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| Foto Vía Libre. |
DESLINDE
·
Alberto
Witvrun
Diariovialibre.com.mx,
( 3 agosto, 2023). En sólo ocho meses una
empresa privada se apoderó del ente estratégico de la movilidad de la Zona
Metropolitana de Pachuca y logró beneficios que la Secretaría de la Contraloría
tendría que revisar por la posibilidad de conflicto de interés y violación a la
Ley de Movilidad y Transporte por funcionarios de la Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot) incluyendo a su titular Lyzbeth Robles Gutiérrez.
A Luis Javier Ancona Luna representante legal y principal
accionista de Líneas Unidas México-Zumpango-Tezontepec-Progreso-Hidalgo y
Anexas, Flecha Roja (Lusa) ya le dicen el jefe por su influencia en la Semot a
través de Humberto Cabrera Román director del Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Hidalgo (SIMATH) que meses antes de ser nombrado fue empleado del
empresario lo que puede implicar conflicto de interés.
También se tendría que revisar las condiciones en que operan
las unidades llegadas de Zumpango, Estado de México, donde tiene su sede Lusa,
que prestan el servicio en la ruta Téllez-Hospitales porque a los
concesionarios originales les embargaron las unidades y nadie puede prestar
servicio de transporte público de pasajeros sin una concesión otorgada mediante
el estricto control establecido para evitar que sean utilizadas con fines políticos.
La influencia de Ancona Luna, quedó al descubierto en un
trabajo periodístico del reportero Irving Cruz del diario Criterio, porque la
Semot mantuvo oculta la información por ocho meses, luego de que en esta
columna se advirtiera el 7 de diciembre de 2022, que la empresa Lusa buscaba no
sólo la concesión del Tuzobus, también controlar el transporte en la franja
Tizayuca-Pachuca a través de las líneas que la integran.
Su Caballo de Troya Cabrera Román, también operó para
Antonio Díaz de León, quien le “vendió” la idea de este sistema al entonces
gobernador Francisco Olvera Ruiz, que lo autorizó sin un proyecto técnico de
construcción lo que elevó costos y generó fallas de origen, tanto que el
gobierno estatal aún adeuda más de cien millones de pesos a varias empresas.
Durante el gobierno anterior el Tuzobus fue objeto de
procesos legales para quietársela al Zar del Transporte Joaquín Gutiérrez y fue
entregado a un operador temporal, lo que permitió que el gobierno se apropiara
el parque vehicular es decir las unidades del Tuzobus son propiedad de SIMATH,
originalmente no lo eran y con condiciones legales para convocar a una
licitación internacional.
Así el nuevo concesionario tendría que modernizar el sistema
con unidades tecnológicamente de primera generación y corregir las fallas de
origen del sistema sin costo para el gobierno que tendría que seguir
subsidiando el sistema en beneficio de la población y elevando la competitividad
de la Zona Metropolitana, porque la problemática de la movilidad y del sector
transporte no se resuelve con fotografías de charlas de café en las redes
sociales. ©
Ra.
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