OPINIÓN
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| Foto Vía Libre. |
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Alberto Witvrun
Diariovialibre.com.mx, (23 abril, 2024).- Con la novedad que
quien generó el conflicto del agua potable en Tepeapulco que ya se traslado a
Singuilucan y tiene por segundo día bloqueadas las carreteras México-Tuxpan y Pachuca-Tulancingo,
fue nada menos que la fallida candidata a diputada local por el Partido del
Trabajo (PT) Marisol Ortega López que apenas regresó a sus funciones de presidenta
municipal pasó revista a sus delegados municipales que siguiendo sus instrucciones
se apoderaron de los pozos de agua potable.
El argumento que utilizaron es la posibilidad de que la
Comisión de Agua, Alcantarillado y Servicios Intermunicipales (Caasim)
estuviera no dando mantenimiento si no perforando otro pozo para abastecer a la
planta cervecera que opera en Apan, así apenas regresó se reunió en el
auditorio Media Naranja del Sindicato Minero con los delegados para revisar la
estrategia a seguir.
No esperaban que habitantes de varias comunidades se
organizaran para en efecto defender el agua potable, pero no a los intereses
del grupo político al que sirve Ortega López porque estaban haciendo creer que
era la población la que había tomado los pozos, cuando fueron los delegados
afines a ella, de ahí la tensión que se vivió el lunes en Tepeapulco porque un
grupo permaneció en las afueras del Media Naranja y otra fue a la sede del
ayuntamiento.
Ahí fueron sorprendidos por un grupo de choque que llegó a
reforzar a quienes se encontraban en el interior del inmueble destruyendo
documentación oficial e incluso hubo un par de intentos por quemar la
papelería, lo que no sucedió porque ya tenían testigos, mientras la policía
municipal era llamada para acudir al rescate de Marisol Ortega y de algunos de
sus regidores a quienes lanzaron varios objetos.
El propósito de esta operación crear una cortina de humo e
impedir que se iniciaran dos auditorías a la administración de Ortega López,
una federal, otra estatal lo que complicaría su escenario legal, ya que esta
pendiente la audiencia inicial de vinculación a proceso por la privación ilegal
de la libertad presentada por una media decena de regidores. ©
Ra
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