OPINIÓN
Por Teodoro Rentería Arróyave
Jueves 25 de enero de 2024
Desde el 26 de septiembre de 2014, en que fueron
desaparecidos los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y pese a
los encontronazos entre los entes de procuración de justicia y el Ejército y
ahora entre los poderes Ejecutivo y Judicial, sólo queda aceptar para desgracia
de la justicia mexicana, que el múlticrimen está en las mismas condiciones
desde que se cometió: en la más penosa y vergonzosa impunidad.
En seguimiento a nuestra anterior entrega, es de resaltar
que la última decisión de la jueza, Raquel Ivette Duarte Cedillo, de cambiar la
detención oficiosa de los 8 militares, presuntamente implicados, por libertad
condicionada, no es la primera, anteriormente el juez Samuel Ventura, liberó
hace años a decenas de detenidos por el caso acusados de tortura, sin
investigar quién o quiénes las habían cometido.
A ello agréguese la liberación de otro militar de alto
rango, el general, Rafael Hernández, el diario “El País”, bajo la firma del
colega, Pablo Ferri, comenta: “acusado de delincuencia organizada, ‘obtuvo el
mismo beneficio que ahora los ocho elementos de tropa’, gracias a la rapidez de
la Guardia Nacional, encargada de calcular su riesgo de fuga, que calificó de
mínimo.
Ocurre además que, los ocho que ahora seguirán su proceso en
libertad se entregaron a las autoridades cuando recién la juez pidió su
detención, mientras que Hernández fue capturado y presentado a la jueza. Entonces
y ahora, la misma jueza les dio prisión preventiva a todos los acusados y luego
aceptó que salieran de la cárcel hasta que llegue el juicio”.
Para todos aquellos que critican al presidente, Andrés
Manuel López Obrador, por su proclividad al Ejército, habría que aclararles que
la institución de las fuerzas armadas merece el respeto y el reconocimiento de
las sociedades y del propio gobierno, nunca a los elementos que hayan
delinquido o sean presuntos responsables de delitos atroces como el que nos ocupa.
Es absurdo que, por uno o varios miembros del Ejército o de
la Marina y ahora de la Guardia Nacional, que han delinquido o sean presuntos
responsables de conductas delincuenciales, ensucien a las corporaciones, por
desgracia estas conductas criminales se dan en todos los organismos, en todos
los sectores de la sociedad.
La Presidencia de la República, por medio de la Secretaría
de Gobernación alertó al Poder Judicial del cambio de las medidas cautelares a
los soldados presuntamente implicados y acusados de desaparición forzada de los
43 estudiantes, en respuesta, la judicatura se defiende al señalar errores de
la Fiscalía.
Ante todo, este enjambre de errores y seguramente de
complicidades, sólo nos queda concluir que el horrendo crimen, no de uno, de 43
estudiantes desaparecidos o asesinados, continúa en la más penosa y vergonzosa
impunidad. teodororenteríaa@gmail.com
Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio
honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor
Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la
Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en
toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, y el portal
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