Por Teodoro Rentería Arróyave
Lunes 15 de enero de 2024
PRIMERA PARTE
En un trabajo de investigación periodística del portal “Zona
Franca” de Guanajuato, se denuncia el preocupante “desplazamiento forzado” de
periodistas y defensoras de derechos humanos como consecuencia del burocratismo
gubernamental estatal.
A ello, es de agregarse, con cifras de finales de 2023, que
Guanajuato se mantiene posicionado con el primer lugar de las entidades más
violentas, en donde se han acumulado 3 mil 29 homicidios dolosos, según el
compilado realizado por TResearch - líder en investigación-, con datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al
16 de diciembre próximo pasado.
Consideramos que es nuestra tarea, como siempre la hemos
cumplido, difundir estas informaciones que por sí mismas son denuncias
públicas, con el propósito de hacer conciencia en la opinión pública nacional e
internacional para que sirva como un acicate para la actuación correpondiente
de las autoridades en respuestas a las mismas.
En la nota que firman las colegas, Alfonsina Ávila y Gaby
Montejano, nos dan a conocer que “‘la “reubicación temporal’ es el término
acuñado por la estructura gubernamental del estado de Guanajuato para referirse
al desplazamiento forzado como la medida de protección máxima para un
periodista o defensor de derechos humanos, que recurre a la protección del
Estado cuando se sabe que está en riesgo”.
El problema -agregan-, es que la legislación local sólo
atribuye al Consejo Estatal de Protección una función de evaluación y enlace de
las peticiones de protección que, al ser aprobadas, se dirigen al Mecanismo
Federal de Protección quien es el que define y ejecuta las medidas.
Es un camino burocrático”, nosotros agregamos que además
tortuoso por ineficaz, “que mantiene a las víctimas en una incertidumbre adicional
a la que ya sufren, al estar en condiciones de riesgo y vulnerabilidad”.
Además, las reporteras también denuncian que “el estado de
Guanajuato no cuenta con estudios oficiales sobre el desplazamiento forzado
interno que se registra como consecuencia de la violencia que la entidad padece
desde 2017. Sólo desde la sociedad civil se han producido investigaciones al
respecto, concretamente en el ámbito de la protección a periodistas y
defensores de derechos humanos, además de informes realizados por instancias
nacionales, pero no con datos concretos”.
“Así lo evidenció”, precisan, “la Unidad de Política
Migratoria, Registro e Identidad de Personas, UPMRIP, de la Secretaría de
Gobernación en el Diagnóstico de la Movilidad Humana en Guanajuato, al dedicar
un capítulo a este fenómeno de forma general y en el contexto de violencia
criminal que la entidad padece desde hace más de un lustro.
Por la ausencia de datos y registros oficiales sobre
desplazamiento forzado interno, para esta sección se utilizan reportes, oficios
e investigaciones. En este sentido, se advierte que en Guanajuato se han
atestiguado situaciones de violencia y la comisión de diversos delitos de alto
impacto, particularmente visibles en los municipios de León, Celaya, Irapuato y
Salamanca, señala el estudio”.
“En el documento”, advirtieron que “la violencia se ha
acrecentado particularmente a partir de 2017, debido a los enfrentamientos y
pugnas entre grupos criminales antagónicos.
El principal motivo de disputa han sido por las rutas o
puntos de trasiego de drogas, así como el mercado ilícito de venta de
hidrocarburo o ‘huachicoleo’. Otros delitos asociados son el secuestro,
desapariciones, tortura, el cobro de piso a comerciantes y comuneros y diversas
formas de intimidación”, indica el estudio.
“Admitieron que a nivel nacional tampoco se cuenta con datos
estadísticos oficiales sobre desplazamiento forzado interno. Se han
desarrollado aproximaciones que miden factores relacionados con estos procesos,
como es el caso de la migración interna por violencia o inseguridad”.
Siguen los datos duros “De 2015 a 2020, unas 6 mil 515
personas se han desplazado de forma interna en Guanajuato. Crédito: Serapaz.
Según el Censo de Población y Vivienda 2020, para el periodo 2015-2020 dejaron
su lugar de residencia y se desplazaron al interior de Guanajuato o a otra
entidad un total de 6 mil 515 personas, mientras que 5 mil 371 llegaron
procedentes de otra entidad o se movieron a otro municipio por esta razón.
Sin embargo, dichas estimaciones no miden directamente los
desplazamientos forzados, por lo que se considera la necesidad de ‘desarrollar
registros e instrumentos de medición específica para conocer en todas sus
vertientes la magnitud de los eventos o situaciones de desplazamiento en
Guanajuato’, además de contar con ‘un marco normativo específico o
instituciones que atiendan este fenómeno de manera integral y expresa”.
Como consecuencia de este reportaje-denuncia de Zona Franca,
el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo manifestó que está
abierto para dialogar con el gremio periodístico luego de los desplazamientos
que se han registrado en los últimos años y agrega burocrático, sólo es
cuestión de agenda. CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio
honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor
Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la
Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en
toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, y el portal
irradia noticias.com
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