OPINIÓN
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| Foto Vía Libre. |
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Alberto Witvrun
Diariovialibre.com.mx, (3 marzo, 2024).- La efervescencia
política, desvió la atención sobre la renuncia de Carlos Emigdio Arozqueta
Solís cuya trayectoria desde que llegó a Hidalgo al área jurídica del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) para luego convertirse en asesor de
gobiernos municipales y verse inmiscuido en controversias penales, pero con
habilidad para incorporarse a los dos últimos gobiernos.
Mediante oficio con fecha 29 de febrero, le dice al
gobernador que ha resuelto terminar la relación laboral que le une al gobierno
como Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado
de Hidalgo, explica que su renuncia es voluntaria y nada le adeudan lo cierto son
las diferencias profundas con los secretario de Seguridad Salvador Cruz Neri y
de Gobierno Guillermo Olivares Reyna.
Por eso buscará un cargo de elección popular desde la
franquicia del Clan Sosa, el Partido del Trabajo (PT), tal vez porque enfrenta
denuncia penal por utilizar su posición de servidor público para afectar a
privados en juicios entre particulares en los que él y sus colaboradoras
intervienen como representantes legales a través de su despacho Arozqueta y
Asociados, Despacho Jurídico, no obstante estar inhabilitados para litigar.
Afectados, acusan que ha logrado fallos favorables de forma
ilegal, particularmente en una denuncia de la empresa Sanitarios Anfora, S de
RL de CV, iniciada en 2016 en contra de un supuesto deudor, lo que derivó no
sin muchos problemas la carpeta de Investigación NUC-2024-1650 en contra de
Arozqueta Solís, porque embargó bienes a personas que nada tienen que ver con
el juicio mercantil.
Al inicio de este gobierno sorprendió la incorporación de
Arozqueta Solís, que se despeñó como jurídico de la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH) en el gobierno de Omar Fayad, siendo acusado de acoso
laboral; provocó la movilización del personal para que fuera destituido, lo que
ocurrió sin que se investigara el caso o se aplicará una sanción, no obstante
que trabajadores fueron amenazados con armas de fuego. ©
Ra
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