OPINIÓN
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| Foto Vía Libre. |
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Alberto Witvrun
Diariovialibre.com.mx, ( 15 noviembre, 2023). La detención de
unidades piratas de Autobuses del Valle del Mezquital (AVM), la prestación del
servicio en zonas urbanas con permisos federales, competencia desleal al transporte
estatal, el otorgamiento de operación temporal del Tuzobus y la concesión por cinco
años de la ruta Téllez-Hospitales al propietario del consorcio Lusa, S. A. de
C. V., ubicada en Zumpango, Estado de México convierten a su principal
accionista Luis Javier Ancona Luna en el nuevo Zar del Transporte en Hidalgo.
A Joaquín García Gutiérrez quien hasta 2019 ostento ese
título le llevó tres generaciones
crear un imperio en el transporte público de pasajeros y mediante una operación
opaca
apoderarse del Tuzobus a través de la empresa Corredor Felipe Ángeles comprando
acciones a socios que retiraron unidades colectivas para la creación de este
transporte
masivo.
Cuando el gobierno estatal gana en 2021 en tribunales a
Joaquín García y adquiere el
parque vehicular del Tuzobus, otorga contrato de operador temporal a Líneas
Urbanas y
Suburbanas de Pachuca y la concesión de la ruta Téllez-Hospitales a quienes
fueron socios
de Corredor Felipe Ángeles, que al inicio de esta administración sufre
competencia desleal
de Lusa que regresa a prestar servicio en zonas urbanas, con permisos
federales.
La crisis en esta ruta conduce a que Banorte embargue las
unidades la madrugada del 1 de
marzo; no les quitaban los autobuses que guardaron en instalaciones de la
Secretaría de
Movilidad y Transporte (Semot), cuando habían concesionado por segunda ocasión
la ruta
el 28 de febrero a Luis Enrique Ancona por cinco años, cuando primero debieron
revocar
la primera concesión, procedimiento que se aplicó al Tuzobus, que hoy opera
Ancona
Luna, sin inversión alguna porque el parque vehicular es propiedad del
gobierno, en lugar
de concesionarlo por licitación.
Los concesionarios originales de la Téllez-Hospitales
utilizan vías legales y de diálogo para
recuperar la ruta, pero la Procuraduría General de Justicia (PGJEH) aceptó en
segunda
instancia la denuncia ante la insistencia del representante legal de los
afectados, Javier
Contreras quien estima que existe Uso Indebido de Atribuciones y Facultades y
debe
proceder la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. ©
Ra.
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