Argumento, la reforma constitucional que se hizo en el Estado de México, el pasado mes de mayo, para que la naturaleza sea sujeta de derechos, al igual que la biodiversidad que se alberga en el ecosistema de la Presa Madín
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| Diputado Max Correa Hernández: Con estos principios que la SCJN utiliza para dirimir juicios, marca un precedente que el Estado mexicano está obligado a aplicar, como el Acuerdo de Escazú y la Reforma para los Derechos de la Naturaleza. |
Tlalnepantla, Edomex.
Como un triunfo de la ciudadanía organizada y un precedente nacional para
proteger el medio ambiente, calificó el diputado Max Correa Hernández la
suspensión de la construcción de dos torres que albergarían más de mil
viviendas en el sitio conocido como “El Cerrito”, última área verde del
fraccionamiento Lomas Verdes en Naucalpan.
En 2023, el gobierno panista de Naucalpan, encabezado por la
alcaldesa Angélica Moya Marín, permitió a la empresa Fortem Capital iniciar el
desarrollo inmobiliario Terralago frente a la contaminada Presa Madín, zona
donde escasea el agua y enfrenta uno de los más altos índices de densidad de
población.
El presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del
Estado de México resaltó la importancia del fallo judicial ante la exigencia de
los vecinos para tener acceso a la justicia, información y a un medio ambiente
sano. Detalló que la promoción del amparo también fue firmado por niños y niñas
vecinos del lugar.
“La Juez Cuarto de Distrito atendió las denuncias bajo el principio jurídico in dubio pro natura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual es aplicado cuando hay coalición de derechos entre particulares y busca que prevalezca el Derecho de la Naturaleza y un ambiente sano para la población”, señaló.
Max Correa explicó que también el abogado promovente del
amparo tuvo como argumento la reforma constitucional que se hizo en el Estado
de México, el pasado mes de mayo, para que la naturaleza sea sujeta de derechos,
al igual que la biodiversidad que se alberga en el ecosistema de la Presa
Madín, donde habitan especies endémicas.
Recordó que no solo existe esa ley para defender el
medioambiente, “también tenemos el compromiso de campaña de la gobernadora
Delfina Gómez Álvarez que reconoce en su plataforma política a la Naturaleza
como sujeto de Derechos”.
En este sentido, el legislador de Morena dijo estar
convencido de que la sociedad seguirá haciendo, cada vez y mejor, el uso del
Derecho en defensa del medio ambiente, “porque con estos principios que la SCJN
utiliza para dirimir juicios, marca un precedente que el Estado Mexicano está
obligado aplicar, como el Acuerdo de Escazú y la Reforma para los Derechos de
la Naturaleza”.
El legislador reconoció el interés y la organización de los
ciudadanos de Naucalpan y Atizapán para promover el amparo destinado a proteger
la naturaleza y sus derechos a vivir en un ambiente sano, y confió en que
prevalezca la exigencia social para impedir que la mafia inmobiliaria mueva sus
influencias para concluir la construcción de las torres de departamentos.
En ese sentido, afirmó que la autorización de dicha obra
carece de legitimidad, porque aunque la alcaldesa de Naucalpan Angélica Moya
fue promovente de la no construcción en El Cerrito y de ningún proyecto
inmobiliario tiempo atrás, aparece una autorización de su actual gobierno
municipal a la inmobiliaria, además de que en los últimos meses del sexenio del
exgobernador Alfredo del Mazo se hicieron atrocidades autorizando desarrollos
inmobiliarios y cambio de uso de suelo.
Finalmente, el activista social por los Derechos de la
Naturaleza hizo un llamado a la
gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez para brindar protección a los
promoventes del amparo, “porque en México se criminaliza a los defensores de la
naturaleza o se les violenta privándolos de la vida”. ©
Ra
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