“En su intento de golpear al Presidente mexicano, el rotativo hace gala de una insolencia que está fuera de lugar en el trato a cualquier país y que constituye la enésima muestra de la arrogancia colonialista y racista con que los grandes medios occidentales se dirigen hacia todo el mundo no blanco”.
NdeR: Con toda
responsabilidad reproducimos el editorial del diario mexicano La Jornada, de
suma trascendencia nacional, que responde también al sentir de una gran parte
de la población cuando de asuntos injerencistas se trata. Con la venia del
periódico sólo esperamos su comprensión.
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| Foto Ilustrativa. |
Red-acciones | Viernes 23 de febrero de 2024
The New York Times (NYT) publicó ayer una pieza de propaganda y
desestabilización política disfrazada de reportaje. El texto aborda las
supuestas indagatorias de agentes estadunidenses en torno a la ficción del
financiamiento electoral del crimen organizado a las campañas del presidente
Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2018. La manera en que se encuentra
estructurado el texto, el momento elegido para difundirlo, la carencia de
pruebas o al menos indicios que sustenten los dichos, la violación de los
principios de ética periodística y las contradicciones que lo atraviesan, dejan
claro que el medio y los autores en ningún momento buscaron brindar al público
un trabajo informativo, sino sembrar una noticia falsa –o, al menos, plantar
una sospecha– que pueda ser amplificada y viralizada por empresas dedicadas a
la distorsión de la democracia, como los trollcenters de los
que se comentó en este espacio el miércoles pasado.
No es casualidad que
este ejercicio de desinformación se divulgue a un mes de que viera la luz otro
trabajo de idéntica factura, ni que el NYT lo respalde, pese
al instantáneo descrédito en que cayó debido a las falencias señaladas arriba.
La DEA, fuente de los bulos difundidos hace un mes y probablemente también de
esta nueva andanada, no ha ocultado su malestar ante un gobierno que defiende
la soberanía nacional, le retira la patente de corso con que solía operar y le
exige el cumplimiento de las leyes en su actuación dentro de las fronteras
mexicanas. Al convertirse en vocero oficioso de los poderes fácticos que
presionan de manera ilegal al Ejecutivo federal, el diario confirma su vocación
propagandística y la prevalencia de las consideraciones mercantiles sobre las
periodísticas en su toma de decisiones.
En sus primeros
párrafos, la nota insinúa que las investigaciones fueron cerradas porque el
gobierno estadunidense no quería crear fricciones con su contraparte mexicana.
Pero más abajo reconoce que la información recolectada provenía de
informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones
resultan ser incorrectos, y que no está claro si una sola de las
aseveraciones pudo ser corroborada. A continuación, desglosa una serie de
especulaciones, ninguna de las cuales posee sustento documental o
material: un informante les relató a los investigadores
estadunidenses, otra fuente les dijo, consiguieron información de una
tercera fuente que sugería, personas que se creía eran operadores del
cártel, una persona cercana al Presidente recibió un pago más o menos al
mismo tiempo que López Obrador se trasladó al estado de Sinaloa. Un editor que
estuviera al cuidado de la información les habría exigido especificar
si más o menos implica la misma semana, el mismo mes, o el mismo año,
pero nada en el texto indica que la búsqueda de la verdad fuese un criterio
usado en su redacción.
Los autores muestran
desconocimiento del tema al incurrir en errores como la confusión de un
cabecilla con un cártel. Incluso hacen afirmaciones que no están sujetas a
interpretación, sino que son mentiras llanas. Por ejemplo, aseguran que para
Washington es algo complejo e inusual perseguir cargos penales contra altos
funcionarios extranjeros. El hecho es que, en este mismo momento, el ex
presidente de Honduras Juan Orlando Hernández se encuentra preso en Estados
Unidos, donde es juzgado por narcotráfico. Entre el 20 de diciembre de 1989 y
el 31 de enero de 1990, las fuerzas armadas estadunidenses invadieron Panamá,
depusieron a su gobierno, secuestraron al presidente acusándolo de narcotráfico
(aunque nunca procedieron contra los funcionarios de la CIA con los que trabajó
durante años) e impusieron un gobierno títere al más puro estilo colonial,
ungiéndolo en una base militar de EU. Como bien saben los habitantes de los 70
países que han sufrido agresiones militares de la superpotencia, lo único
inusual y complejo para la superpotencia es respetar la soberanía ajena y el
derecho internacional.
En su intento de
golpear al Presidente mexicano, el rotativo hace gala de una insolencia que
está fuera de lugar en el trato a cualquier país y que constituye la enésima
muestra de la arrogancia colonialista y racista con que los grandes medios
occidentales se dirigen hacia todo el mundo no blanco.
Asimismo, delata los
vínculos y las afinidades entre dichas corporaciones mediáticas y las derechas
latinoamericanas, a las cuales se trata con una deferencia que resulta
incomprensible si no se toma en cuenta que para esas empresas la información no
es un fin, sino un medio para el lucro y la promoción de intereses particulares
no pocas veces inconfesables.
Ra
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