- La diputada de Morena expone en su iniciativa el derecho a una buena administración pública, además de que la toma de decisiones debe orientarse siempre hacia el interés público; se estaría inaugurando un nuevo paradigma en la administración pública estatal
- Derecho ciudadano a contar con trámites imparciales, equitativos y oportunos de sus asuntos, tener garantía de audiencia, acceso a expedientes administrativos, que la autoridad funde y motive toda resolución que le afecte, son partes del fundamento
Toluca, Edomex.,
(24 de octubre de 2023).- La diputada
María del Rosario Elizalde Vázquez presentó una iniciativa para que mexiquenses
tengan derecho a contar con gobiernos eficaces, que practiquen la austeridad y
que la toma de decisiones este siempre orientada hacia el interés público, con
lo que habría que reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, a fin de
garantizar una buena administración pública en la entidad.
Desde la tribuna del Congreso, la representante de la 4T
destacó ayer que el 10 de octubre de 2013, el Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD) aprobó la Carta Iberoamericana de los
Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública y
que reconoce el derecho fundamental de la persona a la buena administración pública,
como obligación inherente de los poderes públicos.
Y precisó que en la Ciudad de México reconoce en el artículo 7 de su Constitución Política el derecho a la buena administración pública, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías y además de establecer que las alcaldías deberán garantizar este derecho a las y los habitantes de sus demarcaciones en la Ley Orgánica de Alcaldías de esta entidad.
Por ello, Elizalde Vázquez expuso la relevancia que tiene
para las y los mexiquenses el que sea reconozca el derecho a la buena
administración pública en el Estado de México, porque con ello se estaría
inaugurando un nuevo paradigma en la administración pública estatal.
“Con ello se reconocería que todas y todos tenemos derecho a
un buen gobierno, que se caracterice por ser eficiente, eficaz y transparente,
que practique la austeridad, con base en principios de igualdad y equidad, y
que su toma de decisiones este siempre orientada hacia el interés público”.
Además, se protegería a los gobernados frente a la mala
administración de autoridades y servidores públicos, obligando a estos a
desarrollar una gestión pública de calidad, mejorar en forma real y tangible
las condiciones de vida de los ciudadanos, así como también garantizar la
satisfacción de las necesidades colectivas de las personas y el desarrollo
sostenible de la comunidad.
En este sentido, las reformas planteadas puntualizan el
derecho de los ciudadanos a contar con trámites imparciales, equitativos y
oportunos de sus asuntos, tener garantía de audiencia, acceso a expedientes
administrativos, que la autoridad administrativa funde y motive toda resolución
que le afecte, y ser indemnizado por los daños que indebidamente le cause la
conducta activa u omisa de la buena Administración Pública. ©
Ra.
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