OPINIÓN
Por Teodoro Rentería
Arróyave
Miércoles 17 de julio de 2024
Cuando coincidimos en Televisión Independiente de México,
TIM, conocida popularmente como Canal 8, Lolita Ayala, Eduardo Andrade Sánchez
y el autor, gerente de noticias especiales, formamos un triunvirato de
periodistas que fue favorecido por la audiencia televisiva, fue el primer
esfuerzo real para oponerse al monopolio de la televisión, que fue traicionado
con la fusión que dio lugar a que Telesistema Mexicano se convirtiera en la
ahora Televisa.
Eduardo Andrade, emigró al estudio hasta lograr el doctorado
en Derecho e incursionar en la política en la procuración de justicia. Como
jurisperito ahora nos obsequia en “El Universal” un profundo análisis sobre la
supuesta ilegal sobrerrepresentación de MORENA y sus aliados, al respecto nos
aclara Andrade Sánchez:
“El reclamo de la oposición de que Morena y sus aliados
estarán sobrerrepresentados ilegalmente en la Cámara de Diputados se basa en un
argumento truculento, que compara el porcentaje de votación obtenido por la
Coalición Sigamos Haciendo Historia con el que corresponderá a sus partidos
ocupar en la Cámara. Pretenden que se le trate como a un partido, sin ninguna
base legal.
“Desde 1977, agrega, nuestro país adoptó un sistema mixto
para mitigar la sobrerrepresentación, efecto normal en sistemas de mayoría como
los de Francia y Gran Bretaña. En las recientes elecciones francesas la alianza
de izquierda ganó con el 13% de los votos y tendrá el 23% de la Asamblea
Nacional: 20 puntos de sobrerrepresentación. En las británicas el Partido
Conservador obtuvo el 33% de los votos y tiene el 63% de la Cámara de los
Comunes. ¡30 puntos! y nadie dice que esos sistemas sean antidemocráticos.
“Desde la adopción de la representación proporcional (RP)
nuestro sistema se diseñó como ‘mixto con dominante mayoritario’ y ahora los
opositores quieren que funcione como proporcional puro; dicen que ese es el
espíritu de la Constitución. Falso, esta, siempre se refiere a los partidos
para el reparto de curules proporcionales; para nada menciona a las
coaliciones. Tal predominio mayoritario es claro: de 500 diputados, 300 son de
mayoría y 200 de RP. Se basa en el valor de los votos emitidos en cada distrito
en favor de los candidatos que obtienen la mayoría. Ello cuenta con gran apoyo
de la ciudadanía, que con frecuencia menosprecia a los ‘pluris’.
“Por eso un partido que obtiene una mayor cantidad de
triunfos distritales recibe más diputados, aunque haya tenido menos votos que
otro que hubiere acumulado un porcentaje mayor sumando los que recibió en todo
el país en los distritos donde perdieron sus candidatos”.
Después de otros valiosos argumentos concluye: “La
comparación del porcentaje de votos con las curules conseguidas es, pues,
engañosa porque no toma en cuenta los triunfos distritales. Cualquier criterio
para reducir el número de diputados obtenido por cada partido implica alterar
el valor de los votos y una violación a la Constitución”.
A ello debemos de agregarle la determinación del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, en el sentido de que el presidente
Andrés Manuel López Obrador vulneró los principios de imparcialidad,
neutralidad y equidad en la contienda electoral, ante tal supuesto la
Presidencia de la República afirmó que las y los magistrados buscan restringir
la libertad de expresión del primer mandatario.
En un comunicado, aseguró que magistrados “afines a grupos
opositores” del actual gobierno usan su cargo para restringir al presidente y
al pueblo de México el ejercicio del derecho a la libre manifestación de las
ideas, a la información y a la libertad de prensa.
Resaltó que “en unas cuantas horas”, sin hacer una
valoración de las manifestaciones y pruebas rendidas por el titular del
Ejecutivo, y únicamente apoyándose en lo que dijeron los quejosos, resuelven,
contra el mandatario y otros servidores públicos, 19 quejas sobre 36
conferencias de prensa matutinas.
Y viene los absurdo, “a pesar de tratarse de un
procedimiento caducado, los magistrados electorales Luis Espíndola Morales,
Rubén Lara Patrón y la magistrada en funciones, Mónica Lozano Ayala, resuelven
infraccionar al titular del Ejecutivo federal por expresar sus ideas, informar
a la población y dar respuesta a las preguntas de la prensa en las conferencias
de prensa de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, lo cual
resulta absolutamente arbitrario y violatorio de los derechos reconocidos, no
sólo constitucionalmente, sino en los tratados internacionales”, aseveró
Presidencia.
Añadió que con “argumentos baladíes”, los magistrados
electorales adjudican a las palabras del presidente una intencionalidad
distinta de lo manifestado; se convierten en adivinos de la voluntad del
presidente; argumentan que, si mencionó alguna palabra, en realidad ésta se
refería a Morena, y que, por tanto, hacía propaganda a favor de ese partido.
“Sin embargo, el titular del Ejecutivo federal jamás se
pronunció a favor o en contra de algún partido político o candidato(a) en esas
conferencias, y sólo manifestó libremente sus ideas políticas, derecho que
tiene todo ciudadano en un régimen democrático como el nuestro”.
En el documento, la Presidencia de la República indicó que,
en ese afán destructor de la democracia de nuestro país, los magistrados
electorales se vuelven olvidadizos.
Recordó que, en 2012, el TEPJF resolvió que, no obstante que
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, entonces presidente, en pleno periodo
electoral hizo mención expresa a favor de Josefina Vázquez Mota, candidata de
su partido, calificándola como la mejor opción electoral, no hubo penalidad
alguna.
Y no podía faltar lo absurdo de lo absurdo, valga el
galimatías: el señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
SCJN, Luis María Aguilar, planteó, sin rubor alguno, “que si el presidente
Andrés Manuel López Obrador, propone elegir democráticamente a los ministros de
la Suprema Corte de la Justicia Nacional, el mismo método, por elección
popular, se realice para elegir a los miembros del gabinete presidencial”.
¿En manos de qué ministros de la Corte estamos los
mexicanos? Se le olvido a Luis María Aguilar lo que mandata el Artículo 80 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano: “Se deposita el
ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se
denominará ‘Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.
Y una aberración más, las “irregularidades y actos de
corrupción son muy frecuentes porque las instituciones enfrentan un desgaste
acumulado”, lo aseguró en la víspera nada más ni nada menos que la ministra
presidenta de la Suprema, la controvertida, Norma Lucia Piña Hernández. Repito:
¿en manos de quién estamos los mexicanos?
Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio
honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor
Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la
Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en
toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org y el portal: irradianoticias.com
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