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Sara Lovera
Martes 19 de septiembre de 2023
SemMéxico, Ciudad de México, (18 de septiembre,
2023).- Nada. Nada nos altera, es como si hubiéramos dejado de incomodarnos con
los crímenes cotidianos. Son los feminicidios, sí, pero son también la
criminalización de las y los defensores de la tierra, el territorio y el medio
ambiente. Ahí no sólo hay impunidad, sino una cara que voltea a otro lado sobre
los horrores dentro de las cárceles.
¿Por qué el presidente de la República y su gabinete
insisten en que todas las denuncias son en realidad tejidas por sus
adversarios? ¿Cómo nos ofreció, hace cinco años, una transformación? Nos dijo
se acabó la injusticia; los servidores públicos ya no son corruptos,
“gobernamos contra la oligarquía” y los conservadores que abusaron de todas y
de todos, todo el tiempo.
Lo cierto es que el dolor y la injusticia, a mí, no dejan de
sorprenderme. En México criminalizan la protesta, donde viven los más pobres,
los que son primero. Quienes piden diálogo que se les consulte o se les
pregunte para que se haga una presa, se mueva un río. Por eso protestan. Son
los indígenas y campesinos quienes lo viven, en los que no pensamos, los que
creíamos, eran reprimidos en el pasado.
La noticia que con un informe documentado lanzó Amnistía
Internacional, denominado “México: Tierra y ¿Libertad?: Criminalización de
personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, es una muestra
de lo que realmente sucede en el país, y se diga lo que se diga, el abuso del
poderío local es un hecho consentido por el régimen.
La directora de Amnistía en México, Edith Olivares Ferreto,
lo dijo: “es alarmante el desproporcionado uso de las normas penales en contra
de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente para
disuadirlas, castigarlas e impedir que exijan sus derechos, además del
hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento y desapariciones”,
documentado en Chiapas, Puebla y Yucatán.
Es un informe voluminoso, con testimonios, que hielan el
alma. Estruja Eustasio Juan Hernández Vázquez, titular de Derechos de Colonia
Maya, en Chiapas, por lo que describe sin inmutar a la autoridad. “No somos
delincuentes, estamos defendiendo el lugar donde vivimos”, así de simple. En
Puebla y Chiapas gobernados por la cuatroté.
Elizabeth del Carmen Pérez Díaz, de la Colonia Maya, dijo
que ella y sus compañeros fueron criminalizados, con órdenes de aprehensión,
con procesos abiertos, “nosotras defendemos la paz, y el territorio. ¡No
somos delincuentes! Cómo se le hace para caminar sin miedo”.
No tenía idea de estas cosas. ¿Ustedes? En 2022 se
cometieron asesinatos, se cambiaron hechos, hubo encarcelamientos para quien
alza la voz, las comunidades son perseguidas. En Zacatepec, Miguel y Alejandro,
comunicadoras/es y defensora/es nahuas, en 2019 protestaron por la construcción
de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, Puebla, que desembocaría en el
Río Metlapanapa, contaminándolo, ahora resultaron delincuentes.
La lista es inmensa. Todo está documentado. Amnistía
Internacional pide a las autoridades dejen de criminalizar y violar el derecho
a protestar de las y los defensores de la tierra, el territorio y el medio
ambiente. Se precisa en el informe que, en cuatro países: Colombia, Brasil,
México y Honduras, en 2022, se cometieron 177 asesinatos de activistas, el 80
por ciento de los ocurridos en la región.
Eso queda arrinconado porque vivimos la algarabía política.
Las y los criminalizados por enfrentar intereses políticos y económicos de
caciques y empresarios ¿No íbamos a terminar con los abusos y con la
corrupción? Ahora “a nadie se le persigue, como antes”, como dice el
presidente.
En la cárcel, si te toca estar, además, debes enfrentar la
extorción para evitar amenazas, golpes a muerte. Sé de la Ciudad de México. Me
asusta la indiferencia, la mentira, la continuidad anunciada. Veremos. ©
Ra.
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