente estaba
destinada para el desarrollo de proyectos relacionados a “comida chatarra” o la
mejora de pintura y color de carrocería.
“Hubo varios proyectos a empresas de comida chatarra, para
mejorar los empaques de las pizzas, también para mejorar la pintura y el color
de la carrocería de algunas empresas de autos, es decir, no tenía nada que ver
con el saber científico y tecnológico en muchos casos”, dijo la titular del
Conacyt.
También expuso ejemplos, como supuestos proyectos
científicos para la mejora de salsas y otros productos “chatarra” que no tenían
nada que ver con el cuidado de la salud, la alimentación saludable, y ni mucho
menos con el desarrollo científico y tecnológico.
Entre las empresas que se vieron beneficiadas con esta
entrega de dinero se encuentran Femsa, Volkswagen, Ford, Motorola, Nissan,
Intel, IBM, Whirlpool, Kimberly Clark, Monsanto, BMW, Honeywell, entre otras.
Asimismo, también instituciones educativas públicas y privadas presuntamente habilitaron y favorecieron la entrega del dinero a dichas empresas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), las cuales desde 2009 hasta 2018 recibieron 26 mil 140 millones de pesos.
Aseguró que dichas instituciones participaban en un esquema
de triangulación: el Conacyt entregaba el dinero a las empresas; una parte se
dirigía a gastos directos para el desarrollo de proyectos, mientras que otra
era por “vinculación” a dichos centros educativos y finalmente se regresaba a
la empresa.
Las instituciones educativas que tuvieron mayor
participación en este esquema fueron el Tecnológico de Monterrey, la UNAM, la
UANL, el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ) y el Centro de Investigación en
Materiales Avanzados (CIMAV).
En esos 18 años, prosiguió Álvarez-Buylla, el dinero
destinado a Conacyt fue a parar a falsas ciudades del conocimiento y proyectos
conocidos como “elefantes blancos” en distintos estados del país: en Nuevo León
152 millones de pesos, en Baja California 100 millones, en Hidalgo 72 millones
y en Durango 46 millones de pesos.
Impulso a ciencia…
El pasado 26 de abril, la Cámara de Diputados avaló expedir
la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y reformó
diversas disposiciones de las leyes Federal de Entidades Paraestatales y de Planeación.
En lo general, la Ley fue aprobada con 257 votos a favor,
208 en contra y dos abstenciones, mientras que en lo particular recibió 257
votos a favor, 210 en contra y dos abstenciones, para quedar en sus términos,
luego de que el pleno rechazara las propuestas de modificación.
La nueva Ley tiene por objeto garantizar el ejercicio del
derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, es decir, que toda persona
goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación
tecnológica, así como de los derechos humanos en general.
“Entre otros objetivos, establece el principio y bases de
las políticas públicas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e
innovación, así como la integración, articulación y rectoría de un Sistema
Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”, señaló la Cámara
de Diputados.
Entre otros objetivos, se establece la integración,
articulación y rectoría de un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias,
Tecnologías e Innovación.
Además, el dictamen agregó al Conacyt en las leyes Federal
de las Entidades Paraestatales y de Planeación. ©
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