OPINIÓN
Por Rogelio Hernández López
Lunes 6 de noviembre de 2023
Javier Esteinou Madrid es, probablemente, el investigador de
la comunicación masiva más antiguo y acreditado en México. En su ensayo más
reciente advierte que “la violación de las reglas de la
imparcialidad comunicativa que exige el marco jurídico electoral nacional, se
pudieran invalidar los resultados oficiales de las votaciones de 2024, con su
consecuente grave caos político-social en la nación.”
El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y quien
más reconocimientos y premios ha recibido por sus investigaciones enfocó su
ensayo en “la tendencia persistente del gobierno de la Cuarta Transformación
para utilizar a los medios públicos como herramientas propagandistas” y al
final asegura que de continuar así en el proceso electoral “generaría una
elección mediática de Estado”.
Empero, por el enfoque de esta reflexión del investigador
emérito, no incorpora el comportamiento, mayoritario y desproporcionado de la
mayoría de medios privados y sus opinadores de abierta confrontación con el
gobierno federal y su movimiento; comportamiento que de proseguir en el proceso
electoral también sería contra de las y los candidatos del bloque político
gobernante, lo que también violaría las reglas de la imparcialidad comunicativa
del marco jurídico electoral.
Ya es gigantesca y compleja la tarea del Instituto Nacional
Electoral y del Tribunal Federal Electoral, así como de las autoridades estatales
de elecciones de vigilar el proceder de los cientos de medios de comunicación
colectiva (públicos y privados) para que sus coberturas informativas cumplan
con el principio de imparcialidad. Pero además ahora se tiene que monitorear la
propaganda de quienes opinan al conducir noticieros y en entrevistas, columnas,
artículos, que se han multiplicado geométricamente.
La complicación mayor para las autoridades electorales es
que para alcanzar los mínimos de imparcialidad y justeza durante el proceso
deberán enfrentarse a la atmósfera mediática imperante de polarización política
(exacerbada con información falsa y propaganda disfrazada de noticias) que han
creado la mayoría de medios, atmósfera que se ha sobre estimulado por las
incontrolables redes sociales.
¿Abuso
gubernamental?
Javier Esteinou, en su ensayo titulado “Medios públicos en
2024: Hacia una elección mediática de Estado” asegura que “el régimen de la
Cuarta Transformación se inclinó por manejar de forma políticamente
ideologizante a algunos de los principales medios de difusión públicos
federales”.
Prevé también que el movimiento político gobernante “puede
trasladar, con mayor o menor fuerza, dicha estrategia proselitista sobre el
resto de los demás canales estatales regionales o sobre los que puedan
controlar los gobernadores o presidentes municipales y otras estructuras de
poder particularmente morenistas”.
Y de ocurrir tal fenómeno, según el académico, “degeneraría
en una mega proporción desigual la misión de la comunicación de servicio
público… y abonaría para formar las bases comunicativas de un Estado
autoritario (y se encaminaría en 2024)… Hacia una elección mediática de
Estado”. (ver
https://diarionoticiasweb.org/medios-publicos-en-2024-hacia-una-eleccion-mediatica-de-estado/)
Pero esas pre-visiones de Esteinou para atribuir al bloque
gobernante “una mega proporción” comunicacional no se cumple al observar sus
propios datos de la existencia de medios de difusión colectiva en México.
El sector privado tiene el 83 por ciento de esos medios y los
públicos representan apenas el 17 por ciento. De confrontarse medios privados
contra públicos en las campañas electorales serían muy desiguales las fuerzas.
La desproporción
En su ensayo, el mismo Javier Esteinou prueba esa
desigualdad. Refiere que solo para la difusión del proceso electoral se
contemplan a 2 mil 304 estaciones de radio y 1 mil 422 canales de televisión (en
total 3 mil 726).
Asegura también que hasta 2022 existían 644 concesiones de
radio y televisión otorgadas por el Estado para funcionar como medios de
comunicación de servicio público: 138 medios federales, 58 medios de educación
superior federales, 356 medios de gobiernos estatales, 83 medios de gobiernos
de educación superior estatales, 4 medios de educación superior mixtos y 5 medios
de gobiernos municipales.
Así, del total de medios electrónicos en el padrón del INE,
por los datos del investigador, resulta que el 73 por ciento son de propiedad
privada. Y en contraste, el 17 por ciento son medios públicos; ni siquiera la
quinta parte del total.
No obstante, lo verdaderamente previsible es que continuará la
atmósfera de confrontación mediática pero con la misma desigualdad de fuerzas.
