Por Teodoro Rentería Arróyave
Red-Acciones | miércoles 19 de julio de 2023
El doctor en derecho Eduardo Andrade Sánchez es un
jurisconsulto consumado, muy joven, al inicio de la década de los setenta lo
recibimos en ’Televisión Independiente de México, TIM’, mejor conocido como
’Canal 8’, donde se destacó primeramente como cronista de deportes, su
preparación y amplia memoria le abrió el camino del éxito.
Se fue a la fusión con ’Televisa’, los intereses contrarios
que nunca faltan lo lanzaron a las lides políticas donde ha realizado una gran
carrera, su más reciente puesto fue el muy delicado de Director General de
Profesiones.
Desde luego, nunca se ha apartado del periodismo, que es su
pasión, en su último artículo en ’El Universal’, aborda con especial talento el
tema del Instituto Nacional Transparencia y Acceso a la Información, INAI, con
su venía lo reproducimos íntegro por considerar que es el mejor análisis que
hemos leído sobre este tema que ha sido materia de controversias y de
especulaciones. Su título, lo tomamos como referencia de esta entrega. Textual:
’Senadores a la cárcel /El Tribunal Electoral a juicio
A esta inaplicable y aberrante acción conduciría, como bien
lo señaló el ministro Zaldívar, la pretensión de la Suprema Corte de obligar al
Senado a nombrar a un comisionado del INAI. Para ello se requiere una votación
calificada y de no alcanzarse, cabría imputar a los legisladores que no
aprobaran la designación, el haber incumplido una sentencia de la Corte,
conducta que la Constitución castiga con mandar a la cárcel a la autoridad
incumplida; pero resulta que los senadores tienen fuero y no pueden ser
consignados directamente ante un juez.
Estamos frente a un callejón constitucional sin salida,
porque la propia Constitución otorga plena libertad a los legisladores en la
emisión de su voto, y no pueden ser sancionados por la manera como lo emitan.
¿Podría la Corte poner un guardia junto a cada senador que lo fuerce a colocar
su dedo en el sistema electrónico para que se alcance la mayoría calificada? ¿Y
a favor de quien lo obligarían a votar?
Por eso la facultad de hacer nombramientos implica un
ejercicio de soberanía, y no cabe considerarla de ejercicio obligatorio, como
las llama un sector de la Corte, porque no es obligatorio lo que no puede
forzarse a cumplir.
La tensión política entre poderes no es inusual en las
democracias. Aquí son evidentes las diferencias entre el Ejecutivo y la Suprema
Corte cuyas decisiones parecen mostrar hostilidad antigubernamental. En ese
ambiente enrarecido el Tribunal Constitucional debería asumir la función
equilibradora que le asigna la Constitución en tanto es también un Poder del
Estado.
No debe interpretar el Derecho con ideología de partido sino
decidir basándose en consideraciones de Estado. Para esta misión la Corte
podría encontrar fórmulas jurídicas que contribuyan al entendimiento en lugar
de ahondar los enfrentamientos.
En el caso actual, hay una salida bien sustentada que no
conduce ni a la aberración de obligar a los senadores a votar de cierto modo,
ni a modificar la manera en que funciona el INAI. Pretender autorizarlo, como
proponen algunos ministros, a operar en condiciones ajenas a la legalidad y a
la base constitucional de su conformación, implicaría la paradoja de hacer
cumplir la Constitución recurriendo a violarla.
El INAI sigue activo salvo los recursos de revisión que no
puede resolver, pero el derecho humano a la información no queda desprotegido
pues el propio Poder Judicial por vía del amparo, puede atender las
reclamaciones de los ciudadanos que no sean resueltas por el INAI.
La actual crisis debe servir para reconocer que este
organismo requiere un replanteamiento que revierta algunos excesos. De mi
experiencia como Director General de Profesiones puedo decir que me fue exigido
entregar a un particular protegido por el anonimato, toda la base de datos del
registro de cédulas profesionales, misma que cualquier persona puede consultar
por Internet. Eso abrió la posibilidad de usar el registro con fines privados
de lucro.
A ese tipo de excesos me refiero; algunos obligan a las
oficinas públicas a dedicar gran cantidad de personal para satisfacer
solicitudes de información no necesariamente justificadas, convirtiendo al INAI
en un instrumento que, al margen de una auténtica protección a los derechos
humanos, actúa a favor de intereses políticos específicos’.
La tesis del gran amigo, Magistrado en retiro y
Constitucionalista, es precisa y no deja lugar a dudas, esperemos que las
partes actúen con consecuencia.
Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio
honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor
Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la
Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en
toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, y el portal
irradia noticias.com
Ra.
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