Si el movimiento amplio que encabeza Morena tuviese la
capacidad, que no tiene, de coordinar a la mayoría de los medios públicos
tendría un alcance potencial de llegar a 92 millones de televidentes y
radioescuchas en las 32 entidades, según ha calculado el presidente de la Red
México de medios públicos, Fernando Luis Sánchez Mejorada y Rojas. Pero aún
así, sus mensajes serían de 1 contra cuatro del sector privado.
Si existe
un riesgo
En esas circunstancias, el riesgo mayor para los comicios de
2024 no es que se realice “una elección mediática de Estado” como augura
Esteinou, sino que ocurra lo que él mismo advierte; que “la violación de las reglas de la
imparcialidad comunicativa que exige el marco jurídico electoral nacional, se
pudieran invalidar los resultados oficiales de las votaciones de 2024, con su
consecuente grave caos político-social en la nación”, pero no solo por los
medios públicos, añade este reportero, sino por la confrontación mediática y
desigual con los privados.
Para evadir tal riesgo, el reconocido investigador propone
allí mismo las mínimas normas profesionales de servicio y responsabilidad
social que deberían cumplir los medios públicos; normas que en su mayoría
también deberían observar los medios privados para eludir un poco la actual polarización
mediática que será más extrema durante el proceso electoral:
Los medios de comunicación de servicio público, propone
Esteinou, deben actuar “como
instituciones de Estado que nutran ampliamente la conciencia de todos los
individuos con información imparcial, plural, objetiva, veraz, transparente y
oportuna con el fin de permitir que los ciudadanos enriquezcan su conciencia
para decidir autónomamente su presente y futuro…
Y para eso anotó un decálogo que, insistimos, también
deberían analizar los medios privados, especialmente los corporativos para no
seguir perdiendo la confianza pública que apenas llega al 36 por ciento de la población,
según el monitoreo de 2023 del Instituto Reuters.
La observancia de decálogo del investigador para medios públicos,
que en su mayoría podrían aplicar los privados, ayudaría a frenar un poco la
confrontación mediática y reducir el riesgo de invalidar todo el proceso
electoral:
1.- Respetar el derecho a la información, evitando la censura previa.
2.- Conservar su independencia editorial ante el poder,
manteniendo autonomía de los intereses particulares, políticos y económicos de
funcionarios y de gobiernos locales, estatales o federales.
3.- Mantener un compromiso ético con la información
objetiva, veraz y plural.
4.- No utilizar recursos públicos para realizar
propaganda.
5.- Acatar informativamente los derechos humanos.
6.- Ajustarse plenamente al criterio de pluralismo
político, social y cultural del país.
7.- Prohibir la discriminación comunicativa de cualquier
tipo.
8.- Actuar y defenderse de las posibles injerencias de
funcionarios o instituciones que pretendieran intervenir o manipular la
dirección de los contenidos y de las políticas editoriales.
9.- Rendir cuentas transparentes.
10.- Crear y aplicar reglas para la expresión de
diversidades ideológicas, étnicas y culturales.
El reto ya está aquí. Oficialmente se iniciarán las
precampañas el 20 de noviembre. Para entonces continuará el clima de
confrontación entre medios privados y públicos, clima que fue reanimado por la
desgracia masiva de Acapulco y que estimula desconcierto y caos en la
percepción colectiva con exageraciones, verdades a medias y mucha propaganda a
favor y en contra de las acciones gubernamentales.
¿Podrán y querrán hacer algo el INE, el TRIFE, los
propietarios de los medios y el sistema gobernante de medios públicos? Veremos. Mirada de reportero.
Reportero desde 1977. Especializado en investigación
en Excélsior, El Universal, Milenio y otros. Dos veces Premio Nacional por el
Club de Periodistas. Autor de los libros Zócalo Rojo, Zorrilla y Sólo para
periodistas. Profesor invitado en varias universidades. En 2013 y 2015 el
Colegio de Sinaloa le concedió la Cátedra de Periodismo y Comunicación “Pablo
de Villavicencio”. Miembro fundador del Consejo Consultivo del Mecanismo de
Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Segob
(2010-2014). Director fundador de Casa de los Derechos de Periodistas, A.C.
Consultor en temas de protección, leyes y políticas públicas sobre el
periodismo en la asociación periodistastrespuntocero. Consejero editorial de la
revista Zócalo y del Sistema Informativo Vía Libre. Su columna para
periodistas, Miradas de Reportero, se publica en medios impresos y digitales de
14 entidades del país. Es autodidacta. Email: rogeliohl@yahoo.com.mx
Ra.
